Durante los últimos meses, los autores de openGlobalRights han discutido los pros y los contras de la movilización de élite o de masas a favor de los derechos humanos. Algunos sostienen que las élites dirigen el movimiento de derechos humanos, y piensan que eso está bien.

Durante los últimos meses, los autores de openGlobalRights han discutido los pros y los contras de la movilización de élite o de masas a favor de los derechos humanos. Algunos sostienen que las élites dirigen el movimiento de derechos humanos, y piensan que eso está bien. Otros afirman que el movimiento no cuenta con suficientes bases populares y les preocupa que la ciudadanía en general no tenga información adecuada sobre el lenguaje, los activistas y las organizaciones de derechos humanos.

Con base en mi propia experiencia como investigadora y activista en México y Colombia, yo apoyo la idea de una tercera opción “multidireccional”. En el mundo real, los movimientos de derechos humanos no están “dirigidos por las élites” ni “basados en las masas”; más bien, son una combinación de ambas opciones. Se componen de redes complejas de ONGs globales que colaboran con (y a veces se oponen a) las ONGs locales y los movimientos populares de víctimas y de ciudadanos

Estas redes reales de derechos humanos superan las barreras geográficas y de clase, y hacen que grupos e individuos diversos trabajen juntos para perseguir metas comunes. Los movimientos de Colombia y México que estudio empezaron respondiendo a las preocupaciones urgentes de personas reales que enfrentaban un peligro inminente.

En ocasiones, estos movimientos utilizan el lenguaje abstracto de los “derechos”, pero la mayoría de las veces no lo hacen. Sin embargo, esto importa poco. En cambio, lo importante es que estos movimientos abordan efectivamente los problemas reales, que enfrentan las personas reales, con todas las herramientas no violentas que tienen a su disposición.

Consideremos el siguiente ejemplo. En 2008, 17 madres de jóvenes desaparecidos formaron una agrupación a la que llamaron Las Madres de Soacha, una ciudad pobre justo al sur de Bogotá, Colombia. Más adelante sumaron esfuerzos con varias ONGs locales e internacionales, entre las que se encontraban varias fundaciones y organizaciones de abogados de derechos humanos, el Movimiento de Víctimas de Colombia (MOVICE), las Madres de la Plaza de Mayo de Argentina y Amnistía Internacional. Con el tiempo, esta red presentó evidencia irrefutable ante la prensa, el sistema legal y los ciudadanos de Colombia de que el ejército colombiano secuestró a hombres jóvenes de los barrios pobres de Bogotá, los disfrazó de guerrilleros y los asesinó.

Al parecer, los soldados colombianos hicieron lo anterior para poder contar a estos jóvenes como “bajas en combate” y ser recompensados por sus superiores. Esto se conoció como el escándalo de los “falsos positivos” en Colombia y generó indignación popular en todo el país. Con el tiempo, tuvo importantes ramificaciones políticas y legales: el jefe del ejército, 11 coroneles y otros 16 militares se vieron obligados a renunciar; se abrieron investigaciones sobre más de 3,500 casos de ejecuciones extrajudiciales, más del 80 por ciento de las cuales pudieran ser casos de “falsos positivos”, y aunque la mayoría de los casos de las Madres siguen pendientes, 14 soldados ya recibieron condenas de entre 35 y 52 años en prisión.

De cualquier forma en que se mire, el escándalo de los "falsos positivos" fomentó la concientización sobre, y el respeto a, los derechos humanos en Colombia. La opinión popular finalmente obligó al gobierno de Colombia a despedir a los dirigentes militares, y el público general supo los detalles sobre una práctica gubernamental abusiva. Las personas y las agrupaciones de derechos humanos que participaron en este esfuerzo, además, obtuvieron una legitimidad popular sustancial.

¿Habría notado estos acontecimientos la Encuesta de percepción de los derechos humanos sobre la que se ha discutido en openGlobalRights? Después de todo, esa encuesta le preguntó a la gente común en Colombia y en otros lugares con qué frecuencia escuchaban las palabras “derechos humanos” y si alguna vez habían tenido contacto con activistas u organizaciones de derechos humanos.

Como resultado del escándalo de los “falsos positivos”, en efecto, es probable que más colombianos hayan estado expuestos al término “derechos humanos”. Sin embargo, muy pocos habrían conocido a un activista o una organización de derechos humanos. Pero eso importa poco. Lo importante es que una red de ONGs internacionales y colombianas, impulsada por el dolor y la indignación de las madres de las víctimas, trabajó con múltiples actores, a través de múltiples mecanismos, para difundir su mensaje sobre la responsabilidad jurídica y política del Estado.

Aún así, las preguntas básicas de la Encuesta de percepción de los derechos humanos son importantes: ¿deberían gozar del apoyo popular los términos, los activistas y las agrupaciones de derechos humanos? Y, en caso afirmativo, ¿por qué?

Mi investigación sugiere que las acciones ciudadanas organizadas, que incluyen protestas, campañas en los medios, reuniones con investigadores estatales, litigios y defensa, son vitales. Estas acciones importan porque ayudan a activar y a volver relevantes aquellos derechos humanos básicos que el Estado preferiría ignorar. Lo importante es que estas acciones no son “de masas” ni “dirigidas por las élites”. En cambio, las realiza una red diversa de ONGs, movimientos y ciudadanos, lo cual desafía efectivamente la distinción entre de masas y de élites.

Ciertamente, los expertos jurídicos con frecuencia hacen uso de reformas institucionales diseñadas por las élites para enjuiciar a los violadores de derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de las veces estas reformas se aplicaron debido a la indignación popular a causa de escándalos o violaciones graves de derechos humanos. Sin este apoyo ciudadano, las reformas nunca se habrían realizado. 

Quizás es aún más importante la necesidad de que estas leyes, independientemente de sus buenas intenciones, sean activadas y reactivadas por las redes de derechos humanos. Por su cuenta y sin presiones desde arriba, abajo y los costados, pocos Estados se tomarían la molestia de poner en práctica sus leyes vanguardistas.

Tomemos en cuenta el caso del estado mexicano de Chihuahua, el cual, en 2007 y 2008, se convirtió en el primer estado mexicano en implementar una serie de importantes reformas judiciales. Estas reformas, elogiadas por las organizaciones de derechos humanos de élite y los donadores estadounidenses, comenzaron el proceso de transformar el sistema jurídico estatal de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Los reformadores pensaban que lo anterior ayudaría a responsabilizar a los fiscales, jueces y abogados del estado ante la población general y generaría mejoras en el estado de derecho y los derechos humanos.

Cinco años después, las contrarreformas del estado han anulado la mayoría de los cambios positivos. Chihuahua sigue siendo un estado terriblemente violento, y la impunidad sigue siendo la norma. En los pocos casos legales que han sido procesados con éxito, las agrupaciones locales de derechos humanos, en estrecha colaboración con las ONGs internacionales y con aliados de las Naciones Unidas, han desempeñado un papel central al participar en los juicios y las investigaciones criminales. 

Las reformas y organizaciones dirigidas por las élites presentan otros problemas. Las ONGs integradas por las élites jurídicas tienden a tener misiones, planes estratégicos y “entregables” claramente definidos, para poder satisfacer a los donantes. Con demasiada frecuencia, sin embargo, este tipo de profesionalismo impide que dichas agrupaciones puedan responder a situaciones urgentes de derechos humanos que excedan su mandato.

Consideremos de nuevo a México, donde la violencia relacionada con los crímenes y el narcotráfico causó más de 70,000 asesinatos  y más de 25,000 desaparecidos entre 2006 y 2012. Algunas de las personas culpables de esos asesinatos y desapariciones están vinculadas al Estado mexicano; otras no. Sin embargo, hay poca información clara, y reina la confusión.

Debido a esta falta de claridad, la mayoría de las agrupaciones mexicanas de derechos humanos establecidas han hecho poco para enfrentar esta crisis. Estas agrupaciones fueron creadas para protestar contra los crímenes cometidos por el Estado, pero ahora que no está clara la identidad de muchos de los violadores, se ven incapaces de responder. No movilizan grandes cantidades de ciudadanos ni abordan casos “problemáticos” de asesinatos y desapariciones en los que el Estado no es claramente responsable y en los que ganar es difícil, si no es que imposible. 

Y sin embargo, estas ONGs dirigidas por las élites ocupan una gran parte del espacio político, reciben la mayoría de los fondos internacionales disponibles y definen la agenda de derechos humanos en México. Para promover los derechos humanos, la sociedad civil debe presionar a los funcionarios públicos para que respeten y hagan cumplir sus leyes. Hoy en día, redes de actores diversas, complejas y que involucran distintas clases sociales están realizando esta importante labor y fortalecen así el estado de derecho a través de mecanismos y discursos múltiples.

A veces, estas redes usan las palabras “derechos humanos”, y a veces, se definen a sí mismas como “trabajadores de derechos humanos”. Sin embargo, la mayoría de las veces usan otras palabras, como es natural. Lo importante es que aprovechan la opinión pública y ejercen una presión eficaz donde importa.

Debemos reconocer a todos los actores de la red y verlos como participantes en igualdad de condiciones en la lucha por los derechos humanos.