Los representantes del periodismo de Bolivia, representantes políticos y juristas se han pronunciado en contra del Proyecto de Ley 305/22 presentado por el gobierno. Los detractores afirman que afecta a la libertad de prensa, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel. Surgen voces alentadoras que podrían conducir al retiro definitivo de esta propuesta gubernamental.

José Zepeda: Erick San Miguel es profesor de filosofía del derecho, escritor y columnista del diario Página Siete. ¿Cuál es su diagnóstico?

Erick San Miguel: El proyecto 305 dice en la parte introductoria y en la fundamentación que se ha concebido para dar cumplimiento a obligaciones que el Estado ha contraído en el marco de los derechos humanos. Hay una larga enumeración de tratados y convenios. El ente encargado de promover y vigilar los derechos humanos se llama Defensor del Pueblo. Pero este proyecto no ha sido elaborado por el Defensor del Pueblo. Ni siquiera tiene una opinión el ente creado expresamente por la Constitución boliviana para este tema.

Es un proyecto de ley originado en el Órgano Ejecutivo, probablemente en el Ministerio de Justicia. El tema puede parecer tangencial, pero para los juristas, es esencial, porque ¿dónde está el Defensor del Pueblo? Dónde el ente encargado especializado en la vigilancia, la promoción de los derechos humanos. Sin su opinión, un proyecto de tal envergadura es un riesgo a priori, incluso antes de empezar a revisar el articulado.

JZ: Segundo aspecto legal. No soy abogado, pero hasta donde conozco no existe tratado relacionado con derechos humanos que penalice la actividad periodística.

ESM: Sin duda que no. Es más bien todo lo contrario. Cualquier tratado siempre está orientado a garantizar la libertad de expresión. Pero la labor periodística en más de un país se ha convertido en un riesgo, sea por políticas gubernamentales o legislativas. Los derechos humanos siempre van a proteger antes que a penalizar la labor periodística.

La segunda observación, este proyecto, que en teoría busca proteger los derechos humanos, en el fondo engrosa tanto el Código Penal, lo amplia de una manera tan desmesurada que el efecto va a ser en realidad contraproducente. Se está creando un riesgo.

JZ: Tercer aspecto legal. Este proyecto de ley no es aislado. Hay una suerte de paquete de nuevas leyes que el Gobierno quiere aprobar en el inmediato futuro lo que ha creado efervescencia social. Se han programado diferentes actividades para oponerse a estas iniciativas.

ESM: Es una observación pertinente. Son tres los proyectos que están en mesa, uno de los cuales ya se ha caído. Era el más débil en su concepción. Pretendía controlar las redes sociales. Una situación bastante irracional e irreal porque las redes sociales se manejan y se cuentan en millones o en miles de millones.

Quedan dos, el 305, que en teoría es para dar cumplimiento a instrumentos internacionales de derechos humanos. Y hay uno que en teoría es también para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en el marco de la legitimación de ganancias ilícitas. Yo he escrito un artículo que se publicó en Página Siete y lo he dicho con mucha claridad que cuando el Código Penal se engrosa de manera tan desmesurada nos ponemos en los umbrales del totalitarismo.

Yo sé que esto puede parecer exagerado si nos basamos en la definición clásica del totalitarismo, pero si se atenta a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, para mí eso es totalitarismo. Cuando el Estado quiere penetrar en la mente y no solamente castigar conductas externas, sino opiniones, puntos de vista. No es el peligro mayor ni el único, pero ese es uno que la sociedad boliviana ya lo está percibiendo.

Otro aspecto es que esto demuestra una ausencia total de una política criminal en Bolivia. Modificar el Código Penal, así sea en un artículo debería obedecer a una política criminal y ser discutido ampliamente con todos los sectores concernidos, con la oposición, con la sociedad civil, con las facultades de derecho, etcétera. En Bolivia no existe un instituto de Criminología o algo parecido. Entonces, dibujar un código Penal a mano alzada parece algo riesgoso, nada científico. La sociedad tiene todo el derecho de ponerse a la defensiva y decir ¿qué está pasando aquí?

JZ: Siempre es útil tener presente las enseñanzas de Montesquieu: “No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”. La actual ley de imprenta de Bolivia ha sido beneficiosa para el periodismo nacional y para las empresas de prensa. Zulema Alanes es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.

Zulema Alanes: La ley de imprenta ya tiene 98 años. Es considerada una norma innovadora en la región, una de las primeras que regula el ejercicio del periodismo. Innovadora también por los principios y alcances que contiene. Rescatamos que recoge los principios de los derechos humanos que tanto en la región como a nivel mundial garantiza el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Es concordante también con la vigente Constitución Política del Estado, porque en el artículo 107 se destaca que se garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.

La ley de imprenta ha permitido a los gremios periodísticos, como es el caso de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, asumir el desafío de la autorregulación, que es un principio básico para el ejercicio del periodismo. Actualmente tenemos un tribunal de Ética al que cualquier ciudadano que se sienta afectado por la cobertura informativa puede acudir. El tribunal emite sus fallos, recomendaciones y llamadas de atención con espíritu no sancionatorio de tipo penal, sino con un valor ético para mejorar el trabajo periodístico. Los medios de comunicación, también acorde con la ley de imprenta adoptan de manera permanente sus propios códigos de ética.

JZ: Si es así, si está de acuerdo con la Constitución, si prácticamente va a cumplir un siglo, porqué de forma cíclica diferentes gobiernos intentan aprobar leyes que contravienen estas normas beneficiosas como lo es ahora el proyecto 305.

ZA: Al menos en democracia ha habido cinco o seis iniciativas de imponer una ley mordaza. Nuestra interpretación es que lo único que se pretende es silenciar a la prensa, amedrentarla, propiciar la autocensura y la censura para evitar que cumplamos el trabajo de ir tras la búsqueda de la verdad en procesos de investigación para descubrir la corrupción, en el ámbito del Estado o en el sector privado. Nosotros tenemos la responsabilidad de realizar un trabajo de fiscalización al poder.

JZ: Diversos estudios comunicacionales coinciden en señalar que desde el ascenso al gobierno del expresidente Evo Morales se ha creado una suerte de hegemonía comunicacional al servicio del partido y del gobierno que alcanza aproximadamente al 80%.

El abogado Erick San Miguel no avala esta suposición porque no tiene datos fácticos para decir que realmente sea así.

ESM: Creo que hoy en día hay una libertad de expresión en Bolivia bastante amplia. Lo que sí me preocupa, más allá del tema de la libertad de expresión, es que modificar el Código Penal con un catálogo tan amplio de delitos, casi cualquier conducta puede ser delictiva. Pongo un ejemplo real, en el caso de terrorismo dice que es, entre otros, terrorismo, hacer explotar un artefacto explosivo. Un artefacto explosivo es un petardo o un cohete. En Bolivia, en las marchas que son muy habituales, sobre todo en La Paz, la gente siempre tira petardos. Ese hecho puede significar ya una limitación al derecho a la protesta. Y de hecho ya ha habido en esta semana un grupo de maestros que venían de Cochabamba, seguramente con petardos. Los detuvieron y eso sin que esté aprobada esta ley. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa profundamente.

En el tema comunicacional hay un ambiente de libertad. El hecho de que, por ejemplo, estoy hablando libremente ahora, he sacado un artículo muy duro contra el gobierno en Página Siete no ha habido ni va a haber ningún problema. Puede haber evidentemente otras perspectivas y sería bien contrastarla con otros colegas.

JZ: Dice usted que hay ciertos movimientos, ciertas pretensiones que nos ponen en el umbral de un totalitarismo político. Podríamos agregar o poner frente a eso que hay de una u otra manera, una buena salud democrática para defender cierta convivencia social y tanto las instituciones como parte de la sociedad no va a permitir, así como así, que se haga cualquier cambio en el país.

ESM: Pienso que sí, porque a pesar de todo, la prensa, por ejemplo, los periodistas en general se mantienen independientes. Naturalmente, con todo derecho pueden tener una tendencia a la derecha, o a la izquierda, o al centro. Es normal. Los periodistas son seres humanos. Pienso que el tejido social, los sectores gremiales, el transporte, sindicatos, gozan de buena salud y al final son la garantía.

En el caso de la prensa en el año 1918, hace un siglo un presidente sacó una ley de imprenta que en la época fue llamada Ley candado. Hoy se llama ley mordaza cuando hay intentos de coaccionar y generó tanta impopularidad que este presidente fue echado del poder al año y medio, lo que quiere decir que tampoco estas experiencias son nuevas o de este gobierno. Hay una pulsión en el poder de restringir la libertad de expresión. Seamos sinceros, no es solo de un gobierno o de otro, esto viene de la derecha y de la izquierda.

La comisión parlamentaria sobre el tema de los derechos humanos ha rechazado el aumento de las penas de cárcel por irregularidades de carácter periodístico.

JZ: Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ¿debo tomar esto como una buena noticia, en el sentido de que hay disponibilidad de escuchar al gremio de periodistas para evitar que se apruebe el proyecto 305?

ZA: Es una buena noticia, si es que colocamos este anuncio en un contexto más amplio, porque resulta que la penalización contenida en el proyecto de Ley 305, que nosotros rechazamos ya está vigente en el contexto de la Ley 045 sobre racismo y toda forma de discriminación. Entonces, así lo ha manifestado la presidenta de la Comisión parlamentaria.

Sin embargo, asumimos que eso ameritaría la revisión del artículo, que también penaliza el trabajo periodístico en el contexto de la Ley 045. Esperamos que se oficialice porque solo hemos escuchado la palabra de la presidenta de la Comisión. Se nos ha advertido que esta Comisión debe emitir resoluciones por consenso, pero la Comisión no se ha reunido oficialmente y espera hacerlo en los próximos días. Por eso mantenemos nuestro estado de emergencia.

JZ: ¿Es usted optimista de cara a la posibilidad de sacar definitivamente de la mesa el proyecto de Ley 305?

ZA: Efectivamente. Creo que nuestros argumentos son muy consistentes. Hemos demostrado que la penalización del trabajo del periodista vulnera la Constitución Política del Estado, desconoce la vigencia de la Ley de Imprenta, que también está reconocida constitucionalmente y va a contramano de los estándares internacionales que el Gobierno dice querer proteger y potenciar.

JZ: Erick San Miguel , ¿cómo lo ve?

ESM: Quiero citar a Voltaire, que lo conocemos todos. Esta cita está tomada de los comentarios que hace Voltaire al célebre libro de Cesare Beccaria, del Tratado de los delitos y de las penas, que es la piedra de toque del derecho penal moderno desde el siglo XVIII en adelante. Voltaire dice: “La espada de la justicia se halla en nuestras manos, pero debemos con más frecuencia embotarla que hacerla más cortante”.