En la tarde del 30 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el gobierno del presidente Guillermo Lasso firmaron una “acta de paz” bajo la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, poniendo fin a 18 días de paro nacional. Durante casi tres semanas, el país vivió un estallido social, marcado por centenares de cierres de vías en todo el país, estados de excepción y una fuerte represión del gobierno. Antes mismo de dialogar, el gobierno declaró guerra contra el pueblo, deteniendo el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, e autorizando el uso de la fuerza letal contra los manifestantes.

El acuerdo de paz es un alivio porque se terminan duras semanas de mucha violencia. Miles de manifestantes estuvieron en vigilia día y noche, también miles de personas se quedaron sin el trabajo diario que les permite a sus familias comer. Firmar la paz puso fin a la confrontación del pueblo armado contra el pueblo desarmado.

Pero nadie ganó. El pueblo perdió más; puso el cuerpo y perdió vidas, y carga el costo humano de centenas de heridos y detenidos. Hay muchos cuerpos que curar y criminalizados que apoyar. El gobierno también perdió; el presidente Lasso se salvó de una destitución, pero perdió legitimidad y sobrevive más vulnerable que nunca. La paz puso fin a la violencia armada, dejando la violencia social intacta, quizás peor.

¿Cuál paz y a qué precio?

El acta de paz acordó que el gobierno baje el precio de los combustibles en 15 centavos, derogue el Decreto 95 que expande la explotación petrolera en la Amazonía y suspenda el estado de excepción aún vigente en varias provincias. La derogación del Decreto 95 es quizás el único logro importante, que va permitir proteger la Amazonía. El resto del acuerdo es una lista de buenas intenciones: “modificar” el Decreto 151 que otorga las licencias ambientales en 2 meses en vez de 15 para industrias extractivas mineras, “trabajar” en políticas de subsidios, “garantizar” la consulta previa, libre e informada (que ya es un derecho constitucional) y “emitir” una declaratoria de emergencia en el sistema de salud.

La CONAIE empezó el paro mediante una agenda con diez demandas, todas factibles, que incluían derechos colectivos al consentimiento previo, moratoria minera en fuentes de agua, derechos laborales y de salud, moratoria de pequeñas deudas y ayuda a campesinos, mayor inversión en salud y educación. Son demandas importantes y legítimas, que tocan a varios sectores del pueblo ecuatoriano, no solamente a los pueblos indígenas.

Pero se quedaron irresueltas casi todas las demandas. Se juntaron varios sectores, como jóvenes, estudiantes, feministas y trabajadores porque justamente eran demandas amplias y legítimas. Sin embargo, el diálogo empezó tarde, a las dos semanas, y en ausencia del presidente Lasso, que en vez de dar la cara al país envió a sus ministros, como los terratenientes enviaban a sus capataces a hablar con los indios.

Los 18 días de paro dejan un alto precio humano y social. No solamente son los muertos, los más de 300 heridos y las centenas de detenidos. Es también el legado de tanta violencia militar y racista, la polarización social y los ataques de pueblo a pueblo que se vieron en muchos lados del país como la violencia racista de ciertos periodistas, la violencia de ciertos manifestantes contra periodistas, la violencia de mujeres manifestantes contra mujeres de mercado, la violencia de manifestantes contra los que se negaban a manifestar. Queda una sociedad herida en cuerpo y alma, en el seno de su tejido social. Ahora tenemos que encontrar maneras de suturar las cicatrices sociales en medio de este legado de racismo, odio y violencia en un país más polarizado y aún profundamente pobre y desigual.

Antes y después del paro

La crisis no es de hoy; Ecuador sufre del autoritarismo, del extractivismo y de la corrupción que dilaceran América Latina. Pero el paro nacional llamado por la CONAIE tiene su contexto. Después de una década de progresismo autoritario mal llamado “Socialismo del Siglo XXI” que en realidad tuvo políticas neoliberales, patriarcales y extractivistas y criminalizó la protesta social e indígena; ahora nos encontramos frente al neoliberalismo de un banquero del Opus Dei implicado en los Pandora Papers que vive en una burbuja de insensibilidad social.

Al asumir la presidencia en 2021, el presidente Lasso incrementó el precio de los combustibles; en contravía de la marea verde, vetó la ley de aborto por violación ordenada por la Corte Constitucional. En vez de atender al pueblo, él se comprometió con el extractivismo rentista.

Por un lado, promete duplicar la explotación petrolera en la Amazonía, incluido en la reserva de biodiversidad del Yasuní donde se daría un ecocidio y el genocidio de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenani. Por otro lado, expande el extractivismo minero, concesionando a empresas extranjeras territorios con ecosistemas frágiles de la zona Andina, lo cual aumenta la contaminación ambiental y el despojo de los territorios ancestrales de comunidades indígenas y campesinas, acelerando el cambio climático.

En 2022, solo el 30% de la población económicamente activa del Ecuador tiene un trabajo estable, un tercio de la niñez sufre desnutrición y el nivel de embarazo adolescente está entre los más altos de la región. El analfabetismo aumenta mientras más de un millón de jóvenes son excluidos de las universidades. Tanta exclusión generó un aumento de la violencia sin precedentes, incluso en el sistema carcelario. Bajo Lasso, empezó una migración masiva, con miles de familias obligadas a arriesgar sus vidas en busca de trabajo en Norte América. Mientras el pueblo migra y envía remesas al Ecuador, el presidente evade su fortuna de millones de dólares hacia paraísos fiscales en Florida y Dakota, Estados Unidos. El sentido de despojo, robo y abuso es profundo.

Todo este acumulado explotó en el paro nacional convocado por la CONAIE. El gobierno le puso gasolina al fuego al detener al presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, en las primeras horas del paro y lanzar una ofensiva de represión contra la protesta social. En su doble moral, el presidente ordenaba el estado de excepción para los manifestantes indígenas y al mismo tiempo invitaba a “marchas por la paz” contra el paro en los barrios de clase alta; invitaba al diálogo en la televisión, mientras mandaba reprimir con balas a los más vulnerables, incluso niños. Fue una mezcla explosiva de represión, racismo, y no diálogo que solo generó más resistencia, aumentado la violencia social y profundizado el estallido.

En vez de declarar estados de excepción, de restringir derechos fundamentales y matar, el gobierno podía haber buscado un diálogo desde los primeros días, de buena fe y de frente con la CONAIE. En vez de incentivar ataques racistas, podía haber unido fuerzas con la CONAIE, una autoridad innegable en un país plurinacional como el Ecuador, para identificar soluciones.

Fueron 18 días de violencia y desencuentro, de polarización y frustración. El movimiento indígena dejó la capital después de firmado el acuerdo de paz, el cual fue muy contestado entre los lideres indígenas al frente del paro, y anunció que estará vigilante en los próximos 90 días, indicando que, si el gobierno no cumple lo establecido en el acuerdo, volverán a las calles.

Ahora a disfrutar esta paz amarga. Ahora que descansan en paz los muertos y que están pacificados los pueblos. El precio de la paz es alto por la sangre, por el status quo que implica. Es una paz macabra que no logra esconder lo que todos sentimos: no habrá paz social mientras no haya justicia ecosocial.