El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil celebró una audiencia pública sobre la acción que establece la suspensión de los operativos policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro durante la pandemia, mas conocida como ADPF de las favelas.

La audiencia pública que se llevó a cabo de forma virtual convocó al conjunto de las organizaciones de la sociedad civil admitidas como amici curiae (amigos de la Corte) en el proceso, al Ministerio Público y otras entidades gubernamentales.

Durante dos días se escucharon los memoriales de las organizaciones de la sociedad civil en las que reinó el consenso en relación a que la actual política de seguridad del estado de Rio de Janeiro es un modelo que favorece el enfrentamiento y que pone en riesgo a las comunidades y a la misma policía en una perspectiva de guerra que no produce nada en términos de seguridad pública efectiva y si genera un índice altísimo de violencia policial que impacta profundamente la vida de las familias y comunidades negras de favelas y periferias.

Al respecto, la CIDH observa en su informe resultante de la visita in loco realizada en el año 2018, “el uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas de seguridad, que termina generando un alto número de víctimas afrodescendientes, residentes de barrios marginales, periferias y zonas de mayor vulnerabilidad económica. La militarización de la seguridad pública, a su vez, implementa la lógica bélica en los centros urbanos y rurales, generando un fuerte proceso de contrarreacción. Ese proceso hace que la policía de Brasil sea considerada una de las policías más letales del mundo, a la vez que es la que más muere.”

Basados en datos recogidos por la organización Iniciativa de Derecho a la Memoria y a la Justicia Racial IDMJR (por sus siglas en portugués) se identificó que ha habido una amplia violación de la orden judicial pues las operaciones policiales no se interrumpieron ni siquiera durante la pandemia en Baixada Fluminense. En el transcurso de 10 meses de implementación de la medida cautelar que impide operaciones policiales en Río de Janeiro, se identificaron un total de 330 operativos policiales que se llevaron a cabo solo en la Baixada Fluminense que resultaron en el asesinato de 56 personas y 122 personas heridas o baleadas.

Por ello, velar por el cumplimiento de la suspensión de los operativos policiales es fundamental para evitar la continuación de una política de enfrentamiento armado genocida que sólo resulta en la muerte de personas de raza negra. El Ministerio Público, organismo encargado de llevar a cabo el control externo de la actividad policial, anunció recientemente un cambio en su estructura para cumplir con este objetivo: corresponderá ahora a las entidades de la sociedad civil participar en las acciones de seguimiento para monitorear los resultados concretos en la reducción de la letalidad y proteger la vida de las personas que viven en las favelas. Este cambio, al igual que a audiencia pública en la que por primera vez, víctimas de violencia policial pudieron dirigirse directamente al Supremo Tribunal, es resultado de la ADPF 635 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental).

La petición por incumplimiento de precepto fundamental ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conocido como "ADPF de las Favelas" fue construida colectivamente con la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro, el PSB (Partido Socialista Brasilero), Educafro, Justiça Global, Redes da Maré, Conectas Direitos Humanos, Movimento Negro Unificado, Iser, IDMJR, Coletivo Papo Reto, Coletivo Fala Akari, Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência, Mães de Manguinhos, entidades y movimientos sociales reconocidas como amici curiae en el proceso.

Desde junio, una medida cautelar del ministro Edson Fachin, avalada por el pleno de la Corte, determinó la suspensión de los operativos policiales en Río de Janeiro durante la emergencia sanitaria del Covid-19. La histórica decisión fue otorgada luego de la solicitud cautelar de las organizaciones participantes en la ADPF 635.

El debate fue abierto con el fin de discutir estrategias para reducir la letalidad policial en el estado de Río de Janeiro, una de las obligaciones del Estado brasilero impuesta por la sentencia de la Corte IDH en el caso Favela Nova Brasilia vs Brasil de 2017. El caso, litigado por CEJIL, derivó en una sentencia en la cual el Estado Brasilero fue condenado por la violación de varios derechos humanos fundamentales en el marco de una operación policial. Entre los puntos resolutivos adoptados en la referida sentencia se destaca la obligación número 17 que exige al Estado adoptar las medidas necesarias para que el estado de Río de Janeiro establezca metas y políticas para la reducción de la letalidad y la violencia policial.

La relevancia de esta condena internacional para la sentencia del presente caso ya ha sido reconocida tanto por el ministro Gilmar Mendes en su voto en la sentencia de la medida cautelar parcial cuando destacó que “Brasil fue incluso condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Favela Nova Brasília, no solo por violar las reglas mínimas de uso de la fuerza, pero también por no proporcionar protocolos para el uso de la fuerza.” Igualmente, el ministro relator Edson Fachin, por su parte, se refirió a la demora en el cumplimiento de la orden emitida por la Corte Interamericana como base plausible para la tesis de que “el Estado de Río de Janeiro no impulsa políticas públicas para reducir la letalidad policial”.

Beatriz Galli, directora del programa para Brasil de CEJIL, afirmó consecuentemente durante la audiencia: “la presente audiencia tiene una importancia histórica para promover el debate público sobre el racismo estructural en la política de seguridad pública en Río de Janeiro donde la letalidad policial contra la población negra que vive en las favelas es la más alta del mundo. Sin embargo, como resultado concreto, exigimos que se implemente la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Favela Nova Brasilia y se adopte de manera urgente un plan para reducir la letalidad policial que establezca metas y políticas claras que permitan monitorear las operaciones en favelas y periferias, el uso desproporcionado de la fuerza y el uso de perfiles raciales. Sólo así será posible superar el actual escenario de confrontación violenta, racismo y muerte que vive el estado de Rio de Janeiro.”