José Zepeda: La mayoría del mundo, no sólo de los nicaragüenses, han vivido con asombro esta conversión del presidente Daniel Ortega, de un revolucionario que libera al país junto con sus compañeros de la dictadura de Somoza, a convertirse on el pasar de los años también en un tirano com o el que derrocó. Me consta que la explicación más socorrida es el amor por el poder. Pero ¿alcanza a explicar eso toda la importancia que tiene esta conversión?

Juan Carlos Arce: Por más de 10 años, Ortega se mantuvo en Nicaragua una estabilidad económica y política importante. Esa estabilidad estuvo marcada por una alianza con el gran capital del país.

En Nicaragua hemos soportado dictaduras por gobiernos que responden a un modelo que va más allá de Ortega, aunque él tiene una responsabilidad individual en lo que pasa y en la crueldad con la que se implementan las decisiones de Estado. Como colectivo de derechos humanos, hemos documentado más de 100 casos de tortura desde el 2018. Vemos un sentido muy claro de venganza, con acciones crueles como política de Estado.

Pero como digo, no es una cuestión que tiene que ver únicamente con Ortega, sino con un modelo, con un sistema que los nicaragüenses ansiamos transformar.

En el 2018, cuando salimos a la calle centenares de miles de personas, una de las peticiones principales era libertad, democracia y justicia. Y esas peticiones persisten.

Cuando Ortega asume el poder se acentúan una serie de prácticas violatorias y que, desde el 2018, incluyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado.

JZ: Cuando en el 2018 estalló la población de Nicaragua para reclamar mayor libertad, una de las reacciones con más repercusión a nivel internacional fue la de la señora Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega, quien dijo “vamos con todo”. Y efectivamente han ido con todo, hasta el extremo de que, de los 34 detenidos más relevantes en los últimos dos meses, más de una decena son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y se arriesgan a penas de entre 15 y 25 años de cárcel.

JCA: Tenemos que distinguir dos circunstancias importantes que tienen que ver con lo que sucede en este momento. En los 90, cuando se dan las elecciones y gana Violeta Barrios de Chamorro, el Frente Sandinista tenía una convicción casi absoluta que ganaba. Hoy día, son absolutamente conscientes de que, en elecciones mínimamente democráticas y con garantías, serían completamente derrotados, porque hay un rechazo muy fuerte. A Ortega solo lo sostienen sus fuerzas paramilitares y algunos grupos de poder económico, y gente del Frente Sandinista, en donde todavía Ortega sigue siendo el hombre fuerte.

JZ: Y el ejército…

JCA: La policía, sus fuerzas parapoliciales. En el 90 hubo un esfuerzo de institucionalidad en el ejército. Con Ortega, todo eso se fue a la basura. Era una institución sumamente creíble, yo recuerdo que cuando estábamos en Nicaragua como organismo de derechos humanos nos invitaban a la presentación de sus informes. Hoy en día eso es impensable. Había diálogo, había interacción con el ejército, con la policía. Ortega, ha construido todo un modelo económico-político que gira en torno a mantenerse en el poder. Hará cualquier cosa -y ahí se explica el “vamos con todo”- para conservarlo y preservarlo, porque el modelo que ha creado, desarrollado y fortalecido en este último año, funciona únicamente con Ortega.

No hablamos de cualquier poder, sino del que se ejerce de manera absoluta, contrariando cualquier marco de normativa jurídica. En Nicaragua no hay una discusión legal, porque la ley no importa, la que se impone es la ley dictada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En esa lógica hay que intentar entender las decisiones que adopta Ortega, que también están señaladas por la venganza, por profundos resentimientos. Ese señor no perdona que en el 90 el pueblo le haya dado la espalda. Y entonces nos castiga. Lo que hace no tiene sentido si se comprende que aquí hay una suerte de venganza hacia ciertos sectores. El CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) donde trabajé hasta que en el año 2018 nos cierran, nos persiguen y nos criminalizan, surgió en el contexto de la pérdida del poder del Frente Sandinista, y acompañó las luchas en los años 90 contra el modelo neoliberal, pero el Frente no perdona. Nosotros acompañamos la denuncia de Zoila América Narváez Murillo por abuso sexual. Esa es una de las razones del cierre del CENIDH. Hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a la víctima. En el 2018 hicimos lo que teníamos que hacer, acompañar a las madres de los asesinados, y eso Ortega, Murillo y su cúpula no lo perdonan.

JZ: Para el Gobierno, todo lo que hay es una gran conspiración puesta en marcha por los traidores a la Patria, con el apoyo decidido del gobierno de los Estados Unidos. La oposición considera que esto es una burda falsedad. Pero ¿hay todavía muchos partidarios de Ortega que creen en eso?

JCA: Creo que sí. He tenido la oportunidad de comprobarlo. Incluso en 2020 hice una gira más allá de los partidarios que están cautivos en el país y que son casi secuestrados como la mayor parte de la población. Es decir, no tienen otra opción. El salirse de la fila del Frente o cuestionar a Ortega o a Murillo o cualquiera de sus decisiones, implica la cárcel, la pérdida del empleo en el mejor de los casos. Hay que ver ahorita, la saña con la que se ha perseguido a ex compañeros defensores de los DDHH como Dora María Téllez, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco. Salirte del redil, cuestionar a ese “líder” que ejerce un poder tiránico, implica ser aplastado.

Pero en el 2018, una parte importante de los que salieron a la calle eran militantes del Frente Sandinista, incluso ex compañeros de celda de Daniel Ortega. De tal manera que es verdad que hay una militancia cautiva, y ellos lo saben.

JZ: La brutal represión, la saña, la venganza, han creado un miedo considerable entre la población nicaragüense y también entre aquellos que siempre han levantado su voz y aportado con su intelectualidad o con su actividad política al desarrollo del país. Los efectos del miedo son muy nocivos.

Hay mucho miedo. Aquí hay terrorismo de Estado y pronto va a publicarse un informe interinstitucional en donde se plantea ese terrorismo de Estado. El miedo es un mecanismo importante para que Ortega mantenga controlado al país y neutralice las protestas. Salir a la calle a manifestarse tiene como consecuencia no solamente ir a la cárcel, significa un hostigamiento sistemático y brutal, un ahogamiento económico. Nosotros hemos documentado los casos de excarcelados políticos, muchos de ellos se han tenido que ir, porque el gobierno quiebra sus pequeños negocios, sus pulperías o sus hoteles. Hay algunos que tienen algunos emprendimientos y no se permite que entren los clientes. Todo eso genera miedo y estas personas, al final, se van porque no tienen forma de subsistir frente a quien les declaró la guerra. Porque, aunque la lucha ha sido cívica, el gobierno ha respondido con tácticas y mecanismos de guerra. No solamente me refiero a la Operación Limpieza en el 2018 done, el 4 de julio, murieron 38 personas: 31 opositores, cuatro policías y 3 miembros de las fuerzas de choque del gobierno. Según algunos estudios, como el informe Bellingcat del 12 de febrero del 2019, en esa operación actuaron hasta con once tipos de armas, con personas con experiencia militar, incluso con participación del ejército, para atacar y asesinar a la población que protestaba.

Luego vino una oleada de detenciones masivas. Más de mil personas fueron detenidas y procesadas, algunas de ellas condenadas a una pena de 216 años, como es el caso del dirigente campesino Medardo Mairena.

Es la política de hostigamiento, que se ha incrementado de manera considerable este año, como hemos visto con las detenciones de las últimas semanas. Estos se suman a los más de 120 detenidos que tienen meses y años de encarcelamiento.

Acabamos de celebrar una audiencia de seguimiento de las medidas provisionales donde le ha planteado a la Corte Interamericana que estamos ante situaciones de desapariciones forzadas que son crímenes de lesa humanidad.

JZ: Efectivamente, acaba de salir un informe de Amnistía Internacional (25 de agosto) que da cuenta de desapariciones forzadas y cita 10 casos específicos en Nicaragua. Da la impresión que la comunidad internacional se ha contentado con poco.

JCA: A lo mejor pudieran plantear posiciones más claras a las instancias políticas de los gobiernos. Los sistemas de protección, como la Comisión Interamericana, incluso la Alta Comisionada de Naciones Unidas, han hecho lo que han podido, pero recordemos que estos sistemas están limitados y carecen de acciones coercitivas.

He visto, y es mi esperanza, cómo algunos gobiernos han marcado una clara distancia, incluso gobiernos que apoyaron a Ortega, como México o Argentina, llamaron a consulta sus embajadores. Yo quisiera ver la votación en órganos políticos, porque una cosa es llamar a consulta, pero otra es el voto en órganos como la Asamblea de la OEA.

Por otro lado, hay gobiernos que han implementado una serie de sanciones, incluso Suiza. Llama la atención porque establecen sanciones y, básicamente dicen, no queremos que vengan a lavar dinero sucio. Los canadienses plantean también varias sanciones. Los norteamericanos ya ni se diga. Aclaro que la ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, es una sanción de tipo individual. Aplaudo ese tipo de sanciones porque si la irregularidad persiste puede activar una serie de medidas con consecuencias más allá de lo individual, como por ejemplo la suspensión de los acuerdos de la Unión Europea. Nicaragua es parte de la región centroamericana del acuerdo con la Unión que contiene cláusulas específicas en materia de derechos humanos o, más grave todavía, se podría dar la suspensión del tratado de libre comercio DR-CAFTA. De hecho, el primer socio comercial de Nicaragua es Estados Unidos.

Es decir, hay una acción, a veces uno desearía más. Sin embargo, esto no es solo responsabilidad de la comunidad internacional. Lo subrayo y lo recalco, pero nosotros los nicaragüenses somos los primeros responsables. Ahora, desearíamos más porque estamos frente a unas fieras. Ortega y Murillo son unas fieras en el sentido literal de la palabra, apuntan a la destrucción de cualquier adversario o disidente. Recordemos que en 2018 sus operadores políticos recetaron la cárcel, el cementerio o el exilio.

JZ: Se podría afirmar que el pueblo nicaragüense tiene que prepararse para una lucha larga, dolorosa e incierta.

JCA: Coincido que es una lucha larga porque la lucha por la justicia es siempre larga. Se ve todavía en Argentina, en Guatemala, o en la misma España. Pero yo creo que esta vez lo vamos a hacer diferente. Porque yo nunca había visto un movimiento de víctimas tan fuerte donde, a pesar de la represión se levantara una voz tan clarita de las víctimas demandando justicia.

Esta última etapa puede ser larga. No sé cuánto va a durar, pero están acabados. La mayoría del pueblo no los quiere, se mantienen por la represión, porque han sido muy efectivos en eso.

Esto no termina con la salida de Ortega, hay que comenzar acciones encaminadas a contar la verdad, a construir memoria, a la búsqueda de la justicia para la reparación de las víctimas y el compromiso de la garantía de no repetición.

Creo que por ahí es el camino y ojalá no nos perdamos y seamos acompañados por la comunidad internacional en la construcción de ese país que nos merecemos, y que tarde o temprano vamos a tener.