No pasa un día sin que los y las colombianos nos encontremos con noticias sobre el proceso de paz. Bien sea escandalosas, como la violencia sistemática contra líderes sociales y las masacres de civiles; negativas, como el reciente escándalo del posible mal manejo del dinero del posconflicto; preocupantes, como la falta de compromiso del Estado colombiano en cumplir lo pactado en temas de seguridad, de sustitución de cultivos y de aprobación de proyectos productivos; o, incluso, positivas, como la tasa de atentados a estructura crítica o la tasa de acciones guerrilleras más baja de los últimos años.
Sin embargo, tanto bombardeo de información también lleva a la desinformación. Y esto es justamente lo que viene ocurriendo con el componente de justicia del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, representado en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Entre la desinformación, se escucha que a la JEP se puede acoger cualquiera y hasta que la JEP sencillamente no está funcionando. Todas premisas que parten de la desinformación y el desentendimiento.
El cometido de la JEP se centra en la reparación de las víctimas, mediante una justicia que, aunque busca castigar, se enfoca principalmente en restaurar al compareciente. Es en este sentido que la JEP ha tenido muchos logros, como el haber acreditado a más de 300 mil víctimas para participar en los siete macrocasos que lleva la Jurisdicción; tener presencia institucional en 20 de los 32 departamentos del país, donde han realizado más de 185 eventos, llegando a 1470 personas en lo que va corrido del 2020; o haber logrado trabajar en siete macrocasos que atienden los crímenes más significativos del conflicto colombiano con las FARC-EP, como lo son el secuestro, los falsos positivos y la violencia sexual. Histórico, además, ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC-EP en hechos como el secuestro y asesinato de civiles del país.
