Comisaría de policía nacional de Nicaragua en Matagalpa. Wikimedia Commons.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua otorgaron recientemente asilo político al controvertido empresario y operador político guatemalteco Gustavo Herrera Castillo, según informaba La Prensa el 22 de agosto.

El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigando a Herrera por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción en el seno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también acusó a Herrera de mantener vínculos con grupos de narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014.

Según La Prensa, Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temer por su vida y su seguridad.

Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG habían emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua mencionó los derechos humanos como razón principal para otorgar el asilo a Herrera.

El asilo político de Herrera se produce en medio del ahondamiento de la crisis social y política en Nicaragua, que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de personas más detenidas de manera arbitraria o desaparecidas, según informa el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Pero Herrera es solo el último fugitivo latinoamericano que desata controversia al buscar asilo político en Nicaragua u obtenerlo.

La policía y grupos paramilitares apoyados por el gobierno han sido los principales actores de la violencia.

Pero Herrera es solo el último fugitivo latinoamericano que desata controversia al buscar asilo político en Nicaragua u obtenerlo.

Se trata de una tendencia creciente que puede tener un impacto importante en los esfuerzos colectivos de la región por combatir el crimen y la corrupción.

El expresidente de El Salvador caído en desgracia Mauricio Funes (2009-2014) se esconde actualmente en Nicaragua tras habérsele otorgado asilo político en septiembre de 2016, lo que le ayudó a evitar una condena por enriquecimiento ilícito durante su periodo como presidente.

Manuel Baldizón, operador político guatemalteco que enfrenta cargos por soborno en relación con el caso Odebrecht, acudió a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018.

El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, sospechoso de mantener vínculos con el crimen organizado desde hace años, y su familia adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015.

Mientras que Baldizón y Sarmiento nunca recibieron asilo oficialmente, es probable que hayan podido disfrutar de refugio temporal en Nicaragua gracias a sus conexiones con el presidente Daniel Ortega y la élite nicaragüense.

Pese a que Nicaragua firmó en 1987 un tratado de extradición con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, el experto en seguridad nacional de Nicaragua Roberto Orozco opina que no hay “posibilidad” alguna de que se extradite a fugitivos asilados en Nicaragua: “El gobierno de Nicaragua ha concedido asilo a estas personas porque son aliados del gobierno de Ortega. El asilo les brinda protección y les garantiza seguridad e impunidad en América Central”.

El gobierno de El Salvador ha solicitado infructuosamente al gobierno del presidente Daniel Ortega que extradite a Funes a su país de origen para que haga frente a los cargos que pesan sobre él.

El gobierno de El Salvador ha solicitado infructuosamente al gobierno del presidente Daniel Ortega que extradite a Funes a su país de origen para que haga frente a los cargos que pesan sobre él.

Tras ganar Funes las elecciones presidenciales de 2009 con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) - partido político formado por grupos guerrilleros de izquierda después de la guerra civil del país - Funes “mantuvo  excelentes relaciones políticas e ideológicas” con el también ex guerrillero Ortega.

Sarmiento ha sido también, desde hace años, un aliado de Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Se cree que ofreció su casa como refugio, además de brindar apoyo logístico y financiero a los guerrilleros sandinistas en la década de 1970, durante la guerra civil nicaragüense.

Por su parte, Baldizón se ha codeado con la élite empresarial de Nicaragua, antigua aliada de Ortega, con motivo de la construcción de un hotel y otros proyectos.

"Existen contratos y acuerdos entre este tipo de personas y las autoridades nicaragüenses que facilitan su llegada y permanencia en el país", afirma la experta en seguridad nacional de Nicaragua, Elvira Cuadra.

Ortega parece disponer de unas leyes para los que decide proteger y otras para los cientos de nicaragüenses que huyen del país a diario y solicitan asilo en la vecina Costa Rica.

En una alocución reciente, Ortega exigió a los representantes del gobierno de ese país que entregaran una lista de los solicitantes de asilo de modo que él pueda señalar a los que han cometido “actos terroristas” – según los define una ley antiterrorista que muchos temen que sea empleada para criminalizar a la oposición – y puedan enfrentar los debidos “procesos judiciales” en Nicaragua, según informa El País.

Cabe señalar, sin embargo, que Nicaragua ha cooperado en el pasado con otras solicitudes de extradición.

Por ejemplo, conforme a un tratado de extradición firmado con Estados Unidos, las autoridades nicaragüenses arrestaron y entregaron a las estadounidenses una persona que figuraba en la lista de los 10 más buscados por el FBI en 2013.

La buena disposición de Ortega a conceder asilo o protección temporal a algunos de los fugitivos de la región podría ser también una maniobra de poder del controvertido presidente contra iniciativas anticorrupción más amplias en la región del Triángulo Norte de Centroamérica.

La buena disposición de Ortega a conceder asilo o protección temporal a algunos de los fugitivos de la región podría ser también una maniobra de poder del controvertido presidente contra iniciativas anticorrupción más amplias en la región del Triángulo Norte de Centroamérica en medio de la creciente presión nacional e internacional provocada por el agravamiento de la crisis en Nicaragua.

Según el periodista nicaragüense Wilfredo Miranda Aburto, “El hecho de que Ortega acoja a estos tipos obedece más a una bravuconada  política de Ortega dando aviso a la comunidad internacional de que él no está dispuesto a permitir la instalación de entidades internacionales como la CICIG o su homóloga en Honduras para indagar la corrupción en Nicaragua, que es muy densa”.

A Ortega ha sido acusado en el pasado de lavado de ganancias ilícitas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de otras formas de corrupción financiera, que lo pondrían sin duda en la mira de los investigadores anticorrupción.

La CICIG de Guatemala contribuyó a que se encarcelara a un ex presidente y a su vicepresidenta. Una entidad similar respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha asestado también varios golpes impoprtantes a las élites de ese país.

Al aceptar a los fugitivos, añade Miranda Aburto, Ortega refuerza su mensaje a la comunidad internacional de que “no acatará tratados o acuerdos anticorrupción internacionales”.

Los éxitos de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica “desataron una contraofensiva de las élites” en 2017, y la disposición de Ortega a otorgar asilo político a fugitivos de la región podría llegar a afectar a las campañas anticorrupción en el futuro en la medida en que los que tienen procesos abiertos logren encontrar refugio en un país cercano.

Este artículo fue publicado previamente por InsightCrime y se puede leer aquí.