Los representantes del periodismo de Bolivia, representantes políticos y juristas se han pronunciado en contra del Proyecto de Ley 305/22 presentado por el gobierno. Los detractores afirman que afecta a la libertad de prensa, anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel. Surgen voces alentadoras que podrían conducir al retiro definitivo de esta propuesta gubernamental.
José Zepeda: Erick San Miguel es profesor de filosofía del derecho, escritor y columnista del diario Página Siete. ¿Cuál es su diagnóstico?
Erick San Miguel: El proyecto 305 dice en la parte introductoria y en la fundamentación que se ha concebido para dar cumplimiento a obligaciones que el Estado ha contraído en el marco de los derechos humanos. Hay una larga enumeración de tratados y convenios. El ente encargado de promover y vigilar los derechos humanos se llama Defensor del Pueblo. Pero este proyecto no ha sido elaborado por el Defensor del Pueblo. Ni siquiera tiene una opinión el ente creado expresamente por la Constitución boliviana para este tema.
