El informe de Global Witness de este año, que se titula “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensores de la tierra y del medio ambiente”, advierte de un mundo donde ser activista medioambiental es cada vez más peligroso.

Uno de los fenómenos preocupantes que destacó el nuevo informe es la creciente criminalización de defensores y activistas por gobiernos en todo el mundo como una forma de justificar ataques en su contra. Los activistas indígenas y las organizaciones que trabajan para protegerlos han sido los más vulnerables a ataques de los sistemas judiciales de los países. El escenario solo empeora con el auge de gobiernos populistas autoritarios que reprimen abiertamente la protesta y atentan en contra de los derechos humanos.

Según el informe del 30 de julio, en 2018 un promedio de más de tres activistas y defensores del medio ambiente fueron asesinados cada semana. Los asesinatos y la destrucción de tierras quedan en la impunidad, mientras los activistas son calificados como criminales.

Por eso, te presentamos todo lo que tienes que saber del último informe sobre el activismo medioambiental y sus riesgos en América Latina y más allá.

Un escenario preocupante en América Latina

Otra vez, América Latina sale como la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente del mundo: 5 de los 10 países más peligrosos se encuentran en Latinoamérica y la mitad de todos los asesinatos durante 2018 ocurrieron en la región.

Colombia ocupa el segundo lugar con un total de 24 asesinatos, seguido por Brasil, Guatemala, México y Honduras. Brasil cae del primer lugar el año pasado al cuarto lugar con 20 asesinatos; en Guatemala se reportaron 16, en México 14 y en Honduras 4.

La gran mayoría de los asesinatos están relacionados a la minería e industrias extractivas y a la agroindustria y la construcción de represas - fenómenos cada vez más comunes en América Latina. En Colombia, reportan que la ocupación de tierras por paramilitares y bandas criminales - que anteriormente fueron controladas por las FARC - representa una amenaza grave a defensores del medio ambiente, llevando a Colombia a ser el país más peligroso de la región para activistas.

El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también representa una amenaza grave a los defensores medioambientales debido a su política de explotación de reservas indígenas con proyectos de minería, agricultura e infraestructura. Ya se han efectuado varias invasiones de tierras indígenas por parte de los involucrados en proyectos con apoyo gubernamental y una invasión la semana pasada resultó en el asesinato de líder indígena comunitario de 68 años, Emyra Wajãpi.

En Guatemala, los asesinatos se quintuplicaron desde el año anterior y se destacan asesinatos relacionados con el proyecto hidroeléctrico San Mateo Ixtatán, que ha sido vinculado con una de las familias más ricas y poderosas del país. Las acciones del presidente Jimmy Morales para impedir el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también han abierto el camino para que el accionar de las élites militares y económicas en contra de activistas queden en la impunidad.

Sólo se reportan buenas noticias de Honduras, donde gracias a la atención sostenida de medios internacionales sobre la situación tras el asesinato del activista Berta Cáceres en 2016, declararon culpables a siete hombres y encontraron que los altos ejecutivos de la empresa DESA, responsable de construir la represa contra la cual luchaba Berta, ordenaron su asesinato.

La criminalización de los activistas medioambientales

El informe encontró que varios son los gobiernos que han manipulado sus sistemas judiciales para atacar a los defensores medioambientales con causas penales y así impedir que ellos desafíen los intereses de grandes multinacionales y empresas.

La meta es dificultar el acto de protesta en contra de los que explotan el medio ambiente, con la amenaza de recibir duras penas criminales y castigos del estado.

Las cinco etapas de la criminalización de activistas se definen como: 1) campañas de desprestigio contra el activista; 2) imputación de cargos criminales, que muchas veces son vagos como: “perturbación del orden público”; 3) emisión de órdenes de captura en contra de los activistas; 4) desarrollo de un proceso judicial con irregularidades, que incluye muchas veces la prisión preventiva; y finalmente, 5) normalización de la criminalización masiva de individuos, grupos y organizaciones.

Esta estrategia incluso incluye el nombramiento de algunos activistas como terroristas, abusando del discurso de “la seguridad nacional” para intimidar a activistas a que abandonen sus actividades.

Nicaragua es uno de los países que ha tomado acciones durante el año pasado para criminalizar a los defensores ambientales de su país, según el reporte. El gobierno aprobó una ley en julio de 2018 que amplió las definiciones de terrorismo y que luego fue utilizada en contra de activistas del medio ambiente y estudiantes.

El informe de Global Witness de este año pinta un escenario bastante preocupante para defensores de la tierra en América Latina. Aunque Brasil pasó de ser el país que más mata a defensores al cuarto, la situación allí tiene todos los indicios de volver a agravarse: la política agresiva del nuevo presidente favorece evicciones de indígenas de sus tierras para beneficiar el extractivismo. Guatemala también nos enseña una situación extremadamente difícil. En Colombia, la matanza de líderes sociales ha tenido su impacto en defensores ambientales y ahora es el país más peligroso de toda la región.