Las dictaduras militares de los años setenta y ochenta en América Latina generalizaron la practica de la desaparición forzada. Se estima que se trató de aproximadamente 90 mil personas en 13 países. Que el mismo crimen de lesa humanidad tenga lugar en supuestas democracias envilece la vida pública y crea, con justificada razón, desconfianza en las instituciones del Estado. Peor aún si en México se reconoce la desaparición de al menos 97 mil personas, es decir, más de todas las desapariciones de las dictaduras.
Cómo extrañarse que la Oficina mexicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierta actualmente que la gravedad del fenómeno de desaparición de personas persiste y atormenta a miles de familias. Asimismo, la realidad de más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, con trato indigno y falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega.
Cómo extrañarse que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, junto a otras instituciones pida, por quinta vez, la participación de la Corte Penal internacional de La Haya en la crisis humanitaria mexicana.
