En la tarde del 30 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el gobierno del presidente Guillermo Lasso firmaron una “acta de paz” bajo la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, poniendo fin a 18 días de paro nacional. Durante casi tres semanas, el país vivió un estallido social, marcado por centenares de cierres de vías en todo el país, estados de excepción y una fuerte represión del gobierno. Antes mismo de dialogar, el gobierno declaró guerra contra el pueblo, deteniendo el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, e autorizando el uso de la fuerza letal contra los manifestantes.
El acuerdo de paz es un alivio porque se terminan duras semanas de mucha violencia. Miles de manifestantes estuvieron en vigilia día y noche, también miles de personas se quedaron sin el trabajo diario que les permite a sus familias comer. Firmar la paz puso fin a la confrontación del pueblo armado contra el pueblo desarmado.
El presidente Lasso se salvó de una destitución, pero perdió legitimidad y sobrevive más vulnerable que nunca
Pero nadie ganó. El pueblo perdió más; puso el cuerpo y perdió vidas, y carga el costo humano de centenas de heridos y detenidos. Hay muchos cuerpos que curar y criminalizados que apoyar. El gobierno también perdió; el presidente Lasso se salvó de una destitución, pero perdió legitimidad y sobrevive más vulnerable que nunca. La paz puso fin a la violencia armada, dejando la violencia social intacta, quizás peor.
