Fuerzas especiales Colombianas durante una marcha militar en 2015. Fernando Vergara / AP/Press Association Images. All rights reserved.

Colombia se encuentra en la actualidad estructurando un sistema novedoso y único de justicia para la transición, fruto de la utilización de dos preceptos; el  primero el de aplicación de un marco constitucional (Marco jurídico – Político para la paz) y el segundo originado en los diálogos con el principal grupo armado al margen de la ley existente en el país (horizontalidad en la mesa).  

Teniendo en cuenta el primer precepto, y fruto del respeto por la Constitución y la Ley, el gobierno ha sostenido desde un comienzo que las Fuerzas Armadas no serán negociadas en la Habana y así ha sucedido, como de paso lo han manifestado los dos Generales que fungen como negociadores plenipotenciarios en la mesa. De hecho el reciente acuerdo sobre justicia tuvo un componente unilateral, al firmarse un compromiso gubernamental  por parte de los ministros de justicia y de defensa en el campo de paradas de la Escuela Militar de Cadetes, contentivo de  los parámetros de una “justicia de coyuntura” para los agentes del Estado; dentro de los cuales se incluyen los miembros de la Fuerza Pública.

La simbología  del acto llevado a cabo en la Escuela José  María Córdova resulta estratégica para la memoria institucional y colectiva de las Fuerzas Armadas en los últimos cincuenta y dos años; mucho más porque se llevo el día del ascenso a General full del actual comandante del Ejército Nacional, encargado de emprender la más grande transformación de la Fuerza que ha sido decisiva en la guerra, y que sin duda alguna será trascendental en la construcción de paz. Pero dicha transformación no es fruto de una visión coyuntural, sino de un política sectorial que hunde sus raíces en el año 2006, cuando se comienzan a elaborar las normas estratégicas que originarían las reglas de enfrentamiento de las Fuerzas Militares, la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la organización profesional de los asesores jurídicos operacionales, entre otros aspectos.

Pero existen respecto al sector seguridad[1] o el sistema de seguridad[2], según se siga o no la posición de la ONU o de la OCDE respecto a transiciones militares, muchos retos en relación al entendimiento y dimensión de reformas institucionales en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Militares y en la Policía Nacional. Trataremos de abordar cinco de esos retos, que en términos genéricos podríamos nominar como: 1. El entendimiento a través de una estrategia pedagógica las diferencias de la actuación de las Fuerzas Armadas colombianas con la de otros países que tuvieron expresiones de violencia estructural fruto de autoritarismos o guerras civiles. 2. El Entendimiento de los procesos de transformación institucional y su evolución, ponderándolos con las eventuales recomendaciones de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, para un contexto sui generis. 3. La  Comprensión de los fracasos en la experiencia internacional relacionados  las transiciones militares y policiales y sus efectos actuales en términos de seguridad. 4. El análisis profundo de la existencia o no de estándares internacionales respecto a las garantías de no repetición que pudieran ser aplicables a la transición militar  y policial colombiana. 5. La redefinición de roles, funciones y misión de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en un complejo contexto de multicriminalidad. Veamos brevemente cada una de ellas, a través de una denominación tentativa pero más cerrada.

1.    Creación de una estrategia pedagógica en torno al fenómeno de violencia en Colombia, la participación de las Fuerzas Armadas y las diferencias con otros casos de superación del pasado

El caso de violencia colombiano difiere de los del Cono Sur, Centroamérica, Europa oriental, África y Asia, teniendo en cuenta situaciones que originaron el establecimiento de transiciones políticas hacía la democracia, bien fuera por la superación de regímenes autoritarios o por la superación de guerras civiles, en el sentido clásico. Sí bien es cierto no difiere nuestra situación en  la gravedad de muchos de sus hechos, sí se diferencia ostensiblemente en componentes que han defendido el Estado, los diferentes gobiernos y aún ciertas instancias de la comunidad internacional.

Colombia es un Estado con instituciones respetables y algunas centenarias, democracia en funcionamiento y además con el reconocimiento del pueblo hacía sus Fuerzas Armadas tanto en lo urbano como a nivel rural. Así lo indican las principales encuestadoras (Gallup, 2015) y estudios tan serios como los de la Universidad de los Andes y el Barómetro de las Américas (Barómetro, 2015). No obstante muchos sectores consideran que el caso colombiano encuadra dentro de la experiencia internacional y regional, lo cual genera en términos estratégicos el reto de demostrar en todo nivel y lugar que no es así.

En estos días de celebración del aniversario número quince del plan Colombia se recordó precisamente la enorme dificultad para convencer al Congreso americano en su momento, de que el caso colombiano no era igual a los sucedidos en el resto del continente en épocas de rompimiento democrático y como se logró esta hazaña.

Se necesita una pedagogía más fuerte para mostrarle al mundo porque la transición en Colombia es única, porque no pueden acogerse estándares de transición para las Fuerzas Armadas iguales a las de otras latitudes y porque precisamente las Fuerzas Militares y de Policía han sido las propiciadoras estratégicas del final del conflicto armado.

2.    La transformación del Sector Seguridad y Defensa en Colombia y las eventuales recomendaciones de una Comisión de la verdad

Tal vez uno de los retos más fuertes que tendrá Colombia en los años cercanos será el de valorar todas las transformaciones que se han venido produciendo a nivel de Fuerzas Armadas en la última década principalmente, respecto al  escenario de verdad extrajudicial con alto contenido de memoria histórica; es decir, de narrativas generadas por las víctimas dentro de una Comisión de la verdad. Sí se acoge la experiencia comparada sin ningún tipo de contextualización o se hace con los ojos cerrados trasplantes desde el derecho internacional, podremos tener muchos problemas, respecto a cómo asumir el papel de la Fuerza Pública dentro del conflicto armado a través de sus diferentes etapas.

Como se viene estructurando nuestra justicia transicional privilegiando la verdad judicial y extrajudicial con la aplicación de criterios de justicia restaurativa y retributiva con flexibilidad de la aplicación de sanciones punitivas, es claro que el escenario macro estratégico de garantía de no repetición será el extrajudicial.  Allí habrá que ser muy cuidadosos, respecto a cómo valorar las transformaciones del sector seguridad y defensa, con las eventuales recomendaciones de la Comisión de la verdad.

3.    La experiencia comparada muestra grandes fracasos en justicia para la transición militar y policial en el contexto regional

La Red de Seguridad y Defensa de América Latina en su Atlas Comparado de la Defensa para el año 2014 (RESDAL), mostró como el 94 por ciento de las Fuerzas Militares de la región son utilizadas frente a tradicionales y nuevas amenazas contra la seguridad ciudadana; Clásicamente enfrentadas por las Policías. Pero además la región en un 76% de los países también emplea a sus Ejércitos de tierra, mar y aíre en la lucha contra el narcotráfico. El triangulo norte (Guatemala, Honduras, Salvador) es la subregión más violenta del mundo. Honduras el país con más alta tasa de homicidios en la tierra.

Hoy muchos de estos países, y lentamente algunos del Cono Sur como Argentina, vienen militarizando nuevamente y de forma progresiva las sociedades, luego de recuperar las democracias hace tres décadas. Colombia con la desmovilización de los paramilitares y el surgimiento de bandas criminales, vio a finales de la década pasada, el declive de la percepción de la seguridad ciudadana y el incremento de fenómenos que afectan  la vida cotidiana de la gente.

¿La radicalización en algunas transiciones del sector seguridad y defensa en la experiencia comparada puede ser la causa de la desbordada criminalidad en la actualidad? Esta pregunta que a la vez se constituye en todo un reto la debemos como nación responder. En lo personal pensamos que si es una causa.

4.    ¿Estándares internacionales de garantías de no repetición frente a las Fuerzas Armadas ahora trasplantadas a Colombia?

Otro  reto singular que debemos acometer como Nación es el de entender sí los principios (soft law) del derecho internacional sobre lucha contra la impunidad, concebidos en otros contextos y momentos, pueden ser trasplantados a Colombia, sobre todo en relación a las reformas al sector militar y policial. Temas como la depuración, desaparición de especialidades (como la inteligencia militar), reformas doctrinales, curriculares… etc., tienen que ser estudiados y analizados con lupa, pues serían posiblemente contra facticos. Verbigracia Colombia es el Estado en la región que más ha capacitado soldados y policías en Derechos Humanos y DIH, según cifras del Ministerio de Defensa para noviembre del 2014; además es  líder en derecho operacional, con reconocimiento en el mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La degradación de la guerra en el país a través de sus diferentes etapas y la presencia de componentes como la financiación del narcotráfico, la captura del Estado, la trata de personas, el tráfico de especies, minería ilegal, entre otros factores, no pueden llevarnos a decisiones que podrían afectar la seguridad en el postconflicto mirado a mediano y largo plazo. Creemos que no hay estándares en términos generales que puedan ser trasplantados a Colombia en éste campo. No obstante vale la pena seguir estudiando el tema.

5.    Roles, misiones y funciones

Uno de los retos más interesantes en el postacuerdo y en las etapas de consolidación del mismo será el de cómo definir los roles, las misiones y funciones entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. El tema realmente de fondo es cuando separar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa y como incrementar la visión civil que no se ha podido consolidar en virtud a la existencia del conflicto armado y la existencia de una policía militarizada en muchos de sus componentes. En ese sentido el reto verdadero no se circunscribe a definir sí se separan las FFMM de la Policía Nacional, lo que ha generado algunas complicaciones en relación a las misiones, roles y funciones, pero también ha determinado el triunfo estratégico operacional sobre la subversión.

El tema es cuando; y equivocarnos en el tiempo y en la forma puede acarrear demasiados problemas ya advertidos en la experiencia internacional; mucho más cuando a nivel global existe un replanteamiento sobre el papel de las Fuerzas Militares en una democracia frente a amenazas a la seguridad antes  siquiera imaginadas.

Como se puede observar son demasiados los retos y las aristas que implican los mismos, para ser tratadas en tan breve espacio. Lo cierto es que no hay fórmulas mágicas para lograr resolver problemas particulares de violencia estructural, provenientes de una guerra como la colombiana en donde las Fuerzas Armadas han sido esenciales para la generación de un espacio de negociación y de posible terminación del conflicto armado. Unas Fuerzas Armadas que al mismo tiempo han tenido que enfrentar fenómenos violentos que la población colombiana estima mucho más graves que el conflicto armado, como lo demuestran estudios de Medicina Legal (2015) y la Dirección de investigación judicial de la Policía Nacional (Dijin), a través de su informe de criminalidad publicado anualmente desde los años sesentas del siglo XX.

Para cualquier observador casual, incluso para un investigador formado, pero sin experiencia in situ, el caso colombiano es parecido a los demás casos de la región (en términos de indicadores de violencia), que originaron estándares internacionales para luchar contra la impunidad; pero lo cierto, lo realmente cierto, es que el caso colombiano rompe cualquier molde y seguramente será el modelo a seguir para superar conflictos armados no internacionales propios del Siglo XXI, a los que no podremos  caracterizar como guerras civiles en todos los casos.

[1] Enfoque cerrado desarrollado por la ONU en diferentes instancias, informes y principios, que hace alusión al Ministerio de Defensa, al de Seguridad y a los componentes militares, policiales y de gendarmería.

[2] Enfoque abierto que llega a establecer la necesidad de reformar luego de una transición política todas las entidades y organismos del estado que tengan que ver con el tema de seguridad, entendiendo este concepto desde la concepción multidimensional.