People's assembly in Plaça Catalunya. Flickr/Sergio Alvarez. Some rights reserved.

“Estamos perdiendo Barcelona y queremos recuperarla.”

Estas son las palabras con que se abre el manifiesto de la nueva alianza electoral Barcelona en Comú (Barcelona en Común). Expresan un sentimiento que experimentan habitantes de ciudades de todo el mundo. La alianza encabeza ya algunos sondeos en su intento de ganar las próximas elecciones municipales del mes de mayo y terminar con décadas de un modelo de desarrollo urbano que acabó convertido en un sistema de enriquecimiento rápido para inversores privados. La capital catalana, que fue cuna de movimientos radicales de todo tipo durante el siglo XX y que inmortalizó George Orwell en su Homenaje a Cataluña, está hoy alumbrando una visión de la democracia local para el siglo XXI.

Es una visión que necesitan, hoy más que nunca, las ciudades de toda Europa. Durante las décadas de 1970 y 1980, de entre los escombros de la desindustrialización surgieron paisajes urbanos devastados que dieron paso, desde Málaga a Maastricht, a un nuevo tipo de políticas urbanas. Estas nuevas políticas, a menudo descritas como “urbanismo neoliberal”, tienen que ver con la extensión del papel del mercado en la conformación del funcionamiento de las ciudades. La receta es conocida: privatización de los servicios municipales, presión fiscal a la baja, un sector servicios con salarios bajos y la conversión de la vivienda en un activo de inversión. Estas medidas, destinadas en principio a responder a la crisis urbana provocada por la desindustrialización, han creado una nueva crisis de carácter permanente para la mayoría de los habitantes de las ciudades y ha facilitado el enriquecimiento de una pequeñísima élite oportunista global. 

Crear una ciudad alternativa

El negocio inmobiliario es emblemático de la desigualdad creciente y de la corrupción que anidan en este modelo urbano. Nuestras viviendas de protección oficial se han privatizado, nuestros espacios públicos se han orientado al consumidor y se hallan fuertemente custodiados, y los presupuestos de nuestras ciudades se dilapidan a menudo en "mega-eventos" y "proyectos insignia" que sólo sirven para aumentar el valor del suelo y los ingresos por turismo. Pero el urbanismo neoliberal tiene también un impacto global. La integración del sector inmobiliario y el sistema financiero que la crisis económica global ha puesto en evidencia con crudeza, implica que las políticas urbanas tengan consecuencias de largo alcance, que abarcan desde la deuda soberana griega, hasta las políticas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Estos problemas son bien conocidos, y los analistas e investigadores los vienen diagnosticando desde hace años. Pero ¿qué podemos hacer? Los debates sobre alternativas urbanas han tendido a centrarse en los movimientos de base, la organización comunitaria y la pasión por crear ciudades habitables a lo Jane Jacobs. Todas éstas son partes esenciales del proceso. Pero hay una gran vía de cambio que, curiosamente, se ha mantenido al margen de la discusión: la recuperación de nuestras instituciones políticas.

Esto es exactamente lo que Barcelona en Comú quiere conseguir, con un programa ambicioso de reforma radical. Para empezar, Barcelona en Comú no es un partido político, al menos en el sentido tradicional del término. Se trata de una “plataforma ciudadana”, un vehículo para que la sociedad civil y los movimientos sociales trasladen su labor en las calles y en los barrios al corazón mismo de la toma de decisiones políticas. La plataforma se fraguó a través del encuentro entre movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, muchos de los cuales forjaron estrechas relaciones durante el movimiento antiglobalización de los primeros años 2000 y, más recientemente, como parte del movimiento de los indignados. Tiene, pues, una fuerte corriente de participación ciudadana, evidente desde el principio, que ha ido intensificándose con las reuniones de barrio, un proceso abierto de selección de candidatos y el uso de herramientas en línea, que favorecen una mayor transparencia y participación.

Más allá de la izquierda y la derecha

El término “plataforma ciudadana” va más allá de un ejercicio de re-branding.  Se refiere a una nueva orientación con respecto a los movimientos sociales urbanos en Barcelona y en toda España, y se relaciona tanto con la brecha entre los ciudadanos y las instituciones del Estado como con la división entre izquierda y derecha. En cuanto a la brecha entre ciudadanos e instituciones, los activistas urbanos llevan ya un cierto tiempo buscando distanciarse de las posiciones “de oposición” pura y dura frente a las instituciones del Estado e intentando encontrar vías para llevar sus políticas a la esfera de las instituciones públicas, para democratizarlas, y evitar así que los movimientos sociales se despoliticen, como ha sido a menudo el caso en el pasado. En cuanto a la división entre izquierda y derecha, muchos de los nuevos frentes de batalla que han aparecido a raíz de la crisis financiera española, incluidas las luchas contra los desahucios y la privatización de la sanidad y la educación (que confluyen ahora en Barcelona en Comú), transcienden la vieja dicotomía izquierda/derecha. Están dejando a un lado el bagaje histórico del movimiento obrero de los siglos XIX y XX e inventando en el proceso un nuevo lenguaje de derechos y democracia que sintoniza con la experiencia de los ciudadanos de hoy en día.

La superación de la izquierda y la derecha ha permitido también a los nuevos movimientos sociales en España desbordar el sistema político bipartidista, en virtud del cual los partidos socialista y conservador han jugado, desde la muerte de Franco, a pasarse el testigo en las instituciones políticas. En cierto sentido, Barcelona en Comú representa la política municipal de aquel 99% que popularizó Occupy Wall Street.

Para que estas políticas sean reales, se precisan medidas concretas que sometan a los representantes locales a procesos democráticos. En este sentido, todos los que se presenten bajo la bandera de Barcelona en Comú firmarán un código ético para garantizar que implementen las políticas para las que tengan mandato y eviten convertirse en políticos de carrera. Los candidatos elegidos no cobrarán más de 2.200 € netos al mes (gastos incluidos) y podrán mantenerse en el puesto un máximo de dos mandatos. Además, el código ético impone una prohibición general del "multi-empleo" y del acceso a cargos directivos o a consejos de administración en el sector privado tras su desempeño del cargo público, poniendo así fin a las "puertas giratorias" entre el servicio público y el lucro privado.

Las políticas urbanas que esperan implementar son igualmente ambiciosas. Incluyen priorizar la vivienda social y en régimen cooperativo, así como llevar a cabo la auditoría de todas las viviendas sin ocupar y adoptar medidas para ponerlas en uso. La plataforma se fija también como objetivo combatir los aspectos más perniciosos de la industria turística para, según se afirma en su manifiesto, “evitar que cambie el carácter esencial de la ciudad. No queremos un parque temático. Queremos ciudades inclusivas y habitables y barrios que ofrezcan trabajo digno.” Este es un tema importante para una ciudad de 2 millones de habitantes que atrae a más de 7 millones de visitantes al año.

Reclamar nuestras ciudades

Barcelona en Comú está hoy, según las encuestas, empatada con el partido de centroderecha catalán Convergència i Unió, actualmente en el gobierno de la ciudad. Organizaciones hermanas han surgido para lidiar también en las elecciones municipales en Madrid, Valencia y otras grandes capitales. El potencial de Barcelona en Comú de cara a las próximas elecciones recibió un impulso significativo cuando se le unió Podemos en el mes de febrero, aportando su importante capital político y presencia mediática. Este nuevo partido político de ámbito nacional, que surgió también del hervidero de los indignados, encabeza en estos momentos las encuestas, otro indicio de la sacudida radical que, en el sur de Europa, ha vivido la escena electoral tras los desastrosos programas de rescate de la troika.

Es demasiado pronto para decir cuál será el desenlace de este audaz intento de democratización del gobierno local, pero lo que está teniendo lugar en Barcelona manda un mensaje muy claro a todos los que se preocupan por las ciudades y a los que viven en ellas. El secuestro de los gobiernos locales por parte de intereses privados ha sido un desastre para las ciudades. Es hora de recuperar nuestras instituciones públicas.

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