Protesta indígena delante del Palacio de Justicia en Lima, Perú. Fuente: DHUMA. Todos los derechos reservados

En cuestión de poco tiempo, los jueces de la Corte Suprema de Justicia del Perú, decidirán el destino de un vocero indígena Aymara de nombre Walter Aduviri, enjuiciado y sentenciado a prisión por su rol en las protestas sociales que tuvieron lugar el año 2011 en la región sureña de Puno.

El proceso lleva más de 7 años, y ahora, en la recta final, está siendo observado muy de cerca por organizaciones sociales e instituciones de Derechos Humanos en todo el país, pues su resultado podría sentar precedentes legales que pueden repercutir en otras luchas de pueblos indígenas del país. 

El caso de Walter Aduviri y el pueblo Aymara es emblemático e ilustra con elocuencia los ataques y amenazas que están enfrentando las comunidades que se levantan para defender sus recursos básicos en toda la región.  

La judicialización de los voceros y líderes comunales de estas luchas es la piedra angular de toda una estructura de criminalización de la protesta social, que no sólo abarca el uso de nuevas leyes y figuras legales que derivan en procesos penales, sino también la estigmatización de su lucha, su cultura y la coerción violenta por parte del Estado.   

El objetivo es claro. Intimidar y desarticular la movilización social para facilitar la extracción de recursos naturales, principalmente por parte de multinacionales, limitando y violentando los derechos de las comunidades y de la población en general. 

El “Aymarazo”

El conflicto socio-ambiental conocido como “El Aymarazo”, en Perú, fue una movilización que tuvo lugar en la región de Puno el año 2011, en rechazo a la mina Santa Ana – un proyecto de minería a cielo abierto ubicado cerca de la frontera con Bolivia.

Este proyecto, de propiedad de la minera Canadiense Bear Creek, pretendía explotar más de 63 millones de onzas de plata por un período de 11 años a partir del 2012.

Sin embargo, cuando la población se enteró de los planes de la empresa el año 2008, se generó un rechazo casi unánime al proyecto debido al uso intensivo de agua y potencial contaminación de las fuentes hídricas de esta región, de vocación agrícola y ganadera, que alberga ríos importantes como el río Callacami, además del Río Desaguadero y el Lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia.

Después de haber observado los impactos de la contaminación de las fuentes de agua y la tierra provocadas por los proyectos mineros en otras provincias y al enterarse de una serie de irregularidades en la adquisición de los títulos de concesión de la mina por parte de la empresa, las comunidades comenzaron a solicitar mayor información a las autoridades a nivel regional y nacional, buscando que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada.

Ante la indiferencia del estado, las protestas se intensificaron y para Mayo de 2011 se expandieron a toda la región de Puno. Una de las demandas centrales de la movilización fue la derogación del Decreto Supremo 083 – 2007, que había declarado al proyecto minero Santa Ana como prioridad nacional, pese a que la Constitución peruana prohíbe que una empresa extranjera posea concesiones mineras dentro de 50km de la frontera nacional.

Posteriormente las comunidades exigieron la cancelación de todas las concesiones mineras en la región y una moratoria sobre las futuras concesiones. 

Judicialización de la protesta

Después del Aymarazo, la fiscalía abrió investigaciones a 100 dirigentes involucrados en las movilizaciones.  Se les acusaba de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, disturbios y extorsión agravada.  

Walter Aduviri, uno de los principales voceros de las comunidades durante el Aymarazo, fue condenado a siete años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado.

El cargo de extorsión agravada es usado históricamente en contra del crimen organizado en Perú, y ahora se está usando cada vez más en casos de protesta sociales.

En entrevista con los autores, Rodrigo Lauracio, abogado de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, explica que “la teoría el ministerio público es que la protesta social el Aymarazo se organizó como una organización criminal para extorsionar al Estado. Como podría ser una organización criminal que nace para extorsionar a un empresario”.  

De las 100 personas investigadas, 18 pasaron a la fase de juicio oral.  Posteriormente la fiscalía decidió absolver a ocho de los acusados por falta de pruebas, quedando 10 en la lista. En julio 2017 el Juzgado Penal de Puno exculpó a otros 9 procesados, también por falta de pruebas.

Al final solamente quedó Walter Aduviri, uno de los principales voceros de las comunidades durante el Aymarazo, que fue condenado a siete años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de dos millones de soles en favor del Estado (más de 600 mil dólares estadounidenses).

Finalmente, en diciembre de 2017, los tribunales ratificaron su sentencia y dictaron una orden de detención en su contra, quien al conocerla se declaró en la clandestinidad afirmando que los fiscales nunca mostraron pruebas en su contra y que esto se trataba de una persecución política.  Su caso ya es conocido a nivel nacional y ha sido presentado en foros internacionales.

Punto de Inflexión

Es importante destacar que cuando los jueces condenaron a Walter Aduviri pasó algo muy particular en las cortes de Puno que podría marcar un punto de inflexión en términos de cómo los procesos legales son utilizados para criminalizar las protestas sociales en Perú.

Aunque el delito por el que Aduviri fue condenado era el de “disturbios”, a último momento, los jueces cambiaron su supuesto grado de participación en el delito. 

Es decir, al principio, cuando la fiscalía decidió imputar a Aduviri por los cargos de “disturbios”, lo acusó bajo la figura de “co-autoría no-ejecutiva”.

Pero, cuando los jueces exculparon a los últimos 9 co-acusados, se enfocaron únicamente en Walter Aduviri, asignándole otro grado de participación, el de “autoría mediata".

Para entender la gravedad de ese cambio, basta una observación.  La teoría de “autor mediato” ha sido usado en el Perú principalmente en casos de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo. 

Para entender la gravedad de ese cambio, basta una observación.  La teoría de “autor mediato” ha sido usado en el Perú principalmente en casos de crímenes de lesa humanidad y de terrorismo.  

Aunque estas dos teorías suenan complejas, entenderlas es de vital importancia por su potencial uso en los crecientes casos de conflictos socio-ambientales en el Perú.

Según Pablo Abdo, abogado del Instituto de Estudios de las Culturas Andina (IDECA) de Puno, el creciente uso de la llamada “co-autoría no-ejecutiva” en casos de protesta social ya de por sí representa una tendencia peligrosa.  

Esta teoría implica que hay una persona que instiga a cometer un delito y que otra la ejecuta. En este caso ambas personas estarían de acuerdo en cometer el delito. En palabras de Abdo, “tú y yo estamos de acuerdo en cometer un delito, sólo que yo te estoy dando las directivas y tú las vas a ejecutar”.

Ahora bien, la figura de “autor mediato” que enfrenta Aduviri, es todavía más preocupante. En este caso no habría un acuerdo de partes para cometer un delito, sino que, como señala Abdo, existe “una persona que está manipulando u obligando a la otra, en contra de su voluntad para cometerlo”. 

En resumen, señala, “yo quiero cometer delitos y quiero utilizarte a ti para hacerlo. Entonces te voy a engañar para que lo hagas, o de lo contrario te voy a obligar. Esa es la teoría que maneja el juez...Es como decir que en el caso del Walter Aduviri él ha obligado y ha engañado a los Aymaras, a sus propios pares, para que se cometan los supuestos delitos.”

Para Rodrigo Lauracio de Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA de Puno, el razonamiento de los jueces dista totalmente de la realidad de las comunidades Aymaras, debido a que “las comunidades indígenas aymaras nunca son dirigidos por un líder.

Eso se ha demostrado en el mismo peritaje antropológico que se hizo en este caso. Sino es a la inversa, son los pueblos aymaras quienes eligen a sus representantes o voceros para que expresen aquella petición, preocupación, reclamo que pueda tener una comunidad Aymara”.

Fuente: DHUMA. Todos los derechos reservados.

Duros Precedentes

El uso de estas teorías penales representa un giro legal y político importante en el país, pues permite equiparar a las organizaciones sociales como organizaciones criminales y a sus dirigentes como instigadores a cometer delitos.

Si tú tomas el argumento que utilizaron en el Aymarazo para condenarlo a Walter Aduviri, es el argumento que puedes utilizar en otros casos que ya han sido absueltos para buscar una condena.

Bajo este argumento se condena a voceros comunales por el sólo hecho de ser líderes de sus comunidades, aunque no haya pruebas que los vinculen directamente con los supuestos delitos cometidos.  

Según Abdo, “de prosperar esta condena en particular, va a permitir criminalizar y condenar a otros líderes y defensores. Ese es el problema...si tú tomas el argumento que utilizaron en el Aymarazo para condenarlo a Walter Aduviri, es el argumento que puedes utilizar en otros casos que ya han sido absueltos para buscar una condena.”   

Hasta la fecha la teoría legal de “autoría mediata” había sido usada sobre todo en casos históricos de graves vulneraciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

El ex-presidente peruano Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad usando esta teoría legal. Del mismo modo Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, fue condenado en 2006 a cadena perpetua por terrorismo contra el Estado usando la misma teoría.

Ahora en el Perú, en 2018, se está usando esta misma figura penal en contra de voceros y líderes de los pueblos indígenas y campesinos en contextos de protestas sociales.

Identidad y derechos indígenas

Si la condena es ratificada por la Corte Suprema también se estaría sentando un nuevo precedente referido a que si Aduviri es o no sujeto de derechos indígenas.

Estos derechos están relacionados a la identidad cultural, la autonomía territorial, al derecho a la consulta previa, libre e informada en caso de proyectos de desarrollo que les afecten, etc., y están establecidos principalmente en el convenio 169 de la OIT y reconocidos por la legislación y Constitución peruana.

Mientras que las pericias antropológicas determinaron que todos los acusados del Aymarazo eran efectivamente miembros de comunidades indígenas, los jueces determinaron que Walter Aduviri no estaba sujeto a esos derechos, debido a que, entre otras cosas, había alcanzado estudios superiores y que por lo tanto puede “adecuar su conducta conforme a derecho”. 

Según el abogado Rodrigo Lauracio, esto “representa una violación a los estándares internacionales de derechos de pueblos indígenas a nivel internacional … que no sólo afecta a Walter Aduviri, sino también a los pueblos indígenas... porque esta forma de interpretación ya ha sido sentada como jurisprudencia de interpretación judicial”.

Al igual que muchos otros casos de criminalización en el Perú y en toda la región, este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio y estructural de las múltiples formas de discriminación, racismo y estigmatización.

Acota además que, “de ratificarse esta postura, se constituiría todas las violaciones… y acarrearía que el estado peruano pueda ser sometido ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH”.  

Al igual que muchos otros casos de criminalización en el Perú y en toda la región, este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio y estructural de las múltiples formas de discriminación, racismo y estigmatización que enfrentan las comunidades indígenas a lo largo del territorio.

Recientemente el fiscal que impulsa un proceso similar en contra de Aduviri y otros líderes comunales, se refirió a ellos diciendo lo siguiente:

“…quienes, en su calidad de dirigentes institucionales, y con dominio de esta masa irracional, enardecida que jamás dio razones, ni entendió las mismas, empujaron a la población a la comisión de …”

Formas de criminalización

Según Rodrigo Lauracio, la judicialización de los voceros Aymaras debe entenderse como parte de un fenómeno mucho más amplio de criminalización de las comunidades que resisten a proyectos mineros.  Para el abogado este proceso se resume en 4 pasos.

Primero está “el diseño de políticas normativas que modifican nuestro sistema jurídico para viabilizar proyectos mineros y tipificar nuevos delitos en contra de las personas que participan en protestas sociales.

Se toman medidas legislativas desde el Congreso de la República o el poder ejecutivo, para garantizar la actividad extractiva y restringir los derechos de los pueblos indígenas o comunidades campesinas que quieren oponerse al desarrollo de un proyecto minero”.

Segundo son las “campañas de desprestigio a través de medios de comunicación -radiales, televisivos y virtuales- en las que nos asocian, como terroristas anti-mineros, terroristas medioambientales, personas que estamos opuestos al desarrollo en el país”.   

El tercer paso de criminalización según el abogado es “la forma en la que interviene el estado en los procesos de conflictos sociales, sobre todo utilizando es la declaratoria de estados de emergencia...donde se mata, se asesina literalmente y se infligen daños físicos y psicológicos a las personas …en algunos casos incluso hay casos de tortura.”.  

Recientemente, entre 2017 y 2018, en una región conocida como el corredor minero el sur de Perú (Cuzco, Arequipa y Apurimac), se dictaron estados de emergencia durante 10 meses consecutivos (algo sin precedentes en tiempos de paz en el país) con la consecuente suspensión de derechos fundamentales.

A esto se suma los convenios entre empresas mineras y la policía para brindarles mayor seguridad. Además de la modificación de las leyes que exime a los policías de cualquier responsabilidad en caso de matar en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, en protestas sociales.

De los 78 defensores de los derechos humanos asesinados durante los dos últimos gobiernos en el Perú, el 67% murieron como resultado de la acción de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social”.    

Parece no ser casual entonces que de los 78 defensores de los derechos humanos asesinados durante los dos últimos gobiernos en el Perú, el 67% murieron como resultado de la acción de las fuerzas del orden en situaciones de protesta social”.    

Finalmente, la cuarta y última etapa de la criminalización serían los procesos de investigación penal como los surgidos a partir del Aymarazo.  Según el Lauracio, “el proceso de criminalización que tiene sus inicios desde las políticas se concretiza en las acciones penales”.  

A parte del evidente daño económico, social y psicológico, “los procesos legales son usados como instrumentos para infringir temor en los representantes, de esa forma ellos no pueden oponerse a un proyecto minero.”

Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, 792 defensores de derechos humanos han enfrentado procesos judiciales a nivel nacional en el Perú, el 55% por acciones relacionadas con la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.  

Un dato que refleja una estrategia muy efectiva para desgastar y amedrentar personas de la sociedad civil organizada.   

“No quieren que haya líderes fuertes”

Para Tomas Medina Mamanchulla, presidente de la comunidad campesina Jatuncachi, de Puno, “en Perú hay una ley de criminalización de la protesta popular donde el gobierno empieza a perseguir a líderes.  

Hay muchos líderes denunciados sobre todo los que asumen la defensa del medio ambiente y de los derechos fundamentales. Es como una ley del enemigo, el propio estado peruano nos considera como si fuéramos sus enemigos y no seamos parte del estado”.  

Del mismo modo, la lideresa aymara Yolanda Quesisto, afirma que los procesos actuales de criminalización no hacen más que reflejar patrones históricos en el Perú. “Desde aquel momento cuando los españoles llegaron, nos han visto como inferiores… y eso creo que ellos siguen pensando.

Están haciendo lo mismo como hicieron con nuestros grandes líderes Tupac Katari, Bartolina Sisa, Miguel Bastidas… y a Tupac Amaru, lo han descuartizado por luchar contra la opresión. Ahora lo mismo hacen, con sus leyes nos cierran la boca”, señala.

Mamanchulla advierte y dice que, “si Walter Aduviri está sentenciado, posteriormente muchos dirigentes trabajando en defensa de los recursos naturales estarán enjuiciados. No puede ser eso”.

Solamente queda la protesta

El caso de Walter Aduviri en sí mismo ha sido algo polémico por las aspiraciones político-electorales que tiene.  Aduviri es candidato en las elecciones regionales en la región de Puno en Octubre del presente año.  

Los jueces de la Corte Suprema, las autoridades electorales y la población de Puno decidirá su suerte. Sin embargo, el punto aquí que no se debe perder de vista, es que este caso es un caso emblemático de la criminalización generalizada de la protesta social en el Perú, especialmente en contra de comunidades indígenas y campesinas. Y todo apunta a que eso empeore.

Según el informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú del 2017, 14.7% del territorio nacional está bajo concesiones mineras.  Para el año 2011 96,437Km2 del territorio puneño estaba bajo concesiones mineras.

Del mismo modo, en la provincia de Chucuito, donde se encuentra el proyecto minero Santa Ana, las concesiones para proyectos mineros se han incrementado alarmantemente en una década: de cero concesiones el año 2000 a 59 solo el año 2011.

Las comunidades indígenas y campesinas son afectadas de manera desproporcionada por la expansión de la minería en sus territorios, pues dependen directamente de la tierra y del agua (lo primero en contaminarse) para su sustento.  

Si a esto sumamos la marginalización de la que son sujetos, no es de sorprenderse que recurran a la protesta social para ser escuchados y reclamar sus derechos.

Mientras tanto, las empresas transnacionales, incluyendo Bear Creek (que tiene en la región otro proyecto minero llamado Corani), siguen activos en Puno, esperando a que se cambien los vientos políticos para volver a impulsar sus proyectos, beneficiándose a costa de la criminalización de las comunidades afectadas.

En ese contexto resuena aún más el reclamo de Yolanda Quesisto frente a la criminalización del pueblo Aymara.  “¿Acaso es delito defender los recursos naturales? ¿Es delito defender el medio ambiente? ¿Acaso ellos no viven del agua? ¿Será delito defender el agua?”