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Hace 3 años, se firmó en Colombia el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, más conocido como el Acuerdo de Paz. En noviembre 24 de 2016, el ex-presidente, Juan Manuel Santos, y el entonces máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el extenso documento de más de 300 páginas, que sellaba la ruta del país hacia la paz para los próximos 20 años.

El Acuerdo perdió “momentum” a partir del momento en que, sometido a referéndum, se convirtió en arma política arrojadiza. La irresponsabilidad hizo que los colombianos perdieran la ilusión de que el fin de una guerra de más de cinco décadas, fuera realmente posible.

Tanto ha pasado en Colombia desde ese momento - un cambio de gobierno, la entrada de ex-combatientes a las instituciones, unas recientes elecciones locales que abrieron la puerta a alternativas políticas, y en las últimas semanas masivas marchas sociales - que vale la pena hacer un balance de la implementación de este Acuerdo que ya parece tan lejano.

Las preguntas a plantear serían las siguientes: ¿Se alcanzó la verdad, justicia y reparación a las víctimas? ¿Funcionaron como deberían las instituciones creadas bajo el marco del Acuerdo? ¿Cumplieron sus compromisos el gobierno y los ex-combatientes? Pero, principalmente, la pregunta clave sería: ¿verdaderamente, se alcanzó la paz?

En el contexto de polarización que se vive hoy en Colombia, es difícil dar una respuesta ecuánime a estas preguntas sin ser clasificados como partidarios de una u otro polo. En cualquier caso, acá presentamos un pequeño balance objetivo de la implementación del Acuerdo de Paz, con más sombras que luces tras tres años de su firma.

El Acuerdo y las víctimas

Tal como dice el Acuerdo, las víctimas fueron el aspecto guía de las negociaciones y del texto en sí. De los seis puntos que se estipulan en el Acuerdo, uno está dedicado exclusivamente a las víctimas, y en especial a su derecho a la “justicia, verdad, reparación y no repetición”. Es justamente a raíz de este punto que el Acuerdo crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del que forman parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Estas son las entidades que proporcionan a las más de 200.000 víctimas del conflicto armado colombiano una vía directa de participación en este Proceso de Paz.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, este bien podría ser el aspecto donde más se ha avanzado, o por lo menos donde se alcanzan a ver unos frutos. Por ejemplo, de los 214 informes que había recibido la JEP a octubre de este año, 101 habían sido entregados por organizaciones de víctimas. Además, la misma JEP, a solicitud de estas organizaciones, amplió el plazo para recibir estos informes, de marzo de 2020, a marzo de 2021, pues se trata del mecanismo de máxima expresión que tienen las víctimas para incluir sus versiones y sus verdades a la jurisdicción.

La JEP también ha hecho llamados para que las víctimas se acrediten en los casos que están en curso en este momento, para que puedan participar y velar así por sus derechos durante todo el proceso. Además, varias organizaciones de víctimas ya han tenido una participación directa en las audiencias, como fue el caso de la participación de las conocidas Madres de Soacha.

Instituciones creadas bajo el marco del Acuerdo

Ahora bien, preguntarse si las organizaciones creadas bajo el marco del Acuerdo, como las del SIVJRNR, funcionan como deberían, nos lleva a contemplar las numerosas trabas que el gobierno del presidente Iván Duque le ha puesto - o ha querido poner - a la JEP.

La más evidente, fue la jugada política de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción, es decir, el juego de reglas principal que tenía la JEP para funcionar. Vale la pena aclarar que la JEP ya tenía otro juego de reglas por el cual regirse, y gracias a eso venía funcionando desde junio de 2017. Sin embargo, la aprobación de Ley Estatutaria era de suprema importancia pues, entre otras, reglamentaba cómo se iba a verificar que los ex-combatientes estaban cumpliendo con los compromisos adquiridos y cómo iba a ser el mecanismo de participación de las víctimas.

En noviembre de 2017, el proyecto de Ley Estatutaria de la JEP pasó por el Congreso de Colombia y fue fuertemente ajustado. Acto seguido, el presidente Duque debía aprobarlo y darle el sello final. Sin embargo, en lo que muchos llamaron una jugada política para demorar el funcionamiento completo de la JEP, el presidente objetó ciertos artículos de la Ley, regresando todo el proceso al punto de partida. Llama la atención que, por ejemplo, se objetasen artículos que la misma Corte Constitucional ya había declarado inasequibles. Es decir, no solo objetó la Ley, sino el mismo trabajo de la Corte. Llamativo.

En este contexto, la Ley Estatutaria de la JEP, que había pasado por la Corte Constitucional y por el Congreso de Colombia en el 2017, solo fue finalmente aprobada por el presidente Duque en junio de 2019. También importa subrayar las demoras en el desembolso del presupuesto de las otras entidades del Sistema.

¿Se alcanzó la paz?

Muchos criticaron al ex-presidente Juan Manuel Santos por abusar de la retórica del fin del conflicto y sobredimensionar el alcance de una paz estable y duradera, cuando el país aún se encontraba (y encuentra aún) sumido en otros conflictos. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Colombia aún existen 5 conflictos armados internos.

Además, el gobierno no ha cumplido justamente con lo acordado, en especial en cuestiones relacionadas con la sustitución de cultivos y restitución de tierras. Esto ha generado aún más conflictividades en zonas donde hoy operan las disidencias de las FARC.

El gráfico elaborado por la FIP nos sugiere dos cosas: un Acuerdo de Paz permite alcanzar mucho, como por ejemplo presenciar el año con menos homicidios en la historia reciente del país (2016), pero también nos muestra la fragilidad de estos procesos y la importancia de implementarlos con compromiso y responsabilidad.

En cualquier caso, las dificultades para la implementación del Acuerdo han sido demasiado grandes y la falta de voluntad política de avanzar por ese camino hace que el balance a tres años de la firma sea muy pobre. Es urgente un impulso decidido al posconflicto antes de que la situación sobre el terreno se deteriore aún más y veamos resurgir una guerra que ya muchos en Colombia vieron enterrada para siempre.