El informe de Global Witness de este año, que se titula “¿Enemigos del estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensores de la tierra y del medio ambiente”, advierte de un mundo donde ser activista medioambiental es cada vez más peligroso.
Uno de los fenómenos preocupantes que destacó el nuevo informe es la creciente criminalización de defensores y activistas por gobiernos en todo el mundo como una forma de justificar ataques en su contra. Los activistas indígenas y las organizaciones que trabajan para protegerlos han sido los más vulnerables a ataques de los sistemas judiciales de los países. El escenario solo empeora con el auge de gobiernos populistas autoritarios que reprimen abiertamente la protesta y atentan en contra de los derechos humanos.
Según el informe del 30 de julio, en 2018 un promedio de más de tres activistas y defensores del medio ambiente fueron asesinados cada semana. Los asesinatos y la destrucción de tierras quedan en la impunidad, mientras los activistas son calificados como criminales.
