Carmen Rosa Villa Quintana es presidenta del Comité contra la Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. En entrevista exclusiva con democraciaAbierta, la representante aclara responsabilidades, magnitud del drama y caminos de solución.
José Zepeda: Organismos de derechos humanos a nivel local e internacional cifran en aproximadamente 91.000 las personas desaparecidas en varios países de América Latina, fundamentalmente en el transcurso de las dictaduras militares. eêro México ha superado la cifra de 100.000 desaparecidos. Doy el primer antecedente porque ilustra la magnitud de la tragedia humana por la que atraviesa México. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas que usted preside, publicó el pasado mes de Abril su informe sobre la visita a México que llevó a cabo los días 15 y 26 de noviembre del 2021. A propósito del informe, la prensa mexicana ha puesto variado énfasis en los presumibles responsables de las desapariciones.
Carmen Rosa Villa: El informe menciona una serie de contextos en los que ocurren las desapariciones forzadas y hace una relación de los patrones que describen el fenómeno como una situación generalizada. Al mes de Mayo 2022, según el registro, hay 100.331 personas desaparecidas. Esto muestra la magnitud y la gran preocupación, pero sobre todo, es a partir de la información recibida que señalamos los patrones en los que ocurren estas situaciones.
Por ejemplo, las cometidas directamente por servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal, como también por la delincuencia organizada, perpetrador central de las desapariciones con diversas formas de connivencia, grados de participación, aquiescencia u omisión de los servidores públicos.
Si bien es cierto tenemos más de 100.331 personas desaparecidas, las víctimas no solo son las personas desaparecidas, sino sus familiares, quienes exceden grandemente a las 100.000 personas desaparecidas y se pueden contar por centenares de miles de familias directamente afectadas por la desaparición de sus seres queridos: esposos, esposas, hermanos, primos.
JZ: En el mejor de los casos, se ha judicializado un máximo del 6% de las desapariciones y se han emitido 36 sentencias. En consecuencia, no es ninguna exageración decir que en México la impunidad es casi total.
MRV: Estamos frente a una impunidad casi absoluta, lo que constituye el paradigma del crimen perfecto y, sobre todo, el impacto que esta impunidad tiene para la sociedad en su conjunto. Los 100.331 casos muestra que la desaparición no paró. El incremento es significativo. Son más de cinco mil personas que han desaparecido en seis meses, que van de la mano con otro elemento, que también es parte del análisis: la crisis forense. Más de 52.000 personas fallecidas que se encuentran sin identificar a la fecha, al momento están en fosas comunes, en los servicios forenses, incluso hay cuerpos que han sido derivados a las universidades y se encontraban en el servicio o en los centros de resguardo forense.
JZ: Si la justicia no enjuicia, ello se debe en parte a que muchas veces los funcionarios judiciales mantienen una actitud pasiva o de franca indolencia. Da la impresión que esto se agrava si le sumamos que el Estado hasta el día de hoy no asume su responsabilidad en el tema de las desapariciones. Dicen que es herencia del pasado, que es causa del crimen organizado. Hay un dicho popular que todos conocemos en América Latina que cree que el reconocimiento de la enfermedad señala el comienzo de la mejoría.
MRV: Hay un reconocimiento público de que esta es una situación en la que el Estado se ha comprometido a implementar las recomendaciones del Comité. Eso constituye un primer paso muy importante.
De hecho, como Comité, estamos esperando a los cuatro meses de haber presentado este informe, que es la fecha que se le ha otorgado al Estado para sus comentarios.
El informe se basa en información oficial, en un diálogo con las víctimas, en documentación valiosa que nos fue alcanzada y que mereció de parte de la delegación un análisis a conciencia para hacer una recomendación efectiva que surge como paraguas de todo aquello que se debe hacer desde el Estado. Por eso hemos urgido al Estado a la adopción e implementación y a la erradicación de las desapariciones forzadas, que requiere una serie de condiciones y la atención de grandes prioridades.
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