Pañuelazo en Santa Fe, Argentina. Wikimedia Commons.Este artículo fue publicado originalmente en portugués en Nexo Jornal y se puede leer aquí

La Argentina se encamina hacia la despenalización y la legalización del aborto temprano. Si bien el Senado rechazó aprobar el proyecto que vino de Diputados, los dos millones de personas que salieron a reclamar en las calles la aprobación y que sostuvieron a lo largo de cinco meses la visibilidad del debate, dan la sensación de que el triunfo es una cuestión de tiempo.

Este año el país ocupó tapas de diarios internacionales por la osadía de ser uno de los pocos países de Latinoamérica en abordar en el Congreso la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo.

Solo Cuba, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico reconocieron ese derecho, junto con la ciudad de México. 

Aunque las fotos desbordantes de las dos vigilias, la primera en la larga noche del 13 de junio cuando finalmente a la mañana siguiente el proyecto logró la media sanción de la Cámara de Diputados, y la otra, hace pocos días, el 8 de agosto, cuando se trató en la Cámara de Senadores, pueden dar la idea de un movimiento nuevo, lo cierto es que el proceso fue largo y pueden marcarse hitos fundantes.

La Comisión por el Derecho al Aborto se fundó en 1988 y las integrantes apenas llegaban a ser una decena. Entre ellas estaban Dora Coledesky y Laura Bonaparte, referente histórica de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

En una de las reuniones, mujeres de distintos países decidieron que el 28 de septiembre sería el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.

La Comisión muestra la confluencia entre la lucha por los derechos humanos y el feminismo a poco tiempo de la recuperación democrática en el país. 

Otro momento significativo para la región fue el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en San Bernardo en 1990.

En una de las reuniones, mujeres de distintos países debatieron sobre la interrupción voluntaria del embarazo y decidieron que el 28 de septiembre sería el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina.

La fecha es significativa y fue propuesta por un grupo de brasileñas ya que se conmemoraba en Brasil la “libertad de vientres”, sancionada en 1888. Ese acontecimiento fue tomado como símbolo de soberanía de los cuerpos: “Libertad de vientres. Libertad de esclavos. Legalización del aborto. Libertad de la mujer para decidir”.

La historia de la lucha por el aborto en la Argentina y su carácter internacionalista puede leerse en el libro de la activista feminista queer Mabel Bellucci, Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo.

La Comisión presentó en 1992 por primera vez un proyecto de anticoncepción y aborto. La estrategia fue comenzar a sacar a la luz los problemas que implicaba la penalización y mostrar la legalidad que ya había en otros países en una época no muy lejana pero en la que la información circulaba de manera restringida en los medios de comunicación.

Ese proyecto fue el antecedente del que presentaron en 2007 ya como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con el lema “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto Legal para no morir”.

En 2015, la movilización en torno de la consigna "Ni Una Menos” potenció la vitalidad y el crecimiento del movimiento feminista, que cambió la agenda pública en el país.

A pesar de este bagaje y la tenacidad del activismo feminista, hasta hace poco las perspectivas de legalizar el aborto en la Argentina parecían sombrías. En 2015, la movilización en torno de la consigna "Ni Una Menos” potenció la vitalidad y el crecimiento del movimiento feminista, que cambió la agenda pública en el país.

El Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza cada año desde 1986, duplicó su convocatoria desde ese año. La Campaña por el Derecho al Aborto también se nutrió de nuevos apoyos: de alrededor de 300 organizaciones adherentes, hoy supera las 500.

El CELS es uno de los organismos de derechos humanos que integra la Campaña. De las legiones de activistas participan cientos de miles de jóvenes de colegios secundarios de todo el país, que impusieron su derecho a decidir y lo defendieron por derecho propio, hasta las “viejas” referentes convertidas en rockstars.

Este año, la presión de las crecientes movilizaciones callejeras en torno de los derechos de las mujeres, lesbianas, travestis y trans hizo que el presidente Mauricio Macri enviara señales políticas de que el debate podía avanzar en el Congreso.

La Campaña presentó por séptima vez su proyecto de ley, acompañada por miles de activistas que llevaban el pañuelo verde, símbolo de la Campaña y de la lucha por la libertad y la autonomía de nuestros cuerpos.

Lo que parecía un reclamo utópico frente a la permanente alianza entre las iglesias cristianas y católicas y sectores del Estado, empezó a hacerse realidad.

La lucha por este derecho tiene décadas, pero las grandes demostraciones de los feminismos dan sentido a lo que se canta en las calles del país: “Ahora que sí nos ven”.

El debate en el Congreso mostró también que la sociedad va más adelante que muchos de sus mandatarios. 

Y la toma de conciencia de la desigualdad cultural y legal en la que se encuentran las mujeres y los varones trans respecto de su propia soberanía también tuvo eco en las alianzas transversales interpartidarias que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con estrategias compartidas por representantes que en otras agendas están en las antípodas.

El debate en el Congreso mostró también que la sociedad va más adelante que muchos de sus mandatarios. El principal obstáculo en ambas Cámaras fue la tensión entre las creencias personales y las responsabilidades públicas de las y los diputados y senadores.

Asistimos a la reedición de estrategias antiderecho que pueden verse en toda América Latina; podemos enumerar algunas: el uso espurio del derecho internacional de los derechos humanos para hacerle decir lo que no dice, la justificación del rechazo fundada en un saber “científico” -hay vida desde la concepción- para ocultar argumentos de fe; una defensa nacionalista frente a disparatados “intereses extranjeros”; la supuesta y falsa injerencia de la Nación en el ordenamiento provincial; el alto impacto de los costos en los sistemas sanitarios, a pesar de la evidencia contraria.

El proceso dejó a la vista las obligaciones incumplidas del Estado y los permanentes llamados de atención de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a la Argentina que revise la legislación que resulta discriminatoria, como la penalización del aborto y la falta de acceso a la salud de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.

En un sentido similar se pronunciaron en el ámbito de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer, el Comité que evalúa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos.

A pesar de que la Cámara de Senadores rechazó el proyecto, no hay retrocesos, sino saldos culturales, organizativos y legislativos. De los siete proyectos que presentó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal desde 2007, recién en 2014 se trató en una comisión legislativa y no obtuvo dictamen.

El Congreso venía siendo refractario a abordar el tema y prefería ser negacionista y mantenerse ausente a la hora de abordar el aborto como un problema de salud pública. 

El Congreso venía siendo refractario a abordar el tema y junto con el resto de los poderes del Estado prefería ser negacionista y mantenerse ausente a la hora de abordar el aborto como un problema de salud pública. Este año, por primera vez tomó estado parlamentario y logró una media sanción.

En las audiencias públicas en ambas Cámaras, transmitidas en vivo, con amplia cobertura de prensa, la sociedad pudo escuchar a más de mil especialistas de distintas disciplinas. De allí salió un amplio consenso contra la penalización de las mujeres y varones trans que abortan y es esperable que tenga impacto en la política penal.

El activismo intergeneracional, heterogéneo y confluyente alrededor de una agenda en común no parece tener marea baja. Cada país de América Latina siguió el debate como si fuera propio, por los lazos internacionalistas del activismo feminista y los efectos que el avance de derechos tiene para la región.

La ola verde sigue creciendo y organizándose para conquistar su derecho. Nuestro próximo paso será ley.