Colombia lleva en paro desde el 28 de abril. Una propuesta de reforma tributaria fue recibida con indignación por parte de una ciudadanía movilizada y destapó una crisis social e institucional, impulsada por una erosión de la confianza de la ciudadanía hacia el Estado y el gobierno, una corrupción desenfrenada, una desigualdad en aumento, que se presenta con un 42% de pobreza monetaria, y un fuerte déficit de representatividad, donde ninguna opción de liderazgo parece alcanzar a cubrir las expectativas de la sociedad.

Aunque cada uno de estos problemas responde a una dinámica propia, realmente están interconectados. La corrupción florece en la impunidad y lleva a que las instituciones no funcionen. La rama judicial no castiga al corrupto, pues ha sido corrompida. La rama legislativa parece estar estancada. Los impuestos no se traducen en mejoras sociales en educación, salud, infraestructura o mejores servicios, lo que a su vez lleva a que la desigualdad crezca sin control. Frente a esto, la ciudadanía no tiene más remedio que desconfiar profundamente de quienes la representan. Esta pérdida de confianza desemboca en una crisis institucional, una donde cada actor se atrinchera y protege sus propios intereses.

En este contexto complejo, existe un aspecto que podría ser crucial para poner en marcha una dinámica positiva y ayudar a recuperar la confianza ciudadana y salir de esta profunda crisis institucional. Se trata de impulsar una reforma urgente de la financiación de campañas políticas, para atajar la corrupción y frenar el predominio de los intereses particulares. Esto, a su vez, buscando incrementar la participación de mujeres en la esfera política para cambiar las dinámicas patriarcales y de tinte autoritario, con avances hacia una mayor inclusión y sensibilidad social.

Sub-representación y financiación privada

A lo largo de su historia, y a pesar de tener una cuota de género del 30% para las listas de partidos desde 2011, Colombia nunca ha alcanzado más del 22% de representantes mujeres en su Congreso. A día de hoy, la proporción de mujeres en la actual Cámara de Representantes es solo del 18%. Para el ciclo territorial actual (2020-2023), sólo dos de los 32 departamentos de Colombia tienen una mujer como gobernadora y sólo 132 de sus 1.112 municipios tienen una mujer como alcaldesa. Para las elecciones territoriales de 2015, el 16% de las candidatas a gobernador y el 14% de las candidatas a la alcaldía eran mujeres, respectivamente. Así, la desigualdad de género es generalizada y alcanza tanto a los cargos electos como a las candidaturas. En Colombia, las mujeres estamos exageradamente sub-representadas.

¿Qué podría explicar la baja representación y participación de las mujeres en el gobierno de Colombia? Un factor importante tendría que ver con la financiación de campañas. Transparencia por Colombia encontró que, para las elecciones a la Cámara de Representantes del 2018, por cada millón de pesos colombianos con los que contaba una candidata, un candidato contaba con 1,7 millones. Esto es un 41% menos de financiación, aunque se esperaría que un candidato y una candidata gastarán lo mismo para ganar la elección.

En ese mismo estudio, Transparencia encontró que los privados fueron la fuente principal de financiación de los candidatos y candidatas. Sin embargo, 443 hombres recibieron financiación privada, comparado con 238 mujeres.

Estos números demuestran que las mujeres candidatas enfrentan una barrera importante en el acceso a recursos de campaña. Ahora, ¿es esto determinante para los resultados? Al estudiar 51 campañas de mujeres para los ciclos electorales del 2015, 2018 y 2019, pude comprobar que las mujeres candidatas que más financiación obtuvieron, más éxito tuvieron, según el gráfico siguiente:

Suma de los ingresos y gastos totales, por campañas exitosas y no exitosas:

Fuente: Tesis de Grado, Maestría en Gobierno, Daniela Sánchez Galvis

Por tanto, existe una crisis en la representación de mujeres en la esfera política del país vinculada a la existencia de una barrera en el acceso a recursos de campaña.

¿Qué tiene esto que ver con la crisis institucional que vive el país?

Aunque la principal fuente de financiamiento para las campañas políticas son los privados, como demostró Transparencia y mi propia investigación, es muy importante que los votantes conozcan en qué condiciones actúan esos privados. Y aunque es obligatorio hacer público quiénes donaron a cada campaña, los acuerdos de estos créditos o donaciones, no son públicos.

Proporción de fuentes de ingreso en campañas exitosas:

Fuente: Tesis de Grado, Maestría en Gobierno, Daniela Sánchez Galvis

Las dos empresas que mayores sumas de dinero invirtieron en las campañas para el Congreso en el 2018, son propiedad de la misma persona: Radio Cadena Nacional (canal de televisión abierta colombiano) y Postobón (mayor empresa de bebidas no alcohólicas en Colombia), propiedad del empresario multimillonario Carlos Ardila Lule. Sin tener conocimiento de las condiciones de los acuerdos de pago, y conociendo que empresas como Postobón llevan oponiéndose al impuesto a bebidas azucaradas haciendo presión detrás de cámaras al Congreso, sería muy ingenuo pensar que en estos aportes solamente hay un espíritu filantrópico de parte de Ardila Lule. Aunque la práctica del lobbismo es generalizada en todas las democracias, su registro, regulación y transparencia es esencial para un buen gobierno.

Otro dato llama la atención: de los 110 candidatos que “apoyó” el canal de noticias RCN y el gigante de refrescos Postobón, sólo 21 fueron mujeres. Y para poner en proporción el aporte: estas dos empresas aportaron más de 3 mil millones de pesos colombianos (unos US $800,000), principalmente a candidatos hombres del Centro Democrático. El Estado, por medio de financiación pública, aportó 2,6 mil millones (ca. US $700,000) en modo de anticipos sobre los resultados de la elección.

Estos datos nos llevan a concluir que nuestra democracia representativa podría no ser más que una fachada y que la financiación de campañas podría ser un factor crucial detrás de nuestra actual crisis institucional. Si quienes mandan a nuestros políticos elegidos son realmente los privados que invierten en las campañas, éstos acaban por representar intereses particulares en vez del interés general. Y si además estos privados favorecen a hombres de ciertos partidos, más se desequilibra la balanza.

Por eso, es urgente y de interés de todos y todas, reformar la Ley 1475 de 2011 que regula la financiación de campañas electorales, prohibiendo o limitando aún más el aporte de privados y fortaleciendo el del Estado y el de los propios partidos políticos, o regulando fuertemente la participación de privados en el espacio público.

Esto es urgente, también, porque nivela el campo de juego entre mujeres y hombres que aspiran a cargos de elección popular en el país. Si las mujeres no enfrentan una barrera en el acceso a financiamiento para sus campañas - una barrera que ya vimos no solo consiste en menos dinero, sino también en menos oportunidades de financiamiento - pueden entrar a competir en igualdad de condiciones y actuar como nuevas opciones de liderazgos, más incluyentes, más representativos, y de sectores históricamente silenciados. Con este horizonte de paridad, podrían llegar opciones de liderazgo que permitan salir al país de sus crisis institucionales y sociales, pero solo si nivelamos el campo de juego.

Solo a manera de ilustración: Cuando las mujeres participan en la política, se aprueba más legislación relacionada con temas de género, como la licencia por maternidad y paternidad, la igualdad de remuneración, la educación, el trabajo de cuidados no remunerado, entre otros. Las palabras de las mujeres se convierten en hechos. En India, un aumento del 10% en la representación de las mujeres en el gobierno se tradujo en un aumento del 6% en la probabilidad que una persona obtenga una educación. Las mujeres también han demostrado ser mejores líderes, más sensibles a las cuestiones sociales, como se ilustró durante la pandemia Covid-19, donde los países liderados por mujeres obtuvieron mejores resultados sanitarios que los que no lo fueron.

De poco sirve salir a marchar sin que se emprendan reformas urgentes en la financiación política y se comprometa una mayor representación de las mujeres, mientras quienes manden en realidad sean los que pagan las campañas de los políticos, y no quienes vamos a las urnas. La Constitución de 1991 de Colombia estipula que la soberanía de la República reside en el pueblo. No en el señor Ardila Lule. Que así sea.