El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entrega una copia del acuerdo de paz a Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas. 19 septiembre 2016. AP Photo/Craig Ruttle.
El acuerdo final firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha suscitado un gran interés de la comunidad internacional en cuanto a la fórmula de justicia acordada por las partes. Esto es entendible pues no ha sido usual que dos contendientes no vencidos en las hostilidades armadas pacten un mecanismo de rendición de cuentas de naturaleza penal. Lo usual ha sido lo contrario: que se pacten fórmulas de perdón o amnistía general de manera bilateral, o que se establezcan mecanismos en donde la parte vencedora juzga a la que ha sido vencida.
El sistema de justicia creado para rendir cuentas es complejo pues, por un lado, incluye distintos mecanismos (una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de personas desparecidas y un sistema de justicia criminal denominado Jurisdicción Especial para la Paz - JEP). Por el otro, el sistema no acoge fórmulas definitivas o extremas dado que es el producto de una negociación. No acoge un sistema retributivo maximalista (en donde todos los excombatientes o todos quienes participaron de los delitos deban ser juzgados y deban ir a la cárcel), pero tampoco una amnistía general e indeterminada. Tiene mecanismos de rendición de cuentas en distintos grados, dependiendo de factores como
