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Venezuela ya es una crisis regional

Si Venezuela es un problema regional, América Latina y el Caribe tienen que asumir como suya la lucha por rescatar la democracia venezolana para resolver esta crisis. English

Refugiados en un campamento en Colombia, Fuente: Wikimedia Commons

Hace un año, en abril de 2017, la oposición venezolana inició una campaña de manifestaciones callejeras contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Durante cuatro meses, equipos antimotines de la policía y la Guardia Nacional se enfrentaron casi a diario con decenas de miles de manifestantes en las calles de Caracas y otras ciudades del país. Civiles armados pro-gobierno, mal llamados “colectivos”, también jugaron un papel.

Los muertos se acumulaban al ritmo de aproximadamente uno por día, muchos de ellos jóvenes manifestantes víctimas de lo que organizaciones de derechos humanos calificaron de “uso excesivo de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad.

Hoy en día, las imágenes de los venezolanos que aparecen en la prensa mundial no son de manifestantes enmascarados tirando piedras y bombas molotov. Son de refugiados que cruzan las fronteras con lo poco que pueden cargar.

En agosto, de acuerdo con la versión del gobierno, “la paz” volvió a las calles. La campaña de la oposición – bajo el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de partidos – había fracasado.

Buscaba, entre otras cosas, obligar al gobierno a que restableciera los poderes de la Asamblea Nacional (AN, el parlamento unicameral, en manos de la MUD desde enero de 2016) y permitiera una elección presidencial justa y transparente. Pero Maduro convocó una asamblea constituyente, boicoteada por la MUD, que desde entonces ha fungido como legislativo y que el gobierno considera soberano. La Asamblea Nacional permanece impotente.

Hoy en día, las imágenes de los venezolanos que aparecen en la prensa mundial no son de manifestantes enmascarados tirando piedras y bombas molotov. Son de refugiados que cruzan las fronteras con lo poco que pueden cargar, a veces con niños en sus brazos; que duermen en las calles en ciudades colombianas y brasileñas, y que buscan tratamiento médico en los abarrotados hospitales de los países vecinos.

El 30 de julio 2017, se eligieron los 545 miembros de la constituyente – todos  chavistas – en un proceso que violó el principio de “una persona-un voto” y en el que al Consejo Nacional Electoral – controlado por el gobierno – se le acusó de falsificar la participación. Dos días más tarde, a los puestos fronterizos de Colombia llegaron tantos migrantes venezolanos que la cola era de siete horas.

Unos 600,000 pasaron por allí en total en el 2017, de los cuales – según Save the Children – 48% eran niños. Para muchos, la esperanza de resolver la crisis a corto plazo se había esfumado. Y esa crisis había pasado de ser un asunto interno venezolano – si alguna vez lo fue – a ser un desafío para la región.

El 20 de mayo se celebrarán elecciones presidenciales, pero luce poco probable que estas ayuden a resolver la crisis. La fecha fue escogida por el gobierno a su conveniencia, dinamitando negociaciones sobre las condiciones electorales que se realizaban a principios de 2018 en República Dominicana entre representantes del gobierno y de los principales partidos de oposición.

La mitad de los países de la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, junto con la Unión Europea, ya ha dicho que no reconocerán el resultado de una elección que consideran ‘ilegítima’. Solo una pequeña parte de la oposición, agrupada en torno a la candidatura del exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, ha aceptado participar.

La oposición está dividida en tres bloques, porque entre los que rechazan participar en las elecciones, algunos – asociados principalmente con los partidos que domininan la AN – siguen insistiendo en una solución negociada, mientras otros, agrupados en el movimiento ‘Soy Venezuela’, exigen la renuncia inmediata de Maduro y abogan por una ‘intervención humanitaria’.

Este término, traducido al mundo real, no significa otra cosa que una intervención militar, cuyas consecuencias podrían ser aún peores para los venezolanos que lo que padecen hoy en día. Pero también es cierto que, hasta ahora, varias rondas de ‘diálogo’ solo han servido para demostrar la mala fe del gobierno.

En nuestro informe más reciente International Crisis Group analiza el impacto sobre la región de la implosión de Venezuela. No es solo la crisis migratoria: el país que antes exportaba casi nada que no fuera petróleo, ahora exporta enfermedades, crimen organizado, inestabilidad política y contracción económica.

Por ahora, solo se puede tratar los síntomas: poner fin a la crisis y lograr una solución duradera pasa necesariamente por una negociación seria entre las partes, que no se dará sin la ayuda de los vecinos. Recuperar la economía también va a necesitar apoyo externo, tanto bilateral como multilateral y de capital privado.

No será fácil. Los que encabezan el grupo gobernante temen, con mucha razón, que podrían perder todo si dejasen el poder. Hasta ahora, el efecto principal de la presión externa, en forma de sanciones individuales por parte de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos y financieras impuestas únicamente por Washington, ha sido el de obligarlos a atrincherarse.

Y la presión interna que se había logrado se ha disipado casi por completo con el desmoronamiento de la unidad opositora, reduciendo el costo de mantenerse en el poder.

En primerísimo lugar, hay que atender la crisis humanitaria, ayudando a los refugiados y a los países que los acogen, pero también buscando formas creativas de aliviar el sufrimiento dentro de Venezuela, que es lo que empuja a a la gente a emigrar. Pero ni el gobierno ni la oposición debe utilizar la ayuda humanitaria como un arma política.

Segundo, los gobiernos de la región deberían buscar la forma de aplicar sanciones, aún cuando su legislación en muchos casos no permite copiar al pie de la letra las que han aplicado EE UU, Canadá, la UE y otros países.

Es importante que América Latina y el Caribe asuma como suya la lucha por rescatar la democracia venezolana. Las sanciones deberían seguir siendo principalmente individuales, y su levantamiento debería depender del retorno a la mesa de negociación y pasos concretos hacia una restauración democrática.

Las sanciones por si solas no van a producir el cambio. Hace falta una campaña diplomática coordinada, persistente y creativa. Vale la pena explorar por ejemplo, la posibilidad de convencer al gobierno chino de la conveniencia de persuadir a su aliado Maduro de que negocie en serio.

Los gobiernos que enfrentan situaciones económicas tan extremas no suelen sobrevivir, pero actualmente no hay ninguna alternativa a la vista.

Hace tiempo que Beijing se niega a prestarle más dinero, pero si quiere proteger sus inversiones en Venezuela, sin hablar de recuperar aunque sea una parte de la enorme deuda bilateral, le convendría ser más proactivo.

El país ya entró en un ciclo hiperinflacionario. La inflación interanual puede fácilmente llegar a 300,000 por ciento para finales del 2018, si no hay un cambio de política después de la elección. El gobierno apenas está pagando una porción del servicio de la deuda externa, y está en mora por un monto mayor a los $2 mil millones.

Los gobiernos que enfrentan situaciones económicas tan extremas no suelen sobrevivir, pero actualmente no hay ninguna alternativa a la vista, y además el chavismo ha logrado aprovechar políticamente el racionamiento de alimentos subsidiados, aunque estos sean insuficientes para paliar el hambre.

Es necesario actuar para que el desastre no se profundice aún más, pero evitando lo que pueden parecer soluciones fáciles, como un embargo petrolero o – peor – una intervención militar. La inacción, sin embargo, no es una opción.  

About the author

Phil Gunson es Analista Senior para la región andina del International Crisis Group. Con base en Caracas, Phil investiga, y produce materiales para el diseño de política y para la defensa de cuestiones políticas en la región andina, centrándose en la situación política venezolana.

Phil Gunson is Andes Project Senior Analyst at internacional Crisis Group, Based in Caracas, Phil researches and produces Crisis Group policy materials and conducts advocacy on political issues in the Andes region, focusing primarily on the Venezuelan political situation.


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