El caos causado en Texas a raíz de una insólita nevada y la desgracia política desatada en Brasil a raíz de la decisión de Jair Bolsonaro de flexibilizar el acceso a armas de fuego comparten una ideología mortal: ambas promueven la idea del sálvese quien pueda y de que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad con la población.

Yo viví en Texas por más de una década y mi familia directa sigue allá. Preocupada por su situación, estuve toda la semana obsesionada con las noticias de que cerca de 3 millones de personas se quedaron sin electricidad y otros 12 millones tuvieron problemas de abastecimiento de agua, tras una serie de fallos gubernamentales que causaron una catástrofe evitable en el estado con el segundo mayor PIB per cápita del país más rico del mundo. Mi obsesión fue interrumpida al ver el post en Facebook escrito por el ahora exalcalde de Colorado City, Texas, quejándose de que la gente estaba pidiendo ayuda para sobrevivir noches con temperaturas que llegaron a menos 10ºC sin electricidad. En ese momento, tuve que reírme.

“Nadie le debe nada a usted ni a su familia; ¡ni es responsabilidad de los gobiernos locales apoyarle en tiempos difíciles como este! ¡Hundirse o nadar, esa es su elección! ¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le deben NADA!”

Así empieza su desquiciado “desahogo”. Desafortunadamente, la idea de que los políticos son electos solo para mantenerse en el poder sin ningún tipo de obligación con los electores no es ninguna novedad.

Esa es una realidad que es una vieja conocida entre los brasileños, pero quedó al descubierto los últimos días. El viernes, 12 de febrero, Bolsonaro aprobó cuatro decretos diferentes que facilitan la compra de armas de fuego y munición. Los decretos, que entran en vigor 60 días después de ser firmados, modifican cuatro decretos anteriormente aprobados por el mismo Bolsonaro. Los decretos son actos del presidente de la República que regulan leyes y que no requieren la aprobación del Congreso.

Con sus cuatro decretos, Bolsonaro ha introducido cambios legales importantes en los decretos anteriores, incluidos:

El aumento de cuatro a seis el límite de armas que un ciudadano común puede tener. En el caso de policías, funcionarios de prisiones y miembros de la Fiscalía y tribunales, el límite se elevó a ocho.

La autorización del porte simultáneo de dos armas. La cantidad de armas que un ciudadano podía cargar en público no estaba especificada en el decreto anterior.

El cambio en la regla de quién tiene los credenciales para comprobar la aptitud psicológica de un comprador de armas. Anteriormente, el ciudadano debía someterse a un test proporcionado por un psicólogo registrado en la Policía Federal. Ahora, el test puede ser aprobado por cualquier psicólogo registrado en el Consejo Regional de Psicología.

El aumento de la cantidad de munición que cazadores, tiradores y coleccionistas (grupo conocido en Brasil por la sigla CAC) pueden comprar por año. Ahora, los CAC pueden adquirir 2.000 municiones por cada arma de uso restringido, en comparación con las 1.000 del decreto anterior. Para armas de uso no restringido, pueden comprar hasta 5.000 municiones. Los cazadores pueden superar este límite hasta dos veces, y los tiradores hasta cinco veces, en el caso de que tengan autorización del Ejército.

Con estas alteraciones, Bolsonaro deja clara su intención de armar a un segmento de la población, compuesta por lo que él llama el “ciudadano bueno”. Y los brasileños buenos se están armando. Según información de la BBC News Brasil, los nuevos registros de CAC concedidos por el Ejército marcan un récord en 2019 y 2020, sumando 178.721, una cantidad que supera todos los registros publicados en los diez años anteriores (150.974 entre 2009 y 2018).

El registro de nuevas armas por parte de la Policía Federal tampoco tiene precedentes, como muestran los datos de la BBC News Brasil. En la primera mitad del gobierno Bolsonaro, se registraron 273.835 armas, de las que el 70% son registros de ciudadanos comunes. La cifra representa un aumento del 184% respecto a la suma de 2017 y 2018 (96.512) y supera el total de los seis años anteriores a Bolsonaro (265.706 de 2013 a 2018).

La estrategia de Bolsonaro es parecida a la utilizada hace siglos por sus homólogos texanos. El exalcalde de Colorado City la expresa claramente al declarar que “¡Si estás sentado en casa en el frío porque no tienes electricidad y estás esperando que alguien venga a rescatarte porque eres perezoso, eso es resultado directo de tu crianza! Sólo los fuertes sobrevivirán y los débiles perecerán”. De esa forma, él se exenta de la responsabilidad de gobernar, transfiriéndosela al individuo.

Al armar a la población, Bolsonaro transfiere la responsabilidad de abordar la eterna crisis de seguridad y violencia a las personas y a las familias. El mensaje es claro: “Yo te di las armas para defenderte. Ahora te toca a ti”. Y en un país acostumbrado a la desidia de las autoridades y a valerse por sí mismo, el mensaje es poderoso, porque pasa la idea de que por lo menos tú puedes hacer algo.

Según muestra una encuesta de Datafolha de octubre de 2018, publicada entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las promesas de seguridad de Bolsonaro fueron la razón por la cual el 17% de los encuestados votaron por él, detrás solamente del deseo de un cambio en el poder (30%) y del rechazo al Partido de los Trabajadores (25%).

Yo viví los primeros seis meses del gobierno Bolsonaro en la costa norte del estado de Río de Janeiro – una región turística donde la desigualdad es abrumadora y que ha visto una fuerte escalada de la violencia en la última década a raíz de la pacificación de las favelas de la capital, que llevó a traficantes de drogas a desplazarse a otras partes del estado –, y mis debates con los habitantes locales siempre terminaban en el tema de las armas. Para ellos, tener un arma es una manera de combatir la creciente ola de violencia en el lugar previamente relativamente tranquilo.

En un Estado democrático de derecho, el monopolio de la violencia le corresponde al Estado. Si ese Estado hace dejación de su responsabilidad de proteger transfiriéndosela al ciudadano, entramos en un escenario de sálvese quien pueda. Y en este escenario, siempre se salva el más fuerte. No es casualidad que el senador republicano de Texas Ted Cruz hizo un viaje en familia a Cancún, México, para escapar de la trágica nevada que mató a unos 50 de sus constituyentes.

Como muestran estudios de décadas de Estados Unidos, y las noticias nos recuerdan cada vez que hay un tiroteo masivo, un mayor número de armas en circulación genera más violencia, y no lo contrario. En la Región de los Lagos, el número de homicidios aumentó en un 37% entre enero y abril de 2020, una vez que entraron en vigor las flexibilizaciones previas hechas por Bolsonaro.

Mis conversaciones con amigos locales siempre terminaban con un “es que tú no entiendes la realidad aquí”. Y tienen razón. Saber que un aumento en la cantidad de armas en manos de la población civil aumenta la violencia en general no me prepara en absoluto para sobrevivir a esa violencia. Por eso la estrategia del gobierno de Bolsonaro y sus homólogos de derecha es tan peligrosa. Cuando transfieren la responsabilidad de proteger al individuo, éste se ve obligado a desear hacerlo y el resultado son las catástrofes evitables.