Bandera de Argentina. Wikimedia Commons

La Argentina es un país con singularidades que a pesar de no ser excepcionales sobresalen en el contexto regional. En materia de defensa y seguridad por ejemplo la Argentina posee un modelo parecido al de Estados Unidos aunque mucho más reciente.

La Argentina democrática desde 1983 adoptó el modelo de Estados Unidos según el cual los militares no intervienen en cuestiones de orden público, de acuerdo con lo que establece la ley de Posse Comitatus de 1878 que estableció así una estricta separación entre defensa y seguridad interior que, a su vez, es parte de un consenso nacional vigente.

Los pilares legales del compromiso argentino con esta separación han sido las leyes 23.554 de Defensa Nacional (1988), 24.059 de Seguridad Interior (1992), 24.948 de Restructuración de las Fuerzas Armadas (1998), 25.520 de Inteligencia Nacional (2001) y la reglamentación de la ley 23.554 (2006).

Bajo diferentes gobiernos con distinta orientación política y en votaciones mayoritarias y multipartidistas se forjó un acuerdo fundamental respecto a la precisa delimitación entre defensa y seguridad.

Este consenso fue el producto de una experiencia doblemente traumática derivada de los golpes de Estado, de la violencia institucional generada por los militares en el poder y de la violación sistemática de los derechos humanos, así como de la Guerra de Malvinas y la derrota ante Gran Bretaña.

Otra particularidad de la Argentina tiene que ver con la relevancia que tiene lo que se conoce como las “nuevas amenazas”. La Argentina no padece una crisis ambiental con efectos nocivos para sus vecinos, no es un Estado fallido, no está gobernada por tiranos, ni pretende poseer armas de destrucción masiva.

Otra particularidad de la Argentina tiene que ver con la relevancia que tiene lo que se conoce como las “nuevas amenazas”. Fenómenos como el terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas nucleares en manos de tiranos, los Estados fallidos y el colapso ambiental son asuntos globales que afectan sin duda a la comunidad internacional, pero se manifiestan de modo muy diverso con alcance distinto en cada país y región.

La Argentina no padece una crisis ambiental con efectos nocivos para sus vecinos, no es un Estado fallido, no está gobernada por tiranos, ni pretende poseer armas de destrucción masiva.

A pesar de haber conocido dos atentados terroristas en 1992 (Embajada de Israel) y 1994 (Asociación Mutual Israelita Argentina) que aún siguen impunes, desde los atentados del 9 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ni Argentina ni Latinoamérica han sido objeto de actos terroristas del fundamentalismo religioso: de hecho la región es la única en el mundo que no ha padecido ese tipo de actos en los últimos 17 años.

La Argentina sí tiene un problema vinculado a las drogas—en especial, de aumento del uso de narcóticos--, pero no es un productor de sustancias psicoactivas de base natural ni un exportador mundial de drogas sintéticas y tampoco tiene grupos criminales del tamaño e incidencia de los existentes en México, Colombia, y Centroamérica.

A pesar de la limitada relevancia de las “nuevas amenazas” en el país, la presidencia de Mauricio Macri procuró, desde el comienzo de su gestión, habilitar la participación de los militares en cuestiones de seguridad interior.

Al no contar con mayorías en las dos cámaras del Congreso para modificar la legislación existente y sancionar nuevas leyes, sus anuncios fueron, durante dos años, más simbólicos que sustantivos.

En medio de errores elocuentes y de dificultades económicas que llevaron a que el Fondo Monetario Internacional aprobara un crédito de US$ 50.000 millones para el país y en el contexto de un fenomenal ajuste fiscal, el gobierno enfrenta crecientes niveles de conflictividad social al tiempo que carece de recursos materiales para incrementar el exiguo presupuesto de defensa.

Sin embargo, el gobierno ha ido elevando el tono del discurso sobre la militarización de cuestiones de seguridad tales como el narcotráfico y el terrorismo.

A pesar de que el país no ha conocido ningún atentado terrorista en 24 años y de que no se ha podido verificar que existan "lobos solitarios" o “células dormidas” listas a producir atentados, el gobierno insiste que el país debe priorizar el combate contra el terrorismo.

A pesar de que el país no ha conocido ningún atentado terrorista en 24 años y de que no se ha podido verificar que existan "lobos solitarios" o “células dormidas” listas a producir atentados, el gobierno insiste que el país debe priorizar el combate contra el terrorismo.

A su vez ha invocado la existencia de un estado de urgencia en materia de narcotráfico como si hubiera una situación descontrolada y sin tener en cuenta que uno de los mayores impedimentos para el combate eficaz contra el lucrativo negocio de las drogas radica en la corrupción policial, la ineficacia del sistema judicial y la facilidad para el lavado de activos.

¿Cómo interpretar entonces el reciente Decreto 683 en el que se implica a las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior y se las involucra en la interdicción de drogas en la frontera norte del país? Algunos han interpretado eso como el retorno del militarismo de extrema derecha alentado por grupos minúsculos pero influyentes en y fuera de la coalición gobernante.

Otros han argumentado que se trata de una vuelta al alineamiento con Estados Unidos propio de los años noventa, expresado esta vez con la voluntad de sumarse a la “guerra lucha contra las drogas” en la región y a la “guerra contra el terrorismo” en el plano mundial.

Otros sugieren que una administración tan atenta a los vaivenes de la encuestas y en vísperas de un año electoral, procura responder a los reclamos de inseguridad ciudadana y asegurar el respaldo de los militares que en un 85% aproximadamente votó por Cambiemos en 2015.

Sin negar la verosimilitud de ciertos aspectos de esas explicaciones me parece que existe otra lectura más precisa y pertinente. Esto es; la determinación de Macri de introducir a las fuerzas armadas en la seguridad interior obedece a lo que se puede llamar el militarismo neoliberal periférico.

El militarismo neoliberal de las grandes potencias como Estados Unidos consiste en incrementar los gastos militares para estimular e incrementar las ganancias de las grandes corporaciones vinculadas al negocio de las armas.

El militarismo neoliberal de las grandes potencias como Estados Unidos consiste en incrementar los gastos militares para estimular e incrementar las ganancias de las grandes corporaciones vinculadas al negocio de las armas y con ello garantizar la proyección de poder de Washington.

El militarismo neoliberal periférico en el caso argentino no es expansionista en clave de la geopolítica regional y consiste, en el marco de una lógica en la que se apunta a reducción del Estado en favor del sector privado, en acentuar la ya larga des-financiación de la defensa pues se concibe el gasto militar como ineficiente, a las fuerzas armadas como ociosas y a su involucramiento en la seguridad interior como funcional para asegurar un modelo económico cada vez más excluyente.

En ese contexto entonces, son las preferencias ideológicas profundas del ejecutivo las que subyacen a la decisión de borrar las fronteras entre defensa y seguridad y a comprometer a las fuerzas armadas en cuestiones de orden interno que, a su turno, no son amenazas vitales para la Argentina contemporánea.