democraciaAbierta

Colombia Negra: Abandono, vida civil y furia en la ciudad portuaria de Buenaventura

¿Qué tipo de protesta es necesario para que las demandas de las personas negras se conviertan en demandas de la democracia en Colombia? English

Jaime A. Alves
29 May 2017
PA-30446924_0.jpg

Niño afro-colombiano. Fotografía: VWPics / SIPA USA / PA. Todos los derechos reservados.

Cuando visité por primera vez Buenaventura en 2013, mi curiosidad ‘orientalista’ por la "capital del Pacífico" fue confrontada con el desastre social, político y económico que determina a esta región estratégica de Colombia. Mis colegas visitaban la ciudad como parte de un grupo de investigación sobre la violencia y el narcotráfico y como yo acababa de llegar a su país, estaba tratando de captar a la tan celebrada "afrocolombianidad" del imaginario geográfico colombiano. Buenaventura es una metáfora de la anti-negritud en Colombia. Aunque la ciudad se beneficie por su vibrante presencia negra (según el censo nacional, el 89% de la población es negra) y por albergar el principal puerto del país, Buenaventura niega a su población los derechos básicos de ciudadanía.

Aunque la vida en Buenaventura no sea tan diferente de las condiciones en otras zonas de las Américas negras, aquí, el contraste entre la miseria negra y la dinámica economía portuaria del portal de Colombia al mercado mundial es insidioso. El suministro de agua es deficiente y deja a la mayoría de sus 390.000 habitantes con sed, el 62% de la población está desempleada (el porcentaje nacional es del 10%)[1], el 42% de la población es víctima directa del conflicto armado, el 64 % de los habitantes son pobres y el 42% de la población en edad escolar primaria y secundaria está fuera de la escuela. Para completar el escenario, la disputa territorial entre una 'nueva' versión del paramilitarismo (las Bacrim, o bandas criminales), fractura la ciudad en geografías de la muerte. Si bien los homicidios se han reducido significativamente en los últimos dos años, Buenaventura está lejos de ser un "territorio de paz" como lo ha prometido el gobierno nacional.

Buenaventura niega a su población los derechos básicos de ciudadanía.

En el 2013, durante una mesa redonda con activistas en una universidad local, algunos residentes denunciaron la siniestra economía de la violencia estatal, narco-paramilitarismo y pandillas, que victimiza preferencialmente a las  gentes negras en Buenaventura.  Como en otros contextos políticos donde la vida negra no importa, esta dinámica particular de la violencia racial en Colombia podría ser sintetizada como "acumulación por evisceración".[2]  En este régimen macabro, la población negra se convierte en 'materia prima' no sólo para el narco-negocio, que considera a Buenaventura como una ruta estratégica de contrabando internacional (donde, como señala antropóloga Inge Valencia Peña, la juventud negra aparece como la parte volátil y desechable), sino también como blanco de la "guerra contra el subdesarrollo" del gobierno colombiano. En estas áreas estratégicas de interés nacional, la presencia negra se convierte en un obstáculo para ser eliminado. La "nueva" guerra contra el subdesarrollo se centra en la "competitividad e infraestructura estratégica" de ciudades portuarias como Buenaventura, como nuevo campo de batalla para la seguridad y el crecimiento económico del país.

En el plan de desarrollo del presidente Juan Manuel Santos, Buenaventura se convertirá en un ‘territorio de paz’, que asegurará la inversión extranjera y facilitará la expansión de las exportaciones. A medida que la actual expansión del Canal de Panamá abre nuevas posibilidades para Colombia en el comercio internacional, y en el momento en que el país acaba de firmar un acuerdo de paz con las FARC que se espera pondrá fin a un conflicto armado que dura más de 50 años, los/las activistas sociales anticipan una intensificación del desplazamiento forzado, pobreza y asesinatos políticos. Los miles de desplazados desde y hacia Buenaventura, la violencia homicida en el casco urbano, y los desaparecidos o muertos en las casas de pique (donde los cuerpos de las víctimas son trozados), son sólo una dimensión de la constitución mutuamente dependiente de la evisceración de vidas negras y de la acumulación de capital.

La "nueva" guerra contra el subdesarrollo se centra en la "competitividad e infraestructura estratégica" de ciudades portuarias como Buenaventura.

¿Habría sido normalizada la negación de una infraestructura básica en Buenaventura, como efectivamente así ha sido, si su población no fuera predominantemente negra? ¿Cuáles son las razones políticas para que la principal puerta de entrada de Colombia al mercado global sea uno de los entornos urbanos con los peores indicadores sociales del país, devastado por una explosiva combinación de pobreza, racismo estructural y violencia homicida? Responder a estas preguntas puede ayudarnos a contextualizar las demandas de los movimientos sociales agregadas en el "paro cívico" que desde el 15 de mayo ha denunciado el abandono de la ciudad por parte del gobierno departamental y nacional.

Los manifestantes exigen al presidente Santos declare Buenaventura como zona de emergencia política y social, lo que facilitaría la liberación urgente de un fondo federal para atender las demandas legítimas de una población históricamente excluida de la agenda política nacional. Hasta ahora el presidente Santos se ha negado a declarar el estado de emergencia social, pero acudió a su cuenta de Twitter para decir que respeta el derecho a la protesta, pero que “el vandalismo y el saqueo no están permitidos” y que “la situación en Buenaventura se encuentra bajo el control de la fuerza pública”. Se refería a la unidad especial de la policía, la Esmad, desplegada para aplacar los disturbios urbanos de la noche del 19 de mayo, cuando la población, frustrada, estalló en ira.

Mientras el presidente y la gobernadora del Valle, Dilian Francesca Toro, se mostraban negligentes a la hora de prestar servicios básicos a la población, y todavía resisten en hacer concesiones a los negociadores, se apresuraron sin embargo a condenar las protestas, tachándolas de “vandalismo”, y expresando su preocupación por las pérdidas económicas para Colombia causadas por los bloqueos en el acceso al puerto. La gente negra es, una vez más, un obstáculo para el interés nacional.

Aunque no sea sorprendente, las respuestas del Estado indican que el sufrimiento negro no es registrado como tal en la memoria nacional (o sea, las vidas negras no importan), así que, si quieren ser escuchadas, las protestas negras deben perturbar la vida civil. En respuesta al caos social producido por el estado, el disturbio del paro indica que si bajo la ciudadanía restrictiva de los derechos multiculturales lo que nos ofrecen es media-ciudadanía, entonces el imperativo de la protesta debe ser ni buen esclavo ni buen ciudadano. Para responder al paro cívico de Buenaventura como una manifestación legítima de la sociedad civil colombiana, el Estado tendría que considerar el sujeto negro desplazado del mundo de la ciudadanía como portador/a de derechos (como miembros de la comunidad nacional de Colombia) que hace reclamos legítimos ante sus representantes. Pero entonces el dolor de cabeza histórico: ¿qué tal si la ciudadanía y la negritud son categorías estructuralmente antagónicas?¿Qué sucede cuando el color de la piel y el origen territorial de los que protestan hace que sus vidas carezcan de sentido, a menos que sus demandas se articulen en términos de autenticidad cultural, como han señalado algunos/as estudiosos del multiculturalismo en Colombia?

Aunque no sea sorprendente, las respuestas del Estado indican que el sufrimiento negro no es registrado como tal en la memoria nacional.

Si bien no abogo por la violencia como medio para acceder a derechos sociales y políticos, algo históricamente costoso para los colombianos (y en el caso del paro cívico hay algunos relatos que señalan que grupos armados se aprovecharon de la protesta para sembrar el caos), el vandalismo oficial del Estado es inconfundiblemente claro en su renuencia a prestar los servicios básicos (¡como el agua potable!) a una población históricamente tratada como ciudadana de tercera clase. Autoriza, si no justifica, su frustración y furia. ¿Cómo nombrar las muertes por falta de atención pública (muchos enfermos mueren durante el viaje de 110 Km a Cali, la ciudad grande más cercana), la falta de saneamiento, la desnutrición y la violencia homicida, si no como una expresión de la delincuencia de Estado?

Antes de que el lector desprecie este texto como una teoría de la conspiración o como una cantilena de la victimización racial, es importante decir que el racismo estructural nofunciona  necesariamente  como un acto aislado y deliberado de un agente público (el presidente, el alcalde, el gobernador, un policía y así sucesivamente) contra un individuo o contra un grupo social. Esta ingenua comprensión del racismo ciertamente negaría la violencia estructural de las prácticas mundanas del Estado como racialmente motivadas. Sin embargo, como nos ha enseñado la teoría crítica racial, la violencia racial no necesita articularse en términos raciales para producir resultados raciales.

Más bien, en lugar de preguntarse si las políticas estatales (y las respuestas a ellas) tienen motivación racial o no, debemos preguntarnos: ¿cuáles son las condiciones raciales que hacen que la población negra de Buenaventura sea un grupo socialmente muerto? ¿Cómo la antinegritud configura el imaginario nacional sobre la costa del Pacífico de Colombia y su población hasta un punto que autoriza (y justifica) el desplazamiento y la muerte? Y finalmente: ¿qué tipo de protesta es necesaria para que los retos de la gente negra se conviertan en un reto de la democracia en el contexto de la celebración apresurada de los acuerdos de paz?

¿Cómo la antinegritud configura el imaginario nacional sobre la costa del Pacífico de Colombia y su población hasta un punto que autoriza (y justifica) el desplazamiento y la muerte?

Como en otros lugares de las Américas, Buenaventura es una de esas espacialidades negras en las que, para que sea legible (para que le pare bolas, como dicen), el sufrimiento negro necesita tomar la forma del desorden. Si prestamos atención a las voces en las calles, el mensaje está muy claro: "ellos nos quitaron tanto, que terminaron por quitarnos el miedo". Hasta que Colombia pague su deuda histórica con la población negra, la afirmación de que " las vidas negras importan" seguirá siendo un eslogan vacío de sentido que refleja la realidad cruel de una nación racialmente dividida.

___________________________

Este texto es parte de un proyecto más amplio sobre violencia racial y protesta negra en Brasil y Colombia. Jaime es el autor de "The Anti-Black City: police terror and the struggle for black life in Brazil” (Minnesota Press, próximamente). Clique aquí para seguir y leer sus publicaciones.


[1] No incluye la población auto-empleada. Según el gobierno, la tasa oficial de desempleo es del 18%. Ver DANE, Boletín Técnico. Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_buenaventura/boletin_buenaventura_16.pdf

[2] Tomo de préstimo la expresión de RM Williams, “Williams, Rhonda M. "Accumulation as evisceration: Urban rebellion and the new growth dynamics." Reading Rodney King, Reading Urban Uprising, 1993, pp.82-96

Had enough of ‘alternative facts’? openDemocracy is different Join the conversation: get our weekly email

Comentarios

Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios
Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram