La semana pasada, la Corte IDH notificó su decisión de 3 de junio de 2021 donde declaró responsable al Estado venezolano por las torturas, detenciones arbitrarias y asesinato a manos de la policía de Jimmy Guerrero y Ramón Molina, destacando que los actos estuvieron motivados por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”. O sea que su muerte, injustificada, fue resultado del estigma que un joven pobre es un peligroso delincuente, pues sobre ellos no existió ninguna orden de captura y fue demostrado que Guerrero no cometió ningún delito.
A su vez, la Corte IDH estableció que, luego del asesinato, los funcionarios policiales demostraron un grave ensañamiento contra el cuerpo de Guerrero, lo que se comprende como una manifestación de la violencia policial contra hombres jóvenes en situación de pobreza, así como la convicción de los agresores de que ello quedaría en la impunidad.
Guerrero y Molina fueron asesinados el 30 de marzo de 2003, y al día de hoy no existe ningún proceso abierto ni persona condenada por lo que les ocurrió. Previo a ser ejecutado, Guerrero había denunciado, en al menos seis ocasiones ante las autoridades los hostigamientos y amenazas por parte de las Fuerzas Armadas policiales del estado Falcón y miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
