Bajo este lente, la JEP sí funciona. Funciona para las víctimas que se acercan día a día a querer tener un rol activo en los proceso de la JEP; funciona para los excombatientes o actores del conflicto que quieren contar la verdad y tejer la historia, testimonio por testimonio, del país; funciona para el Congreso y la Corte Constitucional, quienes aportaron y adecuaron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, en el Acto Legislativo y la Ley Estatutaria. La JEP funciona para cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia que quiera otorgar la oportunidad a una justicia transicional que busca darle un cierre a un conflicto que marcó la historia del país y nos enseñó que el actor más importante es el más silenciado: las víctimas.
Pero la JEP no funciona para el Gobierno. O el Gobierno no quiere que la JEP funcione. Tan solo para el presupuesto del 2021, el Gobierno piensa desfinanciar a la JEP en un 20%. En el 2019, la JEP recibió sólo un 80% de lo que había solicitado, y ese 80% se redujo en un 30% para el 2020. Esta estrategia encubierta del gobierno Duque busca acabar con la JEP, a quien parece no importarle que eso afectaría a miles de víctimas que ya ven sus casos andando. Una estrategia que pasa de ser atrevida a ser cobarde.
Lo que nos lleva a hacer un balance muy negativo en cuanto a la implementación del componente de justicia transicional del Acuerdo a cuatro años de su firma. Es hora de prender todas las alarmas al Gobierno Nacional para que se comprometa, de una vez por todas, con una paz que debería estar ya mucho más implementada.