Una mujer Quecha pasa por delante de un graffiti en Ayacucho, Perú. Abril 2011. AP Photo/Rodrigo ABD /Todos los derechos reservadosLa vorágine de acontecimientos acontecidos en las últimas semanas en el Perú ha puesto en jaque la gobernabilidad del país y planteado un conjunto de temas que requieren urgente respuesta. 

En primer lugar se planteó el problema de la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Este pedido se basó en dos hechos: i) la participación de una empresa del presidente en contratos con la corrupta empresa brasilera Odebrecht mientras ejercía como ministro, y ii) haber faltado a la verdad al decir que no tuvo relación directa ni indirecta con esa empresa, lo que luego él mismo y la empresa desmintieron.

Librado de la vacancia por el cisma generado en el fujimorismo, el presidente, en cuestión de horas, dispuso la liberación de Alberto Fujimori vía indulto y derecho de gracia, lo que ha desencadenado una nueva grieta en la sociedad peruana, con protestas callejeras, duras críticas de diversos sectores y la renuncia de personas allegadas al gobierno (ministros, congresistas, asesores y funcionarios).

Producto de esta descomposición del oficialismo ha sido necesario reconstituir el gabinete incluyendo a dos miembros del opositor partido Aprista, que procedió a expulsarlos de inmediato.

En cuanto a la vacancia, la falta de definición de lo que se considera "incapacidad moral permanente", la percepción de que la alegada mentira del presidente resultaba desproporcionada para vacarlo y, sobre todo, la actitud y prontuario de quienes la promovían agresivamente, produjeron una sensación de alivio en los sectores democráticos del país cuando se supo que no prosperaba.

Ello sin embargo, no despeja todas las dudas que se ciernen sobre el presidente a raíz de lo que él calificó como "falta de prolijidad".

Cuando todo parecía conducir a una recomposición política del país, aunque con un gobierno débil, vino el manotazo navideño del indulto a Fujimori.

Un reciente reportaje televisivo ha revelado que cuando el actual presidente era ministro, su empresa cobró un millón de dólares por una consultoría en un proceso de emisión de bonos del Estado peruano y, aparentemente, el dinero fue depositado en otra empresa, propiedad de su socio chileno.

Pese a ello, la no vacancia aparecía como el mal menor frente al avasallamiento de un grupo con mayores cuestionamientos de corrupción y una ambición de poder totalitario que prometía no saciarse con la cabeza del presidente, sino que iba a por el Fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional, entre otros.

Cuando el resultado parecía conducir a una recomposición política del país, aunque con un gobierno débil, con mayor equilibrio, vino el manotazo navideño del indulto a Fujimori. Esta decisión ha deslucido el resultado de la no vacancia y agitado a la mitad del país, que considera que es una afrenta a la democracia y a la lucha contra la impunidad.

Tratándose de un condenado en un proceso inobjetable por delitos de asesinato (con calidad de lesa humanidad) y secuestro agravado (que impide cualquier beneficio ordinario), existe un único perdón legal posible, el llamado "indulto humanitario", que opera por razones médicas extremas.

En efecto, la ley peruana lo autoriza sólo cuando el condenado padece una enfermedad grave, incurable y progresiva y siempre que las condiciones de carcelería pongan en riesgo su vida.

Este tipo de indulto encuentra su razón de ser en el hecho que, por muy graves que sean los crímenes cometidos, el sistema no puede fundamentarse en la venganza y perder su humanidad atentando contra la vida del condenado (aunque éste haya despreciado la de otros), confinándolo a morir por y en la cárcel.

En ese sentido, un indulto humanitario a Fujimori, aunque repudie a muchos, es legalmente posible si se cumplen los requisitos de ley.

 El gobierno se ha negado a entregar copia del expediente del indulto a la Defensoría del Pueblo alegando que contiene información sensible que, de hacerse pública, violaría el derecho a la intimidad de Fujimori.

Pero este indulto adolece de muchos problemas, a saber:

i) la oportunidad (se presentó a los 3 días de haber ganado la no vacancia con los votos de su principal promotor, lo que evidencia un acuerdo político),

ii) la forma (precipitado, oculto, negado, precedido de otros intentos fallidos, nombrando a un nonagenario para que lo firme)

y, iii) el fondo (hay serias dudas que la condición médica sea la que exige la ley).

Evidencia que se ha torcido una opción que pudo ser legítima, para pagar un favor. Que no es relevante la lucha contra la corrupción y la impunidad. Que no importan las víctimas, a las que no se ha recibido ni reparado.

A confesión de parte, relevo de prueba: el gobierno se ha negado a entregar copia del expediente del indulto a la Defensoría del Pueblo alegando que contiene información sensible que, de hacerse pública, violaría el derecho a la intimidad de Fujimori. Sin embargo, la autoridad de acceso a la información ha declarado que no hay justificación para la negativa.

Esta decisión presidencial pone nuevamente a Perú al borde del abismo de la ingobernabilidad. 

Por su parte, la Defensoría ha emitido un informe que concluye que el indulto adolece de falta de motivación y no expresa las razones médicas que lo sustentan.

Esta decisión presidencial nos pone nuevamente al borde del abismo de la ingobernabilidad. Es posible ejercer el perdón en casos de gran corrupción, siempre que sea la excepción y no la regla y sólo para casos extraordinarios. No se puede usar un perdón excepcional para alentar la gran corrupción y su impunidad.

En estos días, Michel Temer, el corrupto presidente de Brasil, ha utilizado su potestad de indulto navideño para favorecer a varios actores de la gran corrupción que afecta a su país y a la región, lo que ha merecido el rechazo enérgico de los fiscales anticorrupción y una decisión de la Corte Suprema suspendiendo tal despropósito.

En un Estado de Derecho, el que la hace, la tiene que pagar en el contexto de un debido proceso. No se puede permitir que se hagan excepciones fuera de la ley y que aquellos a los que hemos confiado el poder, lo usen para alentar la impunidad sacándole la vuelta al sistema.

En días pasados, luego de la partida del Papa, se rumoreó que el presidente iba a renunciar. Parece que ello no ocurrirá.

Sin embargo, el gobierno ha quedado tan debilitado después de estos hechos que es muy probable que si aparece algún nuevo indicio de la relación del presidente con hechos de conflicto de intereses o corrupción, éste se vea obligado a dar un paso al costado.