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Miles de manifestantes han salido a las calles en las últimas semanas a protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y éste ha respondido con fuerza letal a las manifestaciones.

Además de las fuerzas de seguridad estatales, grupos favorables al gobierno - a los que se ha dado en llamarles “parapolicías” - han participado activamente en la represión, que según organizaciones no gubernamentales locales se ha cobrado la vida de entre 150 y más de 200 personas desde el comienzo de los disturbios.

Una fuente de la policía informó a El Confidencial, sitio nicaragüense de noticias por internet, que estos grupos parapoliciales están formados por pandilleros, policías de paisano, exguerrilleros y miembros de la organización progubernamental conocida como Juventud Sandinista.

Esta misma fuente declaró que el gobierno paga a los parapolicías entre 300 y 500 córdobas (de 10 a 15 dólares) por día de trabajo.

Imágenes grabadas de estos grupos en acción muestran cómo irrumpen en gran número en comunidades, con máscaras ocultándoles el rostro y por lo general provistos de armas cortas, aunque algunos parecen llevar armas de grueso calibre.

La intervención de estos grupos "parapoliciales" hace más difícil atribuir abusos contra los derechos humanos a las fuerzas de seguridad estatales y permite al gobierno distanciarse de los actos cometidos

Tanto los activistas de la oposición como investigadores independientes han acusado al gobierno de disculpar e incluso propiciar la brutalidad que se les atribuye, incluidas supuestas ejecuciones extrajudiciales.

La intervención de estos grupos "parapoliciales" hace más difícil atribuir abusos contra los derechos humanos a las fuerzas de seguridad estatales y permite al gobierno distanciarse de los actos cometidos y así evitar sanciones por violación de derechos humanos.

Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional que ha colaborado en un informe reciente sobre la violencia en Nicaragua, opina que la trayectoria de las balas y la ubicación de las heridas, en puntos de alto impacto como la cabeza, el cuello y el pecho, parecería indicar que muchas de las víctimas han sido ejecutadas por francotiradores de la policía y grupos parapoliciales.

Además de ejecuciones, se acusa también a los grupos parapoliciales de secuestros selectivos (detenciones arbitrarias), así como de vandalismo, robo a periodistas, incendio de viviendas y saqueo de establecimientos comerciales - en ocasiones, en coordinación con la policía nacional - con el fin de crear situaciones con las que poder difamar a la oposición.

Los grupos parapoliciales que emplea el gobierno nicaragüense han mostrado más allá de toda duda su propensión a la violencia y es posible que los actuales disturbios les permitan perfeccionar sus habilidades criminales e introducirse más a fondo en el terreno de actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro.

La implicación de los parapolicías en robos y secuestros con fines políticos es ya una realidad, y no sería difícil que pensaran en la posibilidad de sacar provecho personal de su experiencia en este campo. Tanto el secuestro como la extorsión son actividades ilícitas muy lucrativas en otros lugares del continente americano.

Sin embargo, ni es esta la primera vez que el gobierno emplea grupos parapoliciales para reprimir a la oposición, ni existen todavía indicios concretos de que estos grupos hayan diversificado sus actividades, pasando de la represión política a desarrollar negocios claramente fuera de la ley.

Pero el férreo control del poder por parte del presidente Ortega y la falta absoluta de transparencia de su régimen dificultan estimar los índices de criminalidad y saber si los grupos parapoliciales desempeñan efectivamente algún papel relevante en el mundo del crimen.

Roberto Orozco, experto en seguridad, asegura que “será difícil desmantelar” los grupos parapoliciales del país, porque son autosuficientes y están “armados hasta los dientes con armas suministradas por el Estado”.

Será difícil desmantelar los grupos parapoliciales del país, porque son autosuficientes y están armados hasta los dientes con armas suministradas por el Estado.

Hay que decir que hasta la fecha, las tasas de delincuencia en Nicaragua han sido muy bajas en comparación con otros países de la región.

Pero esos índices han empezado a subir a raíz de la crisis política y Orozco advierte que la dinámica que se ha puesto en marcha puede acarrear graves consecuencias para la criminalidad y violencia en el país.

“Esas armas no serán devueltas cuando termine la represión y el aumento del número de personas en posesión de armas puede crear una situación de mayor inseguridad, con índices elevados de extorsión, homicidios y otros crímenes”, concluye.

La deriva criminal de grupos similares, de apoyo al gobierno, en Venezuela sirve de ejemplo de lo que puede llegar a suceder en el futuro con los parapolicías de Nicaragua si persisten y se profundizan los actuales desórdenes.

Según David Smilde, experto en Venezuela de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA), es “altamente probable que, con el tiempo y sin vigilancia e intervención continuada”, los grupos progobierno que se han armado y organizado se involucren en actividades delictivas.

De hecho, los grupos progobierno en Venezuela, conocidos como colectivos, fueron organizados y mantenidos - y armados - por el presidente Hugo Chávez en la década de 2.000 para ayudar en la defensa de su gobierno contra cualquier intento de golpe.

Aunque Nicaragua está lejos de ser o parecer un “estado mafioso” como Venezuela, la actual inestabilidad en el país tiene implicaciones preocupantes para el futuro.

Con el tiempo, sin embargo, la inadecuada vigilancia de estos colectivos les permitió fortalecerse y adentrarse en el terreno de actividades ilícitas como la extorsión, el secuestro y el microtráfico. Además de seguir apoyando a las fuerzas del Estado en controvertidos operativos de seguridad y actividades contra la oposición.

“La descentralización de esos grupos eventualmente dará pie a elementos coincidentes con el delito”, pronostica Smilde.

Aunque Nicaragua está lejos de ser o parecer un “estado mafioso” como Venezuela, la actual inestabilidad en el país tiene implicaciones preocupantes para el futuro de su panorama delictivo.

Este artículo fue publicado previamente por Insight Crime.