Niñas Ashaninka desayunan de sopa de pescado hecha con yuca y batata en Kitamaronkani, distrito Pichkari, Perú. AP Photo/Rodrigo Abd. Todos los derechos reservados.

"Una enfermera me puso en una camilla y me ató de pies y manos", dijo Sabina Huillca. "Les pedí que trajeran a mi hijita, pero en lugar de eso me anestesiaron. Cuando desperté, el doctor me estaba cosiendo el estómago. Empecé a gritar, sabía que me habían esterilizado."

En Perú, durante el mandato de Alberto Fujimori, 272,000 mujeres y 22,004 hombres fueron esterilizados entre 1996 y 2000 como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. La mayoría de estos hombres y mujeres eran indígenas, pobres, y vivían en zonas rurales. Supuestamente, el objetivo del programa era erradicar la pobreza mediante tasas de natalidad más bajas, pero han ido apareciendo pruebas a lo largo de los años de que se trató de una coerción y una violación descarada de los derechos reproductivos.

Más de 2.000 mujeres han testimoniado que los médicos llevaron a cabo las intervenciones en contra de su voluntad. En muchos casos, las mujeres no dominaban el español lo suficiente como para entender lo que estaban consintiendo y, en algunos casos, los facultativos ni siquiera siguieron el protocolo para obtener su consentimiento con conocimiento de causa. Algunas mujeres han relatado historias en las que éstos les ofrecían dinero para que aceptaran la intervención o les intimidaban con amenazas o violencia. Algunas mujeres murieron a resultas de la intervención y otras sufren todavía hoy complicaciones graves.

El mes de julio, la fiscal Marcelita Gutiérrez decidió desistir de presentar cargos por crímenes de lesa humanidad contra el ex presidente Fujimori y varios responsables del Ministerio de Salud. Gutiérrez declaró que los casos de esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas no constituían pruebas concluyentes de que esta práctica fuese política de estado y que se trataba más bien de casos aislados.

Algunos trabajadores sanitarios cuentan una historia diferente y aseguran que las autoridades estatales les requerían cumplir con cuotas diarias. Por ejemplo, el Dr. Hernando Cevallos, dirigente de un sindicato regional de médicos, recibió la orden de esterilizar a 250 mujeres en 4 días en 1997.

Entre tanto, las víctimas y sus aliados han apelado contra la desestimación del caso y esperan que su apelación llegue a un tribunal superior, como la Corte Interamericana. Tania Pariona, diputada nacional recién elegida y activista indígena, ha dicho en referencia a la decisión de la fiscal Gutiérrez: "Creo que estamos frente a una situación de impunidad vergonzosa en el país."

La congresista Pariona ha destacado además la magnitud del programa de salud reproductiva (en términos del número de personas esterilizadas) durante este periodo, señalando que hoy, en muchas comunidades indígenas, no hay ni siquiera un ginecólogo para atender los  partos. Más de 15 años después del fin de este programa de "salud reproductiva", el estado peruano sigue no cumpliendo con las mujeres indígenas.

Afortunadamente, activistas y organizaciones continúan avanzando, lenta pero significativamente, en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y en fortalecer la capacitación de la próxima generación de defensores.

Este último año, La Red Peruana de Jóvenes Indígenas (REOJIP), organización asociada a la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres (IWHC), y Chirapaq (a través de su Centro de las Culturas de los Pueblos Indígenas del Perú) organizaron una serie de sesiones de formación y capacitación en Lima, Ayacucho y Ucayali con 75 jóvenes – hombres y mujeres - indígenas. Esta formación garantiza que los jóvenes estén informados de sus derechos y que dispongan de un espacio seguro para discutir temas relacionados con la salud sexual y reproductiva. Los talleres también ofrecen a estos jóvenes un espacio para discutir y cuestionar los estereotipos y prejuicios sobre la sexualidad, el sexo y las relaciones, afirmando y fortaleciendo a la vez su identidad indígena.

Chirapaq fue creada en 1986 en Ayacucho, Perú, por un grupo de mujeres de los Andes y la Amazonia para defender los derechos y fortalecer la identidad indígena. Hoy en día, Chirapaq investiga violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, ofrece formación en derechos humanos y trabaja para documentar y preservar la cultura local.

Tras participar en estos talleres de formación, los adolescentes y jóvenes indígenas no sólo están mejor informados de sus derechos, sino que muchos deciden formar sus propios grupos de defensa y reproducir la formación que han recibido en sus comunidades.

De hecho, Tania Pariona participó en los talleres de Chirapaq sobre identidad cultural cuando tenía 10 años y más tarde participó en las sesiones de formación de Defensa en la Práctica de la IWHC, para llegar a convertirse hoy en una de las principales voceras de los derechos indígenas en el Perú y en toda la región.

La IWHC y Chirapaq comparten la creencia que la sensibilización y la formación son los primeros pasos para criar y educar a defensores dispuestos a luchar por la salud y los derechos de las mujeres, las niñas y los jóvenes.

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