Un estudio llamado "Covid-19 y opacidad: la fórmula de muerte en Nicaragua". Publicado el pasado 4 de diciembre por El Observatorio pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua en el que se hace una denuncia al gobierno Ortega por ocultar entre 6.000 y 9.000 muertes por covid-19 entre marzo de 2020 y noviembre de 2021.

El informe fue hecho público en una teleconferencia de prensa en la que sus autores, que prefieren mantenerse anónimos debido a la peligrosa situación de seguridad de Nicaragua, afirmaron que, tras contrastar los datos divulgados por el gobierno del presidente Daniel Ortega con estudios de mortalidad del Comité Científico Multidisciplinario del Observatorio Ciudadano Covid-19, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, del medio digital Confidencial, y estadísticas oficiales de países vecinos, las cifras del gobierno no cuadran y queda en evidencia que hubo casos de Covid-19 que fueron registrados como otras patologías.

A lo largo de los casi dos años de pandemia, 2020 y 2021, el gremio médico nicaragüense ha estado bajo la lupa por críticas al régimen y por lo menos 16 doctores han sido despedidos de hospitales públicos sin ninguna explicación tras pedir equipos de bioseguridad y recomendar medidas más fuertes de prevención nacional frente a la pandemia de la Covid-19.

Por su lado, el Parlamento, que está controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica de 24 ONG médicas después de que Rosario Murillo, la vicepresidenta del gobierno, acusara a estas organizaciones de albergar médicos falsos con pronósticos falsos.

El estudio compara los datos del Ministerio de Salud (Minsa) de Nicaragua, que reportó 211 muertos por Covid-19 y 17.550 contagios, con los del propio el Observatorio Ciudadano reportó 5.945 muertos y 31.222 casos de contagio, 1,77 veces más muertes y más de 5,25 veces más de contagios que lo que reportó el gobierno, para el periodo 13/03/2020 al 24/11/2021.

Si las cifras del gobierno fueran las cifras reales, eso querría decir que, desde octubre de 2020 a la fecha, habrían muerto solo un ciudadano por cada 10.000 por semana por Covid-19 en Nicaragua, situación improbable si contratamos con las cifras mundiales y regionales.

"Resulta increíble que mientras en el resto de países de Centroamérica mueren cada semana entre 6 y 11 personas por cada 10.000 habitantes, en Nicaragua solo muera una persona" afirmaron los autores del estudio.

Pruebas inaccesibles y vacunación lenta

Un problema al que se ha enfrentado la población nicaragüense en los años de pandemia es la dificultad para acceder a una prueba PCR. En el país centroamericano las PCR son de manejo exclusivo del Minsa, y solo están disponibles a 150 dólares para personas que viajen fuera del país, personal médico y pacientes graves. Asimismo, el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, en el Ministerio de Salud, es el único lugar autorizado por el gobierno para hacer pruebas de Covid-19, por lo que los nicaragüenses que quieren hacerse una prueba deben someterse a aglomeraciones, largas filas y cero distanciamiento físico en la sede del Minsa, donde Ortega centralizó los exámenes.

En los últimos meses, el Minsa ha visto sobrepasada su capacidad de atención ante la gran cantidad de personas que llegan pidiendo una prueba, que ahora es requisito para poder viajar a casi todos los países del mundo.

En Nicaragua, además, viven 6.496.000 de personas de las cuales 2,32 millones se han vacunado. Esto representa un 35,1 por ciento de la población total del país lo que muestra que todavía existe un jarabe déficit de población vacunada. Esta situación no sería tan grave si las cifras que ha venido publicando el gobierno ortega fueran reales, opuesto que según estas cifras es el país con menos contagios en Centroamérica. Sin embargo, la nueva publicación del Observatorio Ciudadano pone en entredicho esta realidad y deja una duda angustiante sobre la realidad de la pandemia en el país.

Lo cierto es que más de 100.000 nicaragüenses buscaron en Honduras lo que Nicaragua no pudo darles: una vacuna contra la Covid-19. Algunos porque no alcanzaron las dosis en las limitadas jornadas de vacunación que se realizaron hasta este diciembre, y otros porque buscaban una vacuna compatible con los "pasaportes Covid".

En busca de estas vacunas 103.611 de nacionales viajaron desde varias partes del país hacia la frontera con Honduras, donde el Gobierno de este país habilitó puestos de vacunación ante el incremento de nicaragüenses que comenzaron a cruzar en busca de vacunas desde septiembre de 2021, cuando en Nicaragua se vivió la ola de Covid-19 más agresiva.

Hasta mediados de octubre, las vacunas disponibles en Nicaragua eran limitadas: el gobierno compró 3,6 millones de dosis de Sputnik Light, que solo requieren una dosis. Sin embargo, miles de nicaragüenses no quisieron ponerse esta vacuna porque no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Asimismo, se anunció la llegada de siete millones de dosis de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, que tampoco están aprobadas porque siguen en fase de estudio en la población pediátrica. Sobre estas vacunas, que se están aplicando a los niños mayores de dos años y a los adolescentes, los padres tienen poca información. Así, la vacunación en Nicaragua se ha hecho con igual opacidad que el conteo de muertos, contagios y las pruebas.

Muestra clara de esto fue que el gobierno Ortega no cumplió con una de las recomendaciones clave de la OMS que fue vacunar al personal médico durante los primeros cien días del 2021. Se inició la inmunización a una parte del personal médico hasta mayo y no se incluyó a los doctores de consultorios privados, que durante las olas de Covid-19 han apoyado en la atención médica ambulatoria. Asimismo, hubo denuncias en medios de comunicación de personal de primera línea de hospitales públicos que no fue incluido entre el grupo priorizado a pesar del riesgo que supone su trabajo en la primera línea de la infección. Como consecuencia, durante la segunda ola de la pandemia, que se dio entre julio y septiembre de este año, el Obsevratorio Ciudadano identificó 252 contagios en el gremio médico en Nicaragua.

Solo en septiembre de 2021 se retomó el envío de vacunas al país provenientes de países aliados al mecanismo Covax.

La vacunación en Nicaragua también fue politizada. En los puestos se colocó propaganda del partido gobernante y esta práctica se agudizó en las semanas previas a las elecciones del 7 de noviembre, en las que se reeligió Daniel Ortega. Y si bien no se les negó las vacunas a opositores, estos fueron víctimas acoso en redes sociales por acudir a vacunarse.

Asimismo, el personal médico y la población fue expuesta al contagio durante las jornadas de vacunación porque, entre marzo y septiembre, éstas estaban centralizadas en los hospitales, lo cual provocó filas enormes, personas aguardando lugar desde el día previo, bajo lluvia y sin distanciamiento. No fue hasta finales de octubre que las autoridades ampliaron las jornadas a los puestos y centros de salud y, finalmente, en noviembre desplegaron brigadas de vacunación casa a casa.

Presupuesto contra la Covid-19 sin ejecutar

Otro gran problema que revela el estudio es que el régimen Ortega no ha ejecutado el presupuesto anti-Covid.

El gobierno de Nicaragua realizó cuatro préstamos para combatir la epidemia, según medios oficialistas. Los préstamos fueron hechos por el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, el Banco Mundial, BM y el Banco de Integración Económica, BID.

La financiación fue así: el BCIE concedió cuatro créditos por el orden de 252,7 millones de córdobas (7,22 millones de dólares), el FMI 2. 642 millones de córdobas ($75,5 millones) en un programa sanitario y el Banco Mundial 197 millones de córdobas ($5,62 millones). Sin embargo, los datos de cómo se gastaron estos fondos no están detallados.

“Para acceder a estos el Gobierno tuvo que acceder a una serie de condiciones contractuales en las que se comprometió a transparentar la información sobre la covid-19: contagios, muertes, pruebas y compras. Pero esto se ha cumplido parcialmente. Se desconoce cuánto de estos préstamos ya se entregó a las autoridades y cómo se ha ejecutados”, refleja la investigación.

Nicaragua, dice el informe, también ha recibido más de 372 millones de córdobas ($ 10,62 millones) solo en donaciones realizadas por Taiwán, Austria, BCIE, BM y Unicef. Es decir, que el régimen ha acumulado más de 4.412 millones de córdobas ($126 millones) para enfrentar la pandemia de COVID-19, pero el 88% de ese dinero no se ha ejecutado y no hay informes públicos sobre la ejecución del 12%.

“Una de las pocas inversiones mencionadas por el Minsa, este año, es la mejora en la cadena de frío, con la cual ahora se pueden almacenar vacunas de ultracongelación, como la de Pfizer, pero se desconoce con qué fondos se realizó esta inversión. La opacidad también predomina en la inversión en vacunas. A pesar de hacer compras puntuales, se desconoce a cuánto asciende el contrato de vacunas con Rusia, y no hay claridad sobre el acuerdo que se hizo con Cuba para el envío de siete millones de vacunas”, indica el Observatorio.

El estudio deja claro que el problema no es solo sobre la transparencia sobre las cifras de muertes y contagios, sino frente a todo lo relacionado con la Covid.19. Ahora, con la llegada de la nueva variante Ómicron a la región, queda por ver cómo la enfrentará Daniel Ortega, recientemente reelegido con un 75% en unos comicios sin oposición, y si seguirá publicando cifras inciertas o si optará, ahora que concentra el poder absoluto, por beneficiar la salud de los nicaragüenses.