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Las amenazas al Estado de Derecho ya cruzan líneas rojas en Guatemala

La destitución de un fiscal independiente y bien considerado, encargado de docenas de casos de corrupción gubernamental, es el último de una serie de intentos de socavar los esfuerzos para combatir la impunidad en Guatemala.

Las amenazas al Estado de Derecho ya cruzan líneas rojas en Guatemala
Una mujer maya protesta en Guatemala City | Guatebrian / Alamy Stock Photo
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Justo cuando el país está celebrando el 25º aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a un conflicto armado interno de 36 años que se cobró más de 200.000 vidas, las acciones para secuestrar el sistema de justicia de Guatemala por parte de las élites políticas y económicas amenazan con cimentar la impunidad. Esta vez, sin embargo, han levantado fuertes protestas dentro del país y, lo que es más importante, también en Estados Unidos. Ahora Europa debe seguir su ejemplo.

Nueva amenaza de amnistía

En las últimas décadas, el apoyo internacional a Guatemala y a sus organizaciones de la sociedad civil ha alimentado un fuerte movimiento a favor de los derechos humanos en el país. Las organizaciones de derechos humanos, junto con los supervivientes del conflicto armado interno, han desempeñado un papel crucial a la hora de impulsar la justicia por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado de Guatemala. Un ejemplo del papel crucial desempeñado por estas coaliciones es el caso de genocidio del pueblo indígena ixil presentado contra el ex dictador Ríos Montt, cuya sentencia fue anulada sólo 10 días después del veredicto, lo que demuestra hasta qué punto se hace difícil acabar con la impunidad en Guatemala.

El caso más reciente que se ha llevado a los tribunales es el crucial juicio del "Diario Militar", en base al que se ha detenido recientemente a 12 militares retirados. Este diario fue descubierto accidentalmente en 1999, y proporciona pruebas esenciales sobre el terror militar y policial. Contiene información sobre graves crímenes, como los secuestros, torturas y desapariciones de 183 personas durante el conflicto armado interno, muchos de ellos dirigentes sindicales y de movimientos sociales. El caso llegó finalmente a los tribunales guatemaltecos tras un largo proceso internacional y una lucha de décadas de los familiares de las víctimas.