Los derechos sexuales y reproductivos incluidos en el borrador constitucional que Chile aprobará o rechazará en el plebiscito del 4 de septiembre son superiores a la suma de sus partes.

Son un primer paso en un largo y ambicioso camino hacia una sociedad más justa y un futuro sostenible.

Las constituciones de la mayor parte de los países de América Latina fueron en general redactadas por las oligarquías nacionales, o derechamente impuestas por dictaduras, como ocurrió en Chile con la Constitución del dictador Augusto Pinochet de 1980. Solo en las últimas décadas, un puñado de ellas fueron resultado de procesos democráticos.

La nueva Constitución de Chile es la primera en el mundo escrita por un órgano especial, con paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios. Elegida de forma democrática, la Convención Constitucional representó un amplio arco de agendas y aspiraciones. Si resulta aprobada, la Constitución será una de las más progresistas del mundo.

Por eso bien podría decirse que con ella se cierra, de verdad, la transición entre la dictadura y la democracia. El brutal régimen de 17 años de Pinochet terminó en 1990, luego de ser derrotado en un referéndum y obligado a celebrar elecciones democráticas. Sin embargo, hasta ahora Chile había reconstituido su democracia en los marcos restrictivos y distorsionadores de una Carta Magna que carga con la impronta ideológica de una dictadura que cometió graves atrocidades, y de una oligarquía que quería perpetuar un modelo social y económico neoliberal.

Como todo proceso histórico, este tiene un largo desarrollo. A través de sus diferentes artículos, el proyecto establece un marco para una profunda democratización de la sociedad chilena, descentralizando, autonomizando y otorgando más poder y capacidad legislativa a los territorios y regiones. Los territorios autónomos tendrán sus propios sistemas de justicia y el Senado, o cámara alta, del Congreso será reemplazado por una ‘cámara de las regiones’.

Se reequilibra un régimen político muy distorsionado, que concentra poder en la presidencia. Y, al hacerlo, el texto constitucional reconoce un amplio arco de derechos de la más diversa naturaleza. Entre ellos, y por primera vez en la historia chilena, se consagran los derechos sexuales y reproductivos.

Consagrados como derechos fundamentales, el estado garantizará estos derechos para toda la sociedad chilena, así como la equidad de género y el respeto a la diversidad sexual.

Esos artículos son fruto de un largo proceso de luchas, no pocos sufrimientos y cambios profundos en la sociedad chilena. El cambio cultural es consecuencia de esas batallas y de las transformaciones que se han venido produciendo en el mundo.

No puedo dejar de recordar que en 2000, hice parte en la redacción y presentación ante el Congreso del proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, con, entre otras, las diputadas María Antonieta Saa y Fanny Pollarolo, y distintas organizaciones de la sociedad civil.

En estos 22 años, diversas transformaciones fueron derribando los cercos del conservadurismo nacional. Poco a poco se fueron reconociendo algunos de los derechos humanos en el ámbito de la intimidad, la sexualidad y la reproducción.

Por ejemplo, la ley de 2017 que despenalizó el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, cuando es resultado de una violación o cuando el feto es inviable, o la ley de 2018 que permitió a las personas mayores de 14 años cambiar su nombre y género en documentos oficiales. En 2021 Chile adoptó el matrimonio igualitario. Cada una de estas normas fueron impulsadas por la sociedad civil y apoyadas por los gobiernos de turno, después de un largo proceso de disputa ideológica y política.

Pero mientras estaba en debate este cambio radical, los derechos de muchas personas en estos ámbitos, especialmente mujeres, adolescentes y niñas, eran vulnerados. Sus casos fueron judicializados, como ocurrió en 2005 cuando la Corte Suprema de Chile determinó que una mujer lesbiana perdiera la custodia de sus hijas. Y, frente a la inacción y falta de garantías del estado chileno, hubo quienes tuvieron que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como resultado de las luchas emancipatorias que mujeres y feministas han venido dando por décadas, finalmente se logran consolidar estos derechos en la nueva Carta Magna. Es posible afirmar, entonces, que existe una progresiva conformación de los derechos individuales que ha invadido lo privado, restándole a lo familiar el peso que tuvo en otros momentos históricos como frontera inexpugnable de lo público.

El surgimiento de los derechos sexuales y reproductivos es una expresión de las reivindicaciones de los movimientos de las mujeres y feministas en el mundo. A partir de 1980, la comunidad internacional llegó a nuevos consensos sobre el reconocimiento de estos derechos como parte integral de los derechos humanos. Chile se pone hoy al día de tal reconocimiento.

En tanto derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos se erigen sobre el principio de igualdad de todas las personas. Estos dan sustento a la construcción de una sociedad democrática y pluralista, que se basa en el reconocimiento de la diversidad, con igualdad de oportunidades. Esto es lo que argumenté al presentar, como experta, un documento propositivo ante la Convención Constituyente.

Si la nueva Constitución es aprobada, deberá traducirse en una amplia cantidad de leyes para su puesta en práctica. Sin embargo, en la actual composición del Congreso hay una mayoría conservadora que hará muy difícil que estos derechos resulten efectivamente ejercidos por el pueblo chileno.

Chile tiene una dualidad política un poco extraña, consecuencia de los complejos procesos desatados a partir de octubre de 2019, cuando estallaron las protestas sociales contra la desigualdad que sacudieron el sistema político. En 2021, fue elegido un gobierno de corte progresista, pero también un Congreso donde están equilibradas prácticamente a la mitad las fuerzas políticas de oposición y las que apoyan al gobierno.

Pero ante los derechos sexuales y reproductivos esa correlación se desequilibra más aún hacia los conservadores, como quedó demostrado en la feroz campaña de desinformación en favor del rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito. La campaña fue encabezada tanto por la derecha como por algunas fuerzas de centroizquierda que apoyaron al presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta presidencial, y que habían sido la base de los cuatro gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010).

Incluso si la Constitución es aprobada, quedará mucho por hacer.

Las mujeres activistas deberán liderar campañas potentes y concertadas por las leyes que deberán pasar por el Congreso para implementar los derechos sexuales y reproductivos – y persuadir a las organizaciones de la sociedad civil que las respalden. Esto requerirá influir sobre los medios de comunicación y sobre las bases sociales que apoyan a las y los parlamentarios, exigiéndoles que se pongan a la altura de los preceptos constitucionales y, sobre todo, de los derechos de las mujeres chilenas, conculcados por tanto tiempo.

Este será el gran desafío: garantizar mediante la ley los principios jurídicos establecidos en la Carta Magna. La nueva Constitución, si bien fundamental, es el primer paso de un largo camino.