Colombia lleva en paro desde el 28 de abril. Una propuesta de reforma tributaria fue recibida con indignación por parte de una ciudadanía movilizada y destapó una crisis social e institucional, impulsada por una erosión de la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y el gobierno, una corrupción desenfrenada, una desigualdad en aumento, que se presenta con un 42% de pobreza monetaria, y un fuerte déficit de representatividad, donde ninguna opción de liderazgo parece alcanzar a cubrir las expectativas de la sociedad.
Aunque cada uno de estos problemas responde a una dinámica propia, realmente están interconectados. La corrupción florece en la impunidad y lleva a que las instituciones no funcionen. La rama judicial no castiga al corrupto, pues ha sido corrompida. La rama legislativa parece estar estancada. Los impuestos no se traducen en mejoras sociales en educación, salud, infraestructura o mejores servicios, lo que a su vez lleva a que la desigualdad crezca sin control. Frente a esto, la ciudadanía no tiene más remedio que desconfiar profundamente de quienes la representan. Esta pérdida de confianza desemboca en una crisis institucional, una donde cada actor se atrinchera y protege sus propios intereses.
En este contexto complejo, existe un aspecto que podría ser crucial para poner en marcha una dinámica positiva y ayudar a recuperar la confianza ciudadana y salir de esta profunda crisis institucional. Se trata de impulsar una reforma urgente de la financiación de campañas políticas, para atajar la corrupción y frenar el predominio de los intereses particulares. Esto, a su vez, buscando incrementar la participación de mujeres en la esfera política para cambiar las dinámicas patriarcales y de tinte autoritario, con avances hacia una mayor inclusión y sensibilidad social.
