Armas incautadas a las FARC. Flickr. Some rights reserved.

Este año termina con avances de vital importancia para el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las FARC. Por un lado, se acaba de producir el anuncio oficial sobre el acuerdo del punto sobre víctimas. Y por el otro, en días recientes, Sergio Ibáñez, miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana, afirmó que “al tiempo que estamos dando cierre al punto sobre víctimas, hemos construido la plataforma de análisis del tema del fin del conflicto.”

Estos hechos no son menores, pues a los acuerdos parciales sobre política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas, se suman el que hasta ahora ha sido el más difícil de negociar – el de víctimas, que incluye el marco de justicia transicional – y un empujón al de fin de conflicto.

El “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, definido en 2012 entre el Gobierno y las FARC, establece en su tercer punto (Fin del conflicto) la “dejación de las armas”. Este tema empezó a abordarse de manera formal desde este año a través de una subcomisión conjunta de carácter técnico, integrada por militares y policías activos de alto rango y miembros del grupo guerrillero.

La creación de esta subcomisión no ha estado exenta de críticas. La oposición al proceso ha alegado que la presencia de militares y policías activos en la mesa de negociaciones es ilegal porque les iguala con actores terroristas y es algo que, de paso, desmoraliza a las tropas. Entre tanto, el Gobierno ha señalado que es normal que estos temas sean abordados por quienes han hecho la guerra en el terreno y tienen el conocimiento técnico y operativo que exige esta fase de la negociación.

Otro punto que ha suscitado gran controversia es la terminología empleada. Mientras hay quienes argumentan que “dejar” las armas y “desarmarse” son lo mismo, lo cierto es que este nivel semántico entraña muchos significados y emociones en relación con la historia de las FARC. Esta guerrilla ha reiterado su acuerdo a la dejación, pero siempre que haya garantías para poder defender sus ideales sin necesidad de emplear las armas - porque, según dicen, las armas no son “fetiches” sino herramientas de resistencia que, llegada la paz, serían inútiles y por eso se tendrán que dejar.

“Dejar las armas” denota asimismo un acto voluntario por parte de las FARC y al mismo tiempo un acuerdo, producto de un proceso de negociación política. Es decir, lo opuesto a “desarmarse”, que connota sometimiento e incluso rendición, cuando lo cierto es que las FARC no fueron derrotadas militarmente por el Estado colombiano, y en La Habana se han presentado como un adversario con el que se está negociando, no como una contraparte a la que se le está imponiendo la voluntad de un vencedor absoluto.

En todo caso, la discusión sobre la dejación de las armas ya había dado un paso importante con el anuncio de un acuerdo parcial sobre el tema de la justicia transicional, el pasado 23 de septiembre. Además de unificar el lenguaje entre las partes con el término “dejación de las armas”, también se acordó el plazo para iniciar el proceso de dejación, el cual tendría lugar en los dos meses siguientes a la firma del acuerdo definitivo, es decir en mayo de 2016. Se destaca asimismo la importancia otorgada a la dejación de las armas como condición necesaria para que los miembros de la guerrilla accedan a los beneficios judiciales.

Algunos puntos a tener en cuenta

 No es la primera vez que en Colombia se discute y, menos aún, se implementa un proceso de dejación de armas[1]. Si bien en otros procesos se ha apelado al uso de la palabra “desarme”, lo cierto es que en Colombia tenemos un largo aprendizaje que nos ha dejado todo tipo de experiencias, a las que se suman las internacionales que hoy en día tienen mucho que aportarnos[2]. De ahí que valga la pena plantear algunas reflexiones.

Una tiene que ver con el diseño de un protocolo para la dejación de las armas que, como resultado de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, defina cronogramas y tiempos, procedimientos, presupuestos, actividades, supervisión y verificación, así como la definición de un marco jurídico institucional para el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y el manejo del armamento.

En este sentido, las experiencias de anteriores procesos en Colombia, las pistas que arrojen las internacionales, los lineamientos consagrados en los Estándares Integrados en DDR, la Iniciativa de Estocolmo y la Contribución de Cartagena, sumados a la creatividad e imaginación que permitan estas medidas de tipo transicional y excepcional, serán algunas de las piezas a tener en cuenta para asegurar que los aspectos técnicos, operativos, jurídicos y de seguridad estén mínimamente blindados desde un principio.

El establecimiento de una hoja de ruta desde el inicio generará confianza, transparencia y efectividad, evitando confusiones y fallas de comunicación. Por ejemplo, los procesos de paz en República del Congo, Irlanda del Norte, Nepal y Sierra Leona corrieron serios riesgos técnicos y operativos a causa de la falta de fondos y de la ausencia de disposiciones claras para llevar a cabo el desarme, lo que generó malestar, retrasos e interrupciones.

Las labores de verificación, monitoreo o acompañamiento del desarme es otro punto a tener en cuenta. Lo ideal es que sean llevadas a cabo por un tercero neutral que garantice imparcialidad y ayude a mitigar la sensación de desconfianza y de humillación entre las partes. El experto canadiense Cornelis Steeken ha indicado que el grupo de verificación puede ser internacional o nacional, o una ONG, y que al final lo que importa es que sea independiente de los bandos y que su labor consista, entre otras cosas, en vigilar todos los días los contenedores, si se opta por este mecanismo, para saber si las armas y municiones están completas.

Sobre el mandato y alcance de esta intervención, debe quedar establecido desde un inicio con tareas, obligaciones, restricciones, cobertura y presupuesto para garantizar su eficacia. Por ejemplo, el acompañamiento del desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, si bien fue definido en un convenio entre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y el gobierno colombiano, lo cierto es que no fue revisado ni consensuado, sino que fue más una decisión discrecional que se fue poniendo a punto sobre la marcha, lo que dejó serias dudas en cuanto a los roles  y labores de verificación.

El protocolo debe ser lo suficientemente flexible para evitar que, ante su incumplimiento, se genere desconfianza entre las partes y también de la sociedad civil frente al proceso. Así ocurrió en El Salvador, país en el que se definieron plazos restrictivos de entrega de armas, lo que generó un alto nivel de desconfianza, al punto de que se llegó a pensar en la ruptura de los acuerdos. Cabe también recordar que en los acuerdos de Dayton para la paz en Bosnia y Herzegovina de 1995, el último tema que se discutió fue el de las diferencias entre las delegaciones sobre el ritmo de la reducción de armamento que debían llevar a cabo las partes en conflicto.

El desarme debe concentrarse inicialmente en las armas que están en posesión de la guerrilla. En Mozambique, por ejemplo, el proceso de desarme de grupos rebeldes con participación de la ONU se complementó, años después, con un proceso de recolección de armas de la población civil a cargo de la iglesia. Es decir, después hubo un proceso amplio de control de armas en poder de la población civil, o desarme voluntario[3]. Cabe añadir que todas las armas deben ser recibidas, incluyendo aquellas en mal estado y de fabricación artesanal. En Sierra Leona, muchas de las armas en mal estado fueron devueltas a los excombatientes, aumentado el riesgo de reutilización.

Otro aspecto tiene que ver con las fronteras que Colombia comparte con sus países vecinos. Para evitar filtraciones de armamento a países vecinos y sobre todo considerando la alta presencia de las FARC en áreas limítrofes, es crucial considerar la creación de mecanismos bilaterales de discusión sobre el tema del desarme con los gobiernos de Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Brasil. Esto ayudaría a mitigar el riesgo de desvío de arsenales hacia el mercado negro, incluso en otros países. En Mozambique y Sudáfrica se diseñó una iniciativa conjunta de desarme en su frontera, evitando la recirculación de excedentes. Dos casos opuestos son el de El Salvador y Malí, donde la falta de diálogo con los gobiernos vecinos facilitó el tráfico ilícito de armas en la zona de frontera y la instalación de depósitos clandestinos en esos países.

De otra parte, las dejaciones de armas ocurrirán en diferentes contextos. En el momento de definir las zonas de concentración, deben considerarse los grupos armados que aún existen en el país, aparte de las FARC, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), las bandas criminales y otras organizaciones criminales que delinquen en zonas urbanas y rurales.  Estos grupos pueden llevar a cabo acciones en contra del proceso, poniendo en riesgo la seguridad de los desmovilizados, de quienes ejecutan y verifican el proceso y también de las armas entregadas.

Asimismo, se debe conocer la información del armamento. Es importante que durante las etapas de planeación del proceso de desarme, se definan las condiciones requeridas para recolectar información sobre las armas que ayude a hacer un rastreo efectivo para su disposición final. Se debe, además, recolectar información de número de seriales, marcas de fabricación y origen y marcas físicas distintivas, entre otros datos disponibles, que sean consignados en un sistema de registro de la información del armamento.

Por último, el país y el mundo deben conocer lo que ocurra durante el desarrollo de este proceso, por lo que será necesario el diseño e implementación de un mecanismo de rendición de cuentas, o accountability, sobre la dejación de las armas y su destrucción. Es importante que se contemple, por ejemplo, una metodología de elaboración, entrega y publicación periódica de informes que certifiquen y validen los procesos en los ámbitos local, nacional e internacional. Esto es crucial, en especial si las ceremonias de dejación de armas se hacen de forma reservada y confidencial, como ocurrió en Irlanda del Norte –modelo que han insistido las FARC que se debe seguir.

Precisamente, el carácter confidencial de dicho proceso suscitó desconfianza y tensiones entre las partes e impidió conocer cómo se realizó de forma detallada. Esto, debido a que el cuerpo internacional que asesoró el desarme, encabezado por el senador estadounidense George Mitchell, recomendó que el decomiso no pareciera una victoria o derrota de las partes y que se hiciera de manera privada. Lo que produjo, por ejemplo, que no se supiera el destino final de las armas y que el proceso se haya extendido a siete años pese a que se programó para sólo dos.

El escenario de la dejación de las armas de las FARC será, pues, delicado y deberá ser conducido por expertos nacionales e internacionales. La sociedad civil en las diferentes regiones de Colombia tendrá un papel importante de veeduría, observación, seguimiento y demanda de acceso a la información respecto a lo que esté sucediendo en el día a día. Será un gran reto, ya que se tratará de la implementación pura y dura de uno de los puntos del Acuerdo General, que seguramente no será perfecto pero que, con algunas de las previsiones mencionadas acá, posiblemente se pueda salvaguardar y llevar a cabo de forma satisfactoria. Estará asimismo de la mano de los entes encargados de la verificación y monitoreo que la dejación se haga de la manera más efectiva y eficiente posible para, así, evitar demoras y suspicacias por parte de una sociedad aún divida frente al proceso y con una oposición resuelta a ejercer un control y vigilancia muy fuertes.

En últimas, también estará del gobierno y las FARC que garanticen que éste sea un proceso transparente, abierto y de cara a la sociedad, pues las armas que se dejarán y destruirán serán la imagen de la nueva política que querrán hacer, sin ellas, miles de hombres y mujeres.

Las ideas expresadas en este artículo son una adaptación parcial del documento “El desarme de las FARC: claves y propuestas para un proceso viable, exitoso y transparente”, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz (Colombia) y el Instituto Igarapé (Brasil). Disponible aquí: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5605ff09ec154.pdf

[1] En 1953, se desmovilizaron entre 8.000 y 20.000 miembros de guerrillas liberales; entre 1989 se desmovilizaron 900 integrantes del M-19; entre 1990 y 1994 se desmovilizaron aproximadamente 3.600 de los grupos armados Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Popular de Liberación, Quintín Lame y Corriente de Renovación Socialista, y entre 2003 y 2006 se desmovilizaron casi 32.000 miembros de las AUC. A esto se le deben sumar cientos de miles de desmovilizados que se han entregado individualmente a las autoridades colombianas en los últimos 30 años.

[2] De los 18 procesos de DDR revisados para la investigación hecha por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) e Igarapé, el 45% se han desarrollado en África, donde se han recogido el mayor número de armas (cerca de 294.000) entre 1989 y 2008. Se destaca también, en casi todos los procesos, la participación de terceras partes en las labores de monitoreo y verificación del desarme, como la ONU (12), la Unión Europea (2), la OEA (2), la OTAN (2) y países amigos (3). Además, la mayoría incluyó la entrega de incentivos materiales a cambio de las armas (80%) y casi la mitad (45%) optaron por la destrucción.

[3] Durante los Diálogos de Seguridad Ciudadana organizados por FIP y el Instituto Igarapé (abril de 2015), el General (r) Óscar Naranjo opinó que el postconflicto es el momento preciso para implementar medidas complementarias de control de armas de orden ciudadano, que permitan reducir la disponibilidad general de armas en el país.