"Tenemos miedo de salir de casa. Tenemos demasiado miedo para hablar". Este único testimonio se hace eco de las voces de muchos nicaragüenses que escuchamos durante nuestra investigación como miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. Día a día, viven con la espada de Damocles de que, en cualquier momento, podrían ser percibidos como opositores al régimen de Ortega y Murillo.

Acabar con los abusos de la dictadura somocista (1936 a 1979) fue lo que llevó al poder a los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza. Ha tenido varias iteraciones como Jefe de Estado, siendo el tiempo su aliado para estrechar su control sobre todos los poderes del Estado. Desde abril de 2018, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han utilizado este control y han entrado en la espiral descendente de dirigir un Estado que lleva a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Como se detalla en nuestro reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados), la pareja presidencial está al frente de un sistema que utiliza las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y la privación arbitraria de la nacionalidad para perseguir políticamente a quienes se atreven a pensar diferente.

Han convertido en armas los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral para instalar un marco legal que reprima el ejercicio de las libertades fundamentales y persiga a los opositores. El espacio cívico y democrático ha sido efectivamente desmantelado.

En la persona de Ortega y Murillo, el Partido y el Estado son uno. La fuerte concentración de poder hace que el Estado y el Partido formen parte de una misma entelequia capaz de administrar los designios del país de manera arbitraria y al margen de cualquier tipo de legalidad vinculada al derecho internacional.

Cuando el Estado es absoluto y carece de contrapesos y salvaguardias, se anulan las garantías de la ciudadanía. Es un Estado descarnado que se convierte en un burdo instrumento de dominación, ignorando el concepto de ciudadanía. Es más, tiene características de un Estado premoderno que utiliza el "destierro" para intentar borrar a sus ciudadanos del concepto de nación. En este Estado, no hay ninguna garantía para los ciudadanos en el proceso judicial. Si el régimen así lo quiere, serás culpable. Se fomenta el desarrollo de crímenes atroces.

La ciudadanía y el individuo como sujeto se han convertido en objeto. El Estado puede dominarlos e instrumentalizarlos para cumplir el plan de la pareja presidencial de mantenerse en el poder a toda costa. Esta situación afecta a toda la ciudadanía, que en cualquier momento puede ser catalogada como opositora.

El esquema de persecución política comienza con los opositores (reales o percibidos) y se expande a los cómplices, y posteriormente a los simpatizantes. Con la misma voracidad, alcanza a sus familiares y a cualquiera percibido como indiferente o tibio a las propuestas de la dictadura.

Durante nuestra investigación, solicitada por el Consejo de Derechos Humanos, nos dimos cuenta de que los crímenes y violaciones de derechos humanos que estábamos documentando habían alcanzado un umbral diferente.

No eran incidentes aislados, sino parte de un plan concertado más amplio. Había pruebas suficientes que apuntaban a la existencia de un plan en el que los ataques contra la población civil eran generalizados o sistemáticos. Esos ataques adoptaron la forma de crímenes contra la humanidad, como asesinato, deportación, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, privación arbitraria de la nacionalidad y persecución.

También se utilizan detenciones arbitrarias de opositores para acallar las críticas al gobierno, la mayoría de las cuales se llevan a cabo sin orden de captura, en régimen de incomunicación y con altos niveles de violencia. La existencia de ejecuciones extrajudiciales forma parte de un patrón de conducta llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actúan de forma conjunta. La tortura, incluida la violencia sexual, se convierte en herramienta de control de la población.

La fuerza del Estado se ha empleado a fondo y no cesa, ni siquiera cuando las personas concebidas como opositoras se encuentran fuera del país. Recientemente, las autoridades nicaragüenses privaron de su nacionalidad a 222 personas y las expulsaron del país, acusándolas de ser "traidoras a la patria." Estas 222 personas llegaron a Estados Unidos.

Posteriormente, otras 94 personas también han sido declaradas "traidoras a la patria", y se les ha retirado la nacionalidad, además de ordenar la congelación de sus propiedades con vistas a su posterior confiscación.

Todas las voces deben ser silenciadas para ser eficaces en su afán de control total. La persecución política, se ha convertido en una de las señas de identidad de los Estados nicaragüenses. Miles de defensores de los derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, figuras religiosas y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se han visto obligados a abandonar el país. En la actualidad, prácticamente todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos operan desde el exilio.

Todo esto lleva a preguntarse qué se puede hacer ahora que una investigación internacional independiente arroja luz sobre los atroces crímenes cometidos en Nicaragua.

La comunidad internacional tiene un papel importante. Siguiendo su legislación nacional, los países pueden iniciar acciones legales contra los individuos responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos documentados. Pueden ampliar las sanciones a instituciones e individuos implicados en esas violaciones y crímenes de derecho internacional. Y las instituciones financieras internacionales, otros Estados o entidades privadas pueden establecer salvaguardias de derechos humanos cuando negocien proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua.

Nicaragua es un recordatorio de la fragilidad de las lecciones aprendidas tras los gobiernos totalitarios y del alto precio que tienen que pagar sus ciudadanos.