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Las FARC y su inclusión en procesos políticos: una cuestión muy compleja

Los difíciles acuerdos sobre cómo incluir el grupo armado las FARC en los procesos políticos llevaron mucho tiempo y dejaron inconcreciones. Ahora algunos las aprocvechan para evitar que se hagan realidad. English

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23 November 2017
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4 de febrero de 2008, una "Caminata por la paz de Colombia", que pide el fin de los secuestros, los homicidios y la violencia generalizada de las FARC. Foto: Robert Thivierge/Flickr. Algunos derechos reservados.

Este artículo forma parte de la sección El proceso de paz: de principio a fin, dentro del proyecto conjunto entre DemocraciaAbierta y el IFIT “Construcción de paz en Colombia: lecciones de los negociadores”.

Visite la cronología del proceso de paz aquí. 

El diseño del proceso

El tema de la participación política es inherente a cualquier proceso que busque la desmovilización de una fuerza guerrillera con objetivos políticos, y eso era algo que todas las partes sabían desde el principio. Todos los procesos de negociación anteriores, exitosos o no, habían incluido ese elemento. De hecho, durante los últimos 26 años, este objetivo de facilitar la reintegración política ya estaba presente en los mecanismos legales constitucionales colombianos que dieron al presidente los medios para negociar y liderar un proceso de paz. Sin embargo, tal como apareció en la agenda acordada en septiembre de 2012, la reintegración política fue un tema que incluyó un elemento suplementario: la expansión de la participación ciudadana junto al concepto de apertura democrática. 

El proceso de participación política se diseñó, no solo como un proceso de desmovilización, desarme y reintegración de una fuerza guerrillera, sino también como un proceso que podría producir una transformación que condujera a una paz estable y duradera. En este sentido, el enfoque inicial de este punto de la agenda fue desarrollar algo que fuera más allá del problema específico de la integración política de las FARC, algo capaz de generar valor agregado al acuerdo. Al contextualizar la participación política de las FARC dentro de los conceptos de participación ciudadana y apertura democrática, los negociadores se vieron obligados a plantearse cómo hacerlo, especialmente en el marco de la constitución de 1991.

 

Las negociaciones y los desafíos 

Las negociaciones de participación política fueron algunas de las más cortas en términos de duración temporal, aunque se enfrentaban a dos desafíos significativos. Uno era cómo determinar las cuestiones políticas generadas alrededor de la reintegración social y económica de los miembros de las FARC y de las condiciones bajo las cuales tendrían acceso a la participación política. Por ejemplo, cuántos asientos obtendrían en el Congreso, qué estructura tendría su partido político y qué restricciones afectarían a los más responsables antes o después de participar en política, siguieron siendo cuestiones difíciles de acordar durante el proceso de negociación, y la decisión general se tuvo que posponer. Esto ayudó al gobierno a ganar algo de tiempo puesto que, en ese momento, ni la mesa estaba lista para tomar decisiones tan importantes, ni la sociedad estaba dispuesta a aceptarlas. 

El segundo desafío más problemático fue que, mientras se llevaba a cabo la negociación de esta agenda, el gobierno promulgó simultáneamente una legislación que permitiría que un acuerdo final se refrendara a través de un plebiscito. A pesar de que este tema de la validación debía abordarse en el punto 6 de la agenda, los negociadores de las FARC propusieron una "asamblea constituyente" como un mecanismo alternativo de validación. Eso requeriría revisar varios temas que ya estaban en la Constitución de 1991, una propuesta que el gobierno siempre se había opuesto a discutir en ese momento de las negociaciones, ya que eso requeriría un consenso político mucho más amplio que entonces no existía.

El ítem 6, relacionado con el proceso de validación, debía discutirse al final del acuerdo. En cualquier caso, fue una discusión que no se podría haber dado antes. Sin embargo, fuera de la mesa de negociaciones, tanto las FARC como el gobierno a menudo hicieron pronunciamientos públicos que causaron feroces enfrentamientos en relación a iniciativas legislativas del gobierno con respecto al mecanismo de validación. Estos enfrentamientos llevaron incluso a la paralización de las negociaciones por un corto tiempo, aunque afortunadamente eso no tuvo efectos muy drásticos.

 

Mecanismos de construcción de confianza (MCC)

En este caso, los MCC se forjaron hacia el final de la discusión del punto sobre la participación política. Sin embargo, aunque vinculados a este punto de la agenda, estos MCC no apuntaban específicamente a facilitar la negociación de la participación política, sino a facilitar las negociaciones en general para ayudar a crear condiciones que facilitaran el cese al fuego y consolidaran la puesta en marcha de la iniciativa conjunta sobre el desminado.

En el caso de la participación política, las partes decidieron abordar las incorporaciones territoriales. Ambas partes entendieron que ninguna de las dos solucionaría la cuestión de las FARC en este momento, pero ambas pudieron reconocer que existían territorios vulnerables que no habían tenido suficiente representación política o suficiente acceso a instituciones de poder. Las partes definieron las necesidades y sentaron las bases, de modo que parte de este acuerdo crearía escaños congresuales temporales para estos territorios. Este ejercicio construyó un nivel de confianza suplementario entre las partes.

 

Refrendación

La participación política directa de las FARC fue un tema clave en el debate referendario, y fue propulsada al primer plano por la campaña del 'No' en la preparación del plebiscito. A pesar del gran número de discusiones públicas y debates sobre todos los aspectos del proceso de paz colombiano, la perspectiva de que el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (también conocido como 'Timochenko'), obtuviese un escaño en el Congreso dominó la cobertura de los medios. Para el público colombiano, la perspectiva de ver al líder de las FARC en el Congreso participando en actividades políticas legítimas era muy difícil de aceptar.

Un análisis de la agenda de participación política, en ese momento, indicaba la incapacidad del público para juntar las ideas de una transición política y de un proceso de reconciliación. La incapacidad del público para conciliar las dos ideas se basó, en gran parte, en una serie de mitos y distorsiones en el lenguaje empleadas por la oposición, que llevaron a muchos a creer que el poder asignado a las FARC era tal que sus miembros tendrían fuerza suficiente como para instalar un régimen 'Castro-Chavista', visto que estaban estrechamente asociadas con Cuba y Venezuela.

 

Implementación y validación 

Este punto de la agenda condujo a decisiones concretas sobre asuntos relacionados con la participación política de las FARC y su transición a un partido político, así como las decisiones metodológicas sobre las otras vías asociadas con la participación ciudadana. Lo que estas decisiones metodológicas reiniciaron fue la idea de poner en pie mecanismos específicos: comisiones de expertos, métodos de reforma electoral, instrumentos de transparencia y la seguridad del ejercicio político. El objetivo de todas estas ideas era hacer que la participación ciudadana fuera más inclusiva (por ejemplo, a través de presupuestos participativos). 

La participación ciudadana requiere la creación de mecanismos, comisiones y muchas reformas legales, incluidas reformas constitucionales. En ese sentido, es algo que el gobierno no puede implementar por su cuenta. El gobierno puede crear las comisiones necesarias, lanzar el tema del estatuto de la oposición o proponer reformas electorales. Sin embargo, todas estas reformas tendrían que pasar por el Congreso, lo que actualmente representa el principal escollo para la implementación de esta parte del acuerdo, especialmente durante el período que antecede a las elecciones de marzo de 2018, donde los candidatos tienen sus propias agendas e intereses.

Los principales desafíos para lograr estos cambios siguen existiendo más allá del contexto político – incorporar estos temas a la agenda política, hacer que el proceso de paz sea un tema real dentro de esas agendas políticas, y asegurar que se respeten e incluyan ciertas expectativas mínimas para el proceso dentro de esos programas políticos. Finalmente, sigue siendo un desafío lograr un difícil proceso de reconciliación cuando es necesario que el público cambie sus ideas sobre "el otro bando" y acepte ver a personas previamente consideradas como enemigas o rebeldes participar en procesos políticos legítimos. Es aquí donde reside gran parte de la ansiedad con respecto al proceso de participación política.

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