No pasa un día sin que los y las colombianos nos encontremos con noticias sobre el proceso de paz. Bien sea escandalosas, como la violencia sistemática contra líderes sociales y las masacres de civiles; negativas, como el reciente escándalo del posible mal manejo del dinero del posconflicto; preocupantes, como la falta de compromiso del Estado colombiano en cumplir lo pactado en temas de seguridad, de sustitución de cultivos y de aprobación de proyectos productivos; o, incluso, positivas, como la tasa de atentados a estructura crítica o la tasa de acciones guerrilleras más baja de los últimos años.

Sin embargo, tanto bombardeo de información también lleva a la desinformación. Y esto es justamente lo que viene ocurriendo con el componente de justicia del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, representado en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP. Entre la desinformación, se escucha que a la JEP se puede acoger cualquiera y hasta que la JEP sencillamente no está funcionando. Todas premisas que parten de la desinformación y el desentendimiento.

El cometido de la JEP se centra en la reparación de las víctimas, mediante una justicia que, aunque busca castigar, se enfoca principalmente en restaurar al compareciente. Es en este sentido que la JEP ha tenido muchos logros, como el haber acreditado a más de 300 mil víctimas para participar en los siete macrocasos que lleva la Jurisdicción; tener presencia institucional en 20 de los 32 departamentos del país, donde han realizado más de 185 eventos, llegando a 1470 personas en lo que va corrido del 2020; o haber logrado trabajar en siete macrocasos que atienden los crímenes más significativos del conflicto colombiano con las FARC-EP, como lo son el secuestro, los falsos positivos y la violencia sexual. Histórico, además, ha sido el reconocimiento de responsabilidad de las FARC-EP en hechos como el secuestro y asesinato de civiles del país.

Bajo este lente, la JEP sí funciona. Funciona para las víctimas que se acercan día a día a querer tener un rol activo en los proceso de la JEP; funciona para los excombatientes o actores del conflicto que quieren contar la verdad y tejer la historia, testimonio por testimonio, del país; funciona para el Congreso y la Corte Constitucional, quienes aportaron y adecuaron el Acuerdo para la Terminación del Conflicto, en el Acto Legislativo y la Ley Estatutaria. La JEP funciona para cualquier ciudadano o ciudadana de Colombia que quiera otorgar la oportunidad a una justicia transicional que busca darle un cierre a un conflicto que marcó la historia del país y nos enseñó que el actor más importante es el más silenciado: las víctimas.

Pero la JEP no funciona para el Gobierno. O el Gobierno no quiere que la JEP funcione. Tan solo para el presupuesto del 2021, el Gobierno piensa desfinanciar a la JEP en un 20%. En el 2019, la JEP recibió sólo un 80% de lo que había solicitado, y ese 80% se redujo en un 30% para el 2020. Esta estrategia encubierta del gobierno Duque busca acabar con la JEP, a quien parece no importarle que eso afectaría a miles de víctimas que ya ven sus casos andando. Una estrategia que pasa de ser atrevida a ser cobarde.

Lo que nos lleva a hacer un balance muy negativo en cuanto a la implementación del componente de justicia transicional del Acuerdo a cuatro años de su firma. Es hora de prender todas las alarmas al Gobierno Nacional para que se comprometa, de una vez por todas, con una paz que debería estar ya mucho más implementada.