"Tenemos miedo de salir de casa. Tenemos demasiado miedo para hablar". Este único testimonio se hace eco de las voces de muchos nicaragüenses que escuchamos durante nuestra investigación como miembros del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua. Día a día, viven con la espada de Damocles de que, en cualquier momento, podrían ser percibidos como opositores al régimen de Ortega y Murillo.
Acabar con los abusos de la dictadura somocista (1936 a 1979) fue lo que llevó al poder a los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza. Ha tenido varias iteraciones como Jefe de Estado, siendo el tiempo su aliado para estrechar su control sobre todos los poderes del Estado. Desde abril de 2018, Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han utilizado este control y han entrado en la espiral descendente de dirigir un Estado que lleva a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Como se detalla en nuestro reciente informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental compuesto por 47 Estados), la pareja presidencial está al frente de un sistema que utiliza las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, la tortura y la privación arbitraria de la nacionalidad para perseguir políticamente a quienes se atreven a pensar diferente.
