En una acción que tomó a muchos observadores y a los propios afectados por sorpresa, el pasado 9 de febrero de 2023 el régimen presidido por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo excarceló a 222 presos políticos. Los opositores fueron sacados de sus celdas y embarcados en autobuses que los llevaron a abordar un vuelo con destino a Washington DC, en los Estados Unidos.
El gesto parece haber sido una respuesta a la presión internacional cuya intensidad ha ido en aumento ante el endurecimiento del régimen de los Ortega-Murillo. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó que el acuerdo para que llegaran al país del norte abre una puerta al diálogo mientras que el Departamento de Estado se movilizó para facilitarles una estancia legal en el país.
Técnicamente, la realidad es que no fueron liberados sino deportados, es decir, desterrados. Cada uno fue despojado de su nacionalidad mediante un documento legal, así como de todos sus derechos civiles, incluidas sus propiedades en el país centroamericano. Además de serles expropiados sus bienes, quedaron inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos en Nicaragua. Ante la posibilidad de que los deportados se conviertan en apátridas, España les ha ofrecido la nacionalidad, y algunos de ellos ya la han aceptado.
