Niño afro-colombiano. Fotografía: VWPics / SIPA USA / PA. Todos los derechos reservados.
Cuando visité por primera vez Buenaventura en 2013, mi curiosidad ‘orientalista’ por la "capital del Pacífico" fue confrontada con el desastre social, político y económico que determina a esta región estratégica de Colombia. Mis colegas visitaban la ciudad como parte de un grupo de investigación sobre la violencia y el narcotráfico y como yo acababa de llegar a su país, estaba tratando de captar a la tan celebrada "afrocolombianidad" del imaginario geográfico colombiano. Buenaventura es una metáfora de la anti-negritud en Colombia. Aunque la ciudad se beneficie por su vibrante presencia negra (según el censo nacional, el 89% de la población es negra) y por albergar el principal puerto del país, Buenaventura niega a su población los derechos básicos de ciudadanía.
Aunque la vida en Buenaventura no sea tan diferente de las condiciones en otras zonas de las Américas negras, aquí, el contraste entre la miseria negra y la dinámica economía portuaria del portal de Colombia al mercado mundial es insidioso. El suministro de agua es deficiente y deja a la mayoría de sus 390.000 habitantes con sed, el 62% de la población está desempleada (el porcentaje nacional es del 10%)[1], el 42% de la población es víctima directa del conflicto armado, el 64 % de los habitantes son pobres y el 42% de la población en edad escolar primaria y secundaria está fuera de la escuela. Para completar el escenario, la disputa territorial entre una 'nueva' versión del paramilitarismo (las Bacrim, o bandas criminales), fractura la ciudad en geografías de la muerte. Si bien los homicidios se han reducido significativamente en los últimos dos años, Buenaventura está lejos de ser un "territorio de paz" como lo ha prometido el gobierno nacional.
