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Postconflicto en Colombia (17). ¿Pueden las FARC dedicarse a la política?

 Las FARC tienen que aprender a hacer política sin armas. Tras más de 50 años de guerra, este es el gran desafío al que se enfrenta Colombia. Português English

Sophie Haspeslagh
16 September 2016
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Guerrilleros de las FARC asisten a una charla sobre el proceso de paz en la jungla del Putumayo, Colombia. 17 agosto 2016. AP Foto/Fernando Vergara. Todos los derechos reservados.

Pase lo que pase en el plebiscito del 2 de octubre en el que los colombianos decidirán con su voto aprobar o rechazar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la insurgencia más longeva del hemisferio occidental experimentará, y está experimentando ya, una transición importante. No es la primera vez que las FARC se sientan en la mesa de negociación con el gobierno de Colombia. Han habido con anterioridad tres intentos importantes. Sin embargo, las conversaciones de paz que concluyeron en La Habana el 24 de agosto son distintas a los intentos fracasados anteriores. No sólo es la primera vez que ambas partes se han sentado a negociar una agenda específica y han llegado a un acuerdo final, sino que ambas partes han dado muestras de una transformación profunda. Para las FARC, su reconocimiento del estado colombiano, el acuerdo para deponer las armas y para romper cualquier vínculo con el narcotráfico y unirse al proceso democrático no tiene precedentes.

Tras un conflicto armado que ha durado más de medio siglo, se estima que hay 7.000 combatientes y unos 8.000 milicianos de las FARC que dejarán atrás las armas y se reintegrarán a la vida social, económica y política de Colombia. Muchos han permanecido aislados de la sociedad colombiana, llevando una vida de guerra y supervivencia en la selva. Así que, ahora que se ha llegado a un acuerdo, la pregunta es ¿cómo van a ser capaces las FARC de llevar a cabo la transición de un movimiento armado a un movimiento político y social?

No está claro cuál será el resultado del plebiscito de octubre. Un ‘no’ representaría un duro golpe para el proceso y haría imposible la implementación del acuerdo final. Las FARC, sin embargo, han anunciado que ellos llevarán a cabo la transición independientemente del resultado, por lo que es importante entender qué dice el acuerdo final y cuáles son algunos de los mayores retos que tiene ante sí la transición política de las FARC.

Un futuro político

La esencia del acuerdo de paz es que las FARC dejarán de existir como tal y se convertirán en un "movimiento político sin armas". Se trata de un cambio sin precedentes y fundamental. El lema de las FARC de los últimos cincuenta años ha sido ‘todas las formas de lucha'. El grupo siempre ha tenido en paralelo dos estrategias - militar y política – y ha dado a menudo prioridad a una por encima de la otra. Tras el fracaso de las negociaciones de paz anteriores, en el Caguán (1999-2002), se centró en la lucha armada. Pero el argumento esencial de las FARC para tomar las armas ha sido la profunda exclusión política que arraiga en el pacto del Frente Nacional de finales de los años 1950.

El acuerdo de paz contiene una serie de medidas encaminadas a garantizar una participación política amplia y la inclusión de las FARC en el sistema político. En concreto, las FARC contarían con cierto número de portavoces en el Congreso, con voz pero sin voto, para discutir cuestiones relacionadas con la aplicación del acuerdo de paz hasta 2018. De 2018 en adelante, el partido político resultante de la transición de las FARC participará en las elecciones y tendrá cinco asientos reservados en el Congreso y en el Senado durante dos legislaturas. Se trata de un buen mecanismo de transición, limitado en el tiempo, que da espacio a las FARC para demostrar que son capaces de hacer política y ser elegidos por sus propios méritos. El partido político también recibirá una financiación limitada durante un período de diez años. Junto con el apoyo específico a las FARC, el acuerdo de paz también propone un "Estatuto de la oposición" cuyo objetivo es garantizar que los partidos políticos y movimientos sociales de oposición puedan participar en los espacios democráticos.

Tras más de cincuenta años de guerra, las FARC tienen que aprender a hacer política sin armas y adquirir experiencia en el ámbito público. El aislamiento creciente de la guerrilla, especialmente durante los últimos quince años, con la escalada de las hostilidades y su catalogación como organización terrorista, ha tenido como consecuencia que las FARC han estado relacionándose con personas con una visión del mundo similar a la suya. Su auto-percepción es que ellos representan los intereses de los campesinos-agricultores y que desempeñan un importante papel político. Pero la verdad es que han perdido el contacto con la moderna realidad urbana del país. Aunque las FARC han aprendido rápido y han demostrado habilidad y seriedad en las negociaciones de La Habana, las negociaciones en sí sólo han implicado a unos pocos dentro del grupo. La cuestión ahora es cómo van a 'vender' esta transición al resto de la organización y cómo los combatientes van a efectuar el cambio a un liderazgo social y político.

En cuanto a implicar al resto del grupo en esta transición, las FARC se han visto un tanto limitados durante las negociaciones en Cuba. El gobierno, comprensiblemente, ha impedido sus intentos de divulgar información sobre la negociación y viajar por Colombia para reunirse con sus combatientes y constituyentes, por temor a una reacción adversa de la opinión pública viendo a las FARC hacer ‘política’ sin haber antes abandonado las armas. Pero este ya no será el caso; la dirección de las FARC debe ahora poder acceder a sus pueblos y zonas de influencia, si quieren convencerles para que se unan a ellos en este proceso. Las FARC celebrarán su décima conferencia para conseguir el compromiso de las bases y la aprobación del acuerdo y para disolverse como y grupo armado.

El hecho de que las FARC sean una organización profundamente jerárquica ayudará sin duda a que todo el grupo siga en esto a los dirigentes. Pero está por ver hasta qué punto éstos lograrán mantener la cohesión durante la transición. Ha habido ya algunos pequeños signos de fractura. El Primer Frente de las FARC, por ejemplo, anunció en julio que no iba a desmovilizarse, desafiando a la dirección. En este caso, la cuestión clave es, según parece, la implicación de algunos frentes en actividades económicas ilícitas, como las drogas o la minería ilegal. En el acuerdo, las FARC se han comprometido a "romper el vínculo" con el narcotráfico y se están llevando ya a cabo programas piloto de sustitución de cultivos en zonas bajo su control. Mientras que a nivel de la dirección de las FARC la participación en el tráfico de drogas se ha visto siempre como una forma pragmática de financiar la guerra, los líderes saben que esto les ha perjudicado políticamente. El riesgo de disensión es más alto a niveles medios y bajos, en los que pueden darse divisiones o que algunos grupos o personas se nieguen a acatar las decisiones de la dirección. En el acuerdo, el gobierno se ha comprometido a financiar a los desmovilizados durante un periodo máximo de veinticuatro meses con una remuneración de 620.000 pesos, equivalente al 90% del salario mínimo en Colombia. Esto debería ayudar a la reinserción de los combatientes a la vida social y productiva sin relación con actividades ilícitas. Pero el mayor riesgo, en realidad, es el vacío que dejarán las FARC ante otros grupos armados y bandas criminales que compiten por el control del mercado de la droga. Esto es preocupante en un contexto en el que la producción de coca tiene en estos momentos tendencia al alza – el año pasado aumentó en un 39%.

Aunque las FARC han insistido siempre en el requisito de que los jefes de sus escuadrones estuvieran formados militar y políticamente, en los últimos años el elemento ‘político’ ha menguado considerablemente. Los líderes más jóvenes tienen menos vínculos con las comunidades locales y les ha costado ganarse su respeto. El liderazgo lo sabe y esta es una de las razones por las que una solución negociada del conflicto acabó siendo atractiva, para intentar salvar de alguna manera su capital social y político. Aunque la dirección ha tratado de preparar a las tropas con formación política y social en los campos, especialmente tras el alto el fuego de julio de 2015, tendrán que insistir en ello en las zonas de normalización para ayudar a la transición. Las FARC necesitan utilizar este tiempo de transición para redefinir su plataforma política y convencer a sus tropas, pero también a la población de las zonas en las que históricamente han estado presentes, de que el uso o la amenaza de la fuerza ya no forma de modo alguno parte de su arsenal.

El dilema de la seguridad

El gran interrogante que planea sobre todo esto es si se aceptará la transición de las FARC para convertirse en actor político. La fuerza de los partidarios del ‘no’ ante el próximo plebiscito demuestra que existe un importante sector de la clase política al que le da mucho más miedo enfrentarse a las FARC políticamente que en el campo de batalla. Al ex presidente Álvaro Uribe y políticos afines sólo les vale la capitulación de las FARC. La última vez que las FARC intentaron entrar en política tras un alto el fuego en la década de 1980, su partido político, la Unión Patriótica, fue víctima de una feroz campaña de exterminio, a cargo de paramilitares de derechas, en la que entre 2.500 y 3.000 de sus miembros fueron asesinados. El objetivo no era otro que evitar la participación política de las FARC. En esta ocasión, la seguridad - real y percibida - de las FARC será fundamental para el éxito de la transición.

El desafío central para la transición y la reinserción de las FARC a la sociedad colombiana es, por lo tanto, su ‘dilema de seguridad’. Tienen que renunciar a las armas para unirse al proceso político democrático, pero renunciando a ellas pierden su única moneda de cambio y ponen en riesgo sus vidas. Es el clásico dilema con el que se enfrenta todo grupo armado no estatal que intenta dejar las armas, y las FARC no son ninguna excepción. Las 28 'zonas de normalización’ han sido ideadas para permitir a los combatientes de las FARC deponer las armas gradualmente, en un plazo de 180 días, mientras se preparan para reintegrarse a la sociedad colombiana. Las FARC tendrán también esta vez que dejar muy clara su total desvinculación con la lucha armada, lo que no ha sido el caso anteriormente.

Una de las dificultades de este proceso es que las FARC van a desmovilizarse cuando varios otros grupos armados siguen en activo. En este contexto, es fundamental que cese la estigmatización de las FARC por parte del gobierno. Gestos como el que hizo el Presidente Santos durante la firma del acuerdo de alto el fuego el 23 de junio pueden ayudar mucho a humanizar a las FARC e indicar que ya no deben ser tomadas como blanco de todos los ataques. Santos dijo que toda su vida había sido un enemigo implacable de las FARC, pero que "ahora, como jefe de Estado, voy a defender el derecho de las FARC a expresarse". Pero no son sólo los combatientes y las milicias de las FARC los que hay que proteger, sino también los derechos humanos delos campesinos, indígenas y líderes afro-colombianos, a menudo procedentes de las mismas zonas marginadas, que han sido objeto de ataques por parte de grupos (ex) paramilitares de derechas. Resulta especialmente preocupante que 35 líderes y defensores de los derechos humanos hayan sido asesinados en Colombia en los primeros seis meses de 2016.

Las FARC también necesitarán garantías judiciales claras. Al igual que con la mayoría de los procesos de transición, el ritmo y la secuencia son fundamentales. El gobierno de Colombia y las FARC han negociado un equilibrio sutil entre paz y justicia, situando el acuerdo de lleno en el campo de la justicia restaurativa y no en la punitiva. Pero la ley que amnistiará a los miembros de las FARC por delitos políticos sólo entrará en efecto mediante un acto legislativo de paz después del plebiscito. Si el resultado plebiscito fuese una victoria del ‘no’, entonces las FARC quedarían en un limbo de gran incertidumbre, puesto que han empezado ya a concentrarse en las ‘zonas de normalización'. Este es, sin duda, un motivo de preocupación para las FARC. La detención en junio de Carlos Velandia, ex líder del ELN que se desmovilizó tras pasar diez años en la cárcel, viene a sumarse a esta preocupación. Velandia fue puesto en libertad sólo tras una intervención directa del Presidente, en la que se refirió a él como gestor de paz.

La seguridad y las garantías jurídicas del gobierno son esenciales para permitir una transición completa de las FARC. Al mismo tiempo, las FARC tienen que fijar su programa político, ser muy claros con que han dejado atrás las armas y el uso de la fuerza, y deben también pedir perdón por la violencia del pasado, del mismo modo en que lo hicieron el 11 de septiembre con los familiares de los 11 diputados provinciales del Valle del Cauca que asesinaron en 2007.

Al fin y al cabo, la esencia de la política les obliga a argumentar de modo convincente ante la población que su transición es real no sólo de palabra, sino con hechos.

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