La transición democrática que los nicaragüenses iniciamos en 1990 y el proceso de pacificación que le acompañó se apoyaron en un cimiento esencial: las elecciones realizadas en febrero de ese año. Fue el respeto a la voluntad popular expresada libremente en las urnas lo que posibilitó, por primera vez en nuestra historia, abrir un período de libertades, leyes y derechos. Estas nuevas realidades favorecieron el entorno para la superación del caos económico y para restablecer la economía del país.

Desde entonces se realizaron tres elecciones consecutivas cumpliendo estándares internacionales básicos, se configuró un incipiente marco institucional y se impulsó el crecimiento económico. Aun cuando debe anotarse la persistencia de las desigualdades sociales y falta de oportunidades para la mayoría de la población, un lacerante déficit que toda alternativa de cambio debe empeñarse en resolver.

La estructura democrática que trabajosamente se estaba construyendo comenzó a corromperse por el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega y, a partir del 2007, a ser desmontada con el deliberado propósito de imponer un nuevo régimen caracterizado por la concentración de poder, demolición de la Constitución y el Estado de Derecho, manipulación arbitraria de los Poderes del Estado, corrupción, exclusión política, fraudes electorales, impunidad, irrespeto a los derechos humanos y afán de perpetuarse en el poder. En fin, la condensación de todos los vicios padecidos a lo largo de nuestra historia. Vicios que se encuentran en la raíz de las confrontaciones del pasado, y del atraso económico y social del presente.

Las elecciones previstas para noviembre del 2016 nos colocan ante una encrucijada decisiva para nuestro porvenir. Por un lado está la ruta que nos permitiría transitar hacia la convivencia pacífica y la democracia. Es la ruta de elecciones honestas, incluyentes y con observación internacional. Por otro lado, se nos ofrece la vieja ruta que conduce al precipicio. Es la ruta del circo electoral y de la burla a la voluntad ciudadana.

¿Qué tenemos hasta hoy?

Daniel Ortega, utilizando a sus representantes en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo Supremo Electoral impuso las siguientes medidas:

-       Una convocatoria tardía y un calendario electoral que deja fuera importantes aspectos de un proceso electoral normal.

-       Rechazo a la observación electoral independiente.

-       Exclusión de las principales fuerzas políticas de oposición, a través del despojo de la representación legal a sus legítimos representantes.

-       Apropiación por parte del grupo político gobernante de toda la estructura electoral, que incluye los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales.

-       Un proceso de cedulación administrado arbitrariamente por el grupo gobernante y un padrón electoral anómalo.

Lo más grave es que por primera vez en más de 25 años se pretende realizar elecciones excluyendo, mediante artimañas, a las principales fuerzas políticas de oposición.

En adición, el régimen está creando artificiosamente roces internacionales con el ánimo de distraer la atención y configurar escenarios de conflicto que faciliten la materialización de sus objetivos, sin reparar en las graves consecuencias que tales acciones pueden generar para empresarios, exportadores, trabajadores y, en general, para la economía nacional y la economía de los hogares.

Solamente la convivencia democrática asegura el respeto al Estado de Derecho,  indispensable para garantizar la propiedad privada y las reglas del juego económico competitivo. Solamente la convivencia democrática propicia las condiciones necesarias para atraer inversiones, e impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo y el alivio de la pobreza. Solamente la convivencia democrática favorece la cooperación internacional necesaria para apoyar nuestros esfuerzos de desarrollo económico y social. Solamente la convivencia democrática abre espacios para que la población disponga de instrumentos para promover la justicia y la igualdad de oportunidades.

Pero, sin elecciones honestas no es posible la convivencia democrática.

Como ciudadanos comprometidos con la democracia, la paz, la justicia y el bienestar de los nicaragüenses, nos pronunciamos nuevamente, como Grupo de los 27, para: 

-       Repudiar la farsa electoral que pretende imponer el grupo gobernante. De concretarse la farsa, sus resultados deberán considerarse nulos.

-       Instar a las fuerzas políticas, económicas y sociales comprometidas con la democracia a juntar esfuerzos en un amplio marco de concertación para forzar a Daniel Ortega a la creación de las condiciones necesarias para garantizar unas elecciones verdaderamente libres, honestas, incluyentes y con observación independiente, nacional e internacional.

-       Instar a la comunidad internacional a honrar su compromiso con la democracia y la paz en Nicaragua asumiendo un papel más activo, y a no comprometer su buena fe prestándose a maniobras del régimen orientadas a dotar de legitimidad a la farsa electoral.

-       Llamar a los nicaragüenses a defender su derecho a elegir y ser electos, por todos los medios pacíficos a su alcance. Un derecho que es, al mismo tiempo, la defensa de sus legítimas aspiraciones a vivir en paz, con libertad y oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.