democraciaAbierta: Interview

Asesinatos, torturas y desapariciones forzadas en México: es hora de investigar

Con 97.000 desapariciones forzadas; 350.000 personas desplazadas internamente, 320.000 asesinatos y una gran cantidad de investigaciones por tortura, México vive una crisis humanitaria total

Graciela Rodríguez Manzo José Zepeda
21 febrero 2022, 10.02am
Una unidad militar patrulla las calles de Cancún, México, en Julio de 2020
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Alamy Stock Photo

Las dictaduras militares de los años setenta y ochenta en América Latina generalizaron la practica de la desaparición forzada. Se estima que se trató de aproximadamente 90 mil personas en 13 países. Que el mismo crimen de lesa humanidad tenga lugar en supuestas democracias envilece la vida pública y crea, con justificada razón, desconfianza en las instituciones del Estado. Peor aún si en México se reconoce la desaparición de al menos 97 mil personas, es decir, más de todas las desapariciones de las dictaduras.

Cómo extrañarse que la Oficina mexicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierta actualmente que la gravedad del fenómeno de desaparición de personas persiste y atormenta a miles de familias. Asimismo, la realidad de más de 52,000 personas fallecidas sin identificar, con trato indigno y falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega.

Cómo extrañarse que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, junto a otras instituciones pida, por quinta vez, la participación de la Corte Penal internacional de La Haya en la crisis humanitaria mexicana.

Entrevistamos a Graciela Rodríguez Manzo, que es directora ejecutiva de la CMDPDH.

José Zepeda: La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó a la Corte Penal Internacional la realización de un examen preliminar por la Comisión de Tortura y Tortura Sexual como crímenes de lesa humanidad perpetrados por elementos de las fuerzas federales del Estado entre los años 2006 y 2018, en el marco de la guerra en contra del narcotráfico. No es ésta la primera vez.

Graciela Rodríguez Manzo: Desde hace 10 años, tanto la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con la Federación Internacional de Derechos Humanos y algunas organizaciones locales en México, hemos documentado las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante este periodo que menciona esta última comunicación, que la presentamos en diciembre del año pasado en relación con los crímenes de lesa humanidad en su versión de tortura y tortura sexual. Hemos presentado cinco comunicaciones hasta ahora. Una que tiene que ver con el estado de Baja California por tortura. Otra se refiere al estado de Coahuila por desaparición forzada. Una tercera que tiene que ver con Chihuahua en el marco del operativo conjunto, que también es por tortura, pero aquí también desaparición y asesinato. Y a mediados del año pasado presentamos otra que tiene que ver con el asesinato por fuerzas de seguridad del Estado en general en todo el país.

JZ: Se recurre a la Corte Penal Internacional cuando las víctimas o las organizaciones de derechos humanos no encuentran en el Estado nacional la voluntad para hacer justicia. Es decir, la Corte Penal sólo puede actuar cuando el Estado les niega justicia a las víctimas. Y, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue asegurando hasta el día de hoy que lo que se vive en México es una herencia del pasado, no del presente.

GRM: Así es. En realidad, esta Administración reconoce la crisis humanitaria que existe, pero simplemente sigue sin investigar los crímenes atroces.

La intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, la ha acrecentado

En México vivimos y enfrentamos un índice de impunidad de prácticamente el noventa y ocho por ciento. El presidente asegura que es cosa del pasado. Nosotros decimos que no es así. Estas comunicaciones, si bien tienen que ver con el periodo de la guerra contra las drogas de 2006 a 2019, no quiere decir que no se sigan cometiendo. Es más, la militarización se ha profundizado no solo en temas de seguridad pública, sino además se ha extendido al país en áreas estratégicas. A lo largo estos años hemos documentado que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, la ha acrecentado. Este es el gran problema que tenemos, porque las instituciones nacionales, como la fiscalía general de la República y las Fiscalías de los Estados no investigan estos crímenes.

Es por todo ello que acudimos a la Corte Penal Internacional a insistir en la necesidad de que abra un examen preliminar para que el Estado investigue los crímenes de los altos mandos militares.

JZ: Tres aclaraciones sobre lo que usted acaba de decir. La primera es que aparece como fundamental que el Estado mexicano reconozca que hay una grave crisis de derechos humanos, no del pasado, sino del presente, que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que actúe en consecuencia. Lo dice mejor que yo un dicho popular: el reconocimiento de la enfermedad es el comienzo de la mejoría. ¿Usted cree que hay posibilidades de que la actual administración reconozca la magnitud de lo que vive hoy México?

GRM: No creo que haya una voluntad política para reconocerlo. Sin embargo, los antecedentes de los crímenes atroces no es solamente fruto de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos, sino que han sido reconocidas por distintos organismos que han manifestado preocupación por la sistematicidad y la generalización de estos crímenes por parte del Ejército, la Marina y ahora también por la Guardia Nacional.

Hay iniciativas de algunos senadores independientes como Emilio Álvarez Icaza, que insiste en un punto de acuerdo para que el propio Estado remita la información a la Corte Penal Internacional, reconozca que es una crisis humanitaria que rebasa sus capacidades. No hay respuesta. Lo que prevalece es seguir apostando a la militarización como el recurso para enfrentar a la violencia en México, a pesar de que todos los datos duros que existen desde hace diez años señalan que es una estrategia fracasada y que lo único que genera es el incremento de la violencia, aparejada con un índice de impunidad sin precedentes en México.

Por eso no dejamos en acudir a las instancias internacionales y no solamente a la Corte Penal. También persistimos, desde hace tiempo, en la necesidad de generar mecanismos de justicia transicional que puedan y tengan la capacidad de analizar lo que sucede en México como patrón de macro criminalidad que no puede resolverse caso por caso, que tiene que investigarse como lo que es, un fenómeno estructural. Para eso fueron creados los mecanismos de justicia transicional, los recursos internacionales contra la impunidad, las comisiones de la verdad y los planes extraordinarios de reparación integral para los miles de víctimas. Todo esto es lo fundamental.

La actual administración se había comprometido cuando el presidente era candidato, frente a miles de víctimas, que una vez que asumiera la presidencia generaría mecanismos de justicia transicional. No lo ha hecho. Recientemente creo una comisión de la verdad de Ayotzinapa, pero realmente no está dando resultado.

JZ: Segunda aclaración. Tengo aquí un informe del Centro de Análisis México Evalúa que asegura que a lo menos el 84,8% de los casos denunciados en México quedan impunes, como resultado de un sistema que no cuenta ni con las herramientas de priorización ni con las capacidades suficientes. Usted habla de un 98%. En fin, el 98,8% sigue siendo una cifra terrible, pero ¿es sólo eso, la ineficiencia y la falta de apoyo económico, lo que dificulta las cosas?

GRM: Claramente, el fenómeno y la crisis humanitaria que estamos viviendo en México es de grandes dimensiones. Las fiscalías no están suficientemente capacitadas para enfrentar este fenómeno. Un ejemplo: la fiscalía general de la República tenía una ley orgánica que fue elaborada desde la base de la sociedad civil así como producto de discusiones académicas. Se logró una ley orgánica que estaba comenzando a aplicarse, que transitó de una Procuraduría General de la República a una Fiscalía Autónoma que le otorgaba todos los mecanismos para enfrentar e investigar la macro criminalidad, como el patrón sistemático y generalizado de violencia. ¿Qué sucedió? Que el actual fiscal general de la República, promovió ante el Congreso de la Unión la modificación de la ley. El resultado es que ahora tenemos una legislación que eliminó una serie de mecanismos que podían haberse utilizado para enfrentar la crisis.

Por eso digo, el fenómeno es enorme y es necesario realizar investigaciones mucho más especializadas, pero lo cierto es que la voluntad política tampoco está.

JZ: Usted lo ha mencionado varias veces la militarización de la seguridad pública y la estrategia armada para hacer frente a las organizaciones criminales. Hay consenso nacional entre las organizaciones de derechos humanos en que lo único que ha traído es un incremento de las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas, al amparo incluso de las instituciones de justicia. Me pregunto si el país estaría mejor sin esta participación de las Fuerzas Armadas.

GRM: Originalmente, la apuesta militar era para enfrentar el fenómeno criminal que dejó la guerra contra las drogas. Se dijo que los militares estarían temporalmente a cargo de la seguridad pública, mientras que paralelamente se reforzaba la capacidad de las policías. El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, desde la perspectiva de los estándares internacionales debe ser extraordinaria y totalmente regulada. Esa era la idea.

Conforme ha pasado el tiempo, claro está que no hay ninguna intención de regresar a los militares a los cuarteles, por el contrario, se busca continuar con la militarización de la seguridad pública para hacer frente al crimen organizado. El punto es que, como usted bien dice, los datos durante todos estos años generados por organismos oficiales no gubernamentales, organismos internacionales, lo que muestran es que militarización es igual a incremento de la violencia. Es una estrategia fallida.

Hoy en día la situación es tan grave que la policía no tiene capacidad porque en diez años no se la ha capacitado. Ahorita nuestra única alternativa son los militares, quizás porque tienen las armas y el entrenamiento, pero lo cierto es que desconocen la idea de seguridad pública. Están entrenados para matar, para hacer la guerra. Y esto ha generado violaciones graves que escalan a crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Por supuesto que esto no puede continuar, porque lo único que tenemos es una cantidad inmensa de víctimas. 97 mil desapariciones forzadas; 350 mil personas desplazadas internamente a causa de la violencia, 320 mil asesinatos y una cantidad de investigaciones por tortura que no conducen a ningún lugar. Es una crisis humanitaria total.

Hay una política de Estado de desaparición forzada

Sin duda, los militares no son la respuesta, como demuestra la documentación que tenemos y que la presentamos a la Corte Penal Internacional y lo hacemos respaldadas por las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y aceptadas por la Defensa Nacional. Es decir, hay un reconocimiento oficial de que esto sucedió. Lo que documentamos es el involucramiento de las fuerzas militares en actos atroces. Los altos mandos, si bien no torturan directamente, ni ejecutan y hacen desaparecer, ciertamente tienen conocimiento, ordenan los operativos. Hay una política de Estado de desaparición forzada. Entonces están involucrados. Es paradójico, nos defienden quienes están directamente involucrados en nuestros padecimientos.

JZ: Muchas veces se tiene la impresión de que uno de los grandes problemas de los derechos humanos, y no solo en México, es el reducido arco que aglutina a víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y algunas excepciones políticas y sociales. Yo sé que no es poco, pero es insuficiente.

GRM: Tiene razón, hay veces que nosotros nos preguntamos por qué tanta indiferencia de la sociedad ante estas tasas de macro criminalidad y la cantidad de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. La historia, el derecho comparado y las experiencias en la región lo que nos muestran es que quien realmente puede lograr que se instalen mecanismos de justicia transicional, son, en primer lugar, los movimientos de víctimas acompañados por las organizaciones de la sociedad civil y con el trabajo conjunto con periodistas.

La antigua Fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que estaban a punto de pronunciarse sobre el examen preliminar de México y lo que pedía era información diversificada. Decía: tengo información de organizaciones no gubernamentales, pero necesito otro tipo de información, como la generada por el periodismo. Que la información no solamente venga de la fuente de las organizaciones no gubernamentales. Tenemos una corresponsabilidad y podemos lograr mucho si en conjunto, sociedad civil, movimientos de víctimas y periodistas, continuamos documentando las atrocidades que vivimos a diario e informando a la Corte Penal Internacional por un lado e insistiendo en la instalación de mecanismos independientes, autónomos y eficaces de justicia transicional.

JZ: Usted sabe que cuando los periodistas informan más de la cuenta son asesinados

GRM: Y los defensores de derechos humanos, también.

JZ: Así es.

GRM: Es que, si seguimos viendo pasar lo que sucede y no actuamos, es claro que el gobierno no lo hará. Su apuesta es la militarización. Acabará la administración de López Obrador, pero los militares se van a quedar. Serán los encargados de las áreas estratégicas: aeropuertos, puertos, aduanas, carreteras. Todo bajo control militar. La historia de la región nos advierte qué es lo que viene y qué difícil será sacar a los militares. Pensemos en Chile, por ejemplo, cuánto tiempo se tardó.

JZ: ¿Podemos asegurar, sin género de dudas, que la crisis humanitaria que vive México excede con mucho a lo que tradicionalmente conocemos políticamente como izquierda y derecha?

GRM: Totalmente. La crisis humanitaria de México se desató a partir del sexenio de Felipe Calderón. Sin olvidar la etapa de la guerra sucia, en los 70, que es importante. La guerra sucia generó desapariciones, pero la mayor cantidad de ellas es a partir de Calderón. Ya no tiene que ver si Felipe Calderón era de derecha, si Enrique Peña Nieto del PRI, si Andrés Manuel, una supuesta izquierda. Por eso insistimos en la necesidad de contar con el apoyo de instancias internacionales y me parece que un examen preliminar de la Corte Penal Internacional sería fundamental para iniciar un cambio en las investigaciones y en la impunidad.

Estamos en un círculo vicioso en el que se cometen crímenes sin responsabilizar a nadie, se genera un clima de impunidad que lo que hace es permitir que se sigan cometiendo. De alguna forma tenemos que romper el círculo del horror.

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