El 7 de febrero, lxs ciudadanxs de Ecuador ejercerán su derecho constitucional a la soberanía popular, eligiendo un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional para sacar al país de la crisis más grave de la última generación. Entre la represión violenta de las protestas contra el FMI en 2019 y las amenazas persistentes de cancelar las elecciones del próximo mes, la democracia en Ecuador está al borde del abismo. La vigilancia del mundo será fundamental para preservarla — y ayudar a restaurar la democracia en una región en medio de un retroceso autoritario.
Ecuador se ha visto más afectado por la pandemia de la Covid-19 que casi cualquier otro país del mundo. El país ha registrado un número excesivo de 40.000 muertes en 2020, un récord per cápita que casi duplica en magnitud al de los Estados Unidos.
Las trágicas consecuencias de la Covid-19 ya han dañado las instituciones democráticas de Ecuador: el acuerdo del gobierno con el FMI provocó el despido de 3.680 trabajadorxs de la sanidad pública, erosionando el derecho constitucional de lxs ciudadanxs a la asistencia sanitaria.