La Policía Militar ocupa una favela en Rio de Janeiro, Abril 2015.Demotix/Fabio Teixeira. All rights reserved

Imagínese un lugar donde matan a ocho Michael Browns cada día. Imagínese un lugar donde la extorsión, la violación, la tortura y los asesinatos son rutina. Esto es Brasil. El terror policial en Brasil se ha convertido en un hecho tal banal que ha perdido su interés mediático. Algunos de nosotros nos acordaremos de la cobertura mediática global que tuvieron las masacres de Candelaria (1993), Carandiru (1992), Eldorado dos Carajas (1996), y Crímenes de Mayo (2006).

Ahora, más que nunca, la matanza se ha convertido en el modus operandi de la policía. Uno podría esperar que con los avances sociales promovidos por el PT en la última década (40 millones de personas consiguieron salir de la pobreza en Brasil), el terror policial desaparecería o por lo menos se haría mucho más infrecuente. Pero ha ocurrido todo lo contrario. Hay una cosa que une a los gobiernos de izquierda y de derecha: su incapacidad para luchar contra el terror policial. A veces, los gobiernos de ambos colores han sido cómplices del Estado policial.

Decir que la matanza es una práctica rutinaria en Brasil no es una exageración. La policía brasileña es tan corrupta, brutal y fuera de control que en los últimos ocho meses (entre enero y agosto de 2015) hubo 15 matanzas con 56 víctimas mortales en la ciudad y área metropolitana de San Pablo. Aunque las investigaciones siguen abiertas, todo indica que la policía militar, altamente corrupta y criminal, está implicada en los asesinatos. Cada vez que hay una nueva información de asesinatos a cargo de la policía, acaba apareciendo una extraordinaria cantidad de muertos. A nadie parece importarle. Después de todo, la mayoría de las víctimas son negros que viven en las favelas. 

Quizás a usted le importe, así que revisemos los números. En los últimos diez años (del 2002 al 2012), la policía brasileña mató a 11.200 personas acusadas de resistirse a ser arrestadas. En 2014, la policía mató a 3.022 civiles, de acuerdo con las cifras preliminares del Foro Brasileño de Seguridad Pública. En septiembre de 2015, la policía militar de San Pablo y de Río ha asesinado a 494 y a 459 personas respectivamente. De acuerdo con Amnistía Internacional, la policía es responsable de hasta el 15% de los homicidios en Río de Janeiro. En San Pablo, la policía es responsable de hasta una de cada cinco muertes violentas.

Con este panorama, ¿dónde deberían las víctimas del terror policial buscar amparo? ¿Deberían llamar a la policía? ¿Cómo pueden oponer resistencia a un poder militar que considera a los negros brasileños como enemigos del Estado y de la sociedad civil? [1] No hay espacio para la rendición porque no hay dos ejércitos enfrentados y el objetivo último no es “la paz”. El objetivo último es la muerte. Cuando la policía toma la favela, todo el mundo es considerado un criminal, independientemente de su estatus como “trabajador”, “ladrón”, “feligrés” o “traficante”.

La policía brasileña ostenta el poder absoluto otorgado por funcionarios gubernamentales electos y por un sistema judicial fallido. Geraldo Alckmin, el gobernador de derechas de San Pablo respondió de esta manera al asesinato de nueve personas por parte del batallón especial de policía ROTA: “el que no se resistió sigue (aún) con vida”. De manera similar, Rui Costa, gobernador de izquierdas de Bahía, respondió con un chiste a la operación policial que acabó con el asesinato de doce personas en la periferia de Salvador. Costa señaló que: “un policía es como un delantero delante del arco. Tiene que decidir, en cuestión de segundos, cómo marcar… si el policía marca, se le aplaude, pero si falla el tiro, se le critica”. Aparentemente, el resultado final de la matanza policial fue un doce a cero.

¡No hay esperanza!

Despliegue de una Unidad de Pacificación en Río de Janeiro. Río, Octubre 2013.Demotix/Fabio Teixeira. All rights reserved.

El asesinato de residentes de favelas (casi todos negros) se ve continuamente justificado en los medios de comunicación conservadores y en la petición de más sangre por parte de la sociedad civil, si es que ya no se han unido a las matanzas de la policía. Una ola reciente de violencia grupal por parte de blancos de clase media contra negros pobres en todo el país apunta al resurgimiento del linchamiento en la “democracia racial” brasileña.

Muy a menudo, los periódicos rematan al muerto al calificarlo de “bandido” o de “criminal”. En mi propio trabajo con víctimas del terror policial en San Pablo, he sido testigo de cómo se afanan las madres intentando asegurar los trámites burocráticos que demuestren la inocencia de sus hijos muertos y así reparar post-mortem su imagen tergiversada. Invariablemente, los periódicos copian y pegan información del informe policial, que es una narrativa fraudulenta deliberada que victimiza a los policías y criminaliza a los muertos. Si un agente  es asesinado, la policía invade la favela y asesina a docenas de personas en una sola matanza. Las veinte personas asesinadas después de que un agente muriera en la periferia de Manus en Junio del 2015 y las quince que murieron en la periferia de San Pablo en Septiembre 2015 son dos ejemplos de la lógica de venganza que alimenta las prácticas policiales en Brasil. 

Dentro del sistema institucional actual, no parece que haya esperanza para cambiar la manera de funcionar de la fuerza policial brasileña. Al contrario que en otros muchos países, en Brasil la seguridad pública es responsabilidad de cada estado federal. No existe un esfuerzo coordinado entre los gobiernos federales y el gobierno central para entrenar y controlar a la policía. La presidenta brasileña Dilma Roussef prometió impulsar una nueva legislación reasignando responsabilidades, pero parece improbable que vaya a llevarlo a cabo a la vista de la crisis actual de su gobierno. Mientras tanto, la policía continúa ostentando un poder discrecional extraordinario, que va mucho más allá de lo que cualquiera consideraría intolerable. Es incluso más inquietante  el hecho de que comportamientos irregulares cometidos por los agentes sean investigados por la policía misma, en medio de una cultura previsiblemente corporativa que casi siempre concluye sin acusaciones formales.  

Los casos que están siendo investigados por el Ministerio Público acaban habitualmente archivados por “falta de evidencia” o son justificados por el hecho de que el agente estaba “cumpliendo estrictamente sus funciones”. Tal como los activistas sociales han señalado desde hace tiempo y como confirma el último informe de Amnistía Internacional, existe la creencia compartida entre los miembros de la judicatura de que la policía está simplemente limpiando la ciudad. En su página de Facebook, el representante del Ministerio Público Rogerio Zagallo expresó recientemente lo que la mayoría de sus colegas parecen creer también. Enojado por una protesta que bloqueaba el tránsito, colgó en internet el siguiente mensaje desde su automóvil: “que alguien le diga a la policía que, si mata a estos hijos de puta, yo archivaré la investigación policial”.     

Las instituciones corruptas del poder judicial han creado lo que la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos ha descrito como una “cadena perversa de impunidad” que los familiares de los muertos no pueden atravesar. Un caso a resaltar: En Mayo del 2016 se cumplirá el décimo aniversario de lo que se conoce como los “Crímenes de Mayo” (cuando una venganza del grupo criminal PCC –Primer Comando de la Capital-  atacó y mató a 59 policías acabó con la muerte de 505 personas), y todavía no hay imputaciones. No hay ningún sólo caso resuelto sobre la venganza policial que resultó en un baño de sangre, matando a 505 civiles en el transcurso de dos semanas.

Por el contrario, la sociedad civil y los medios conservadores han dado voz y promovido a funcionarios del gobierno y a agentes de policía directamente implicados en éstas y muchas otras muertes. El Coronel Paulo Telhada, un antiguo comandante de las ROTA no sólo fue elegido legislador en Sao Paulo vendiéndose a sí mismo como el que mató a 36 personas, sino que se convirtió en miembro de la comisión de derechos humanos de la cámara de representantes estatal. 

¡Acción!

Protestas pacíficas contra la violencia policial delante del Cuartel General de la Policía Militar en Brasilia, 2013. Demotix/Osvaldo Ribeiro Filho. All rights reserved

Activistas negros han denunciado sin ambages el terror policial en Brasil, llamándolo directamente “genocidio negro”. Previsiblemente, muchos ven esta reivindicación como una exageración y el Estado brasileño no ha emprendido acciones serias a pesar de que las estadísticas señalan un número persistente y chocante de negros muertos. Si bien no todas estas muertes están directamente relacionadas con la policía, ciertamente son facilitadas por el comportamiento criminal del Estado. A la vista de tal indiferencia, los activistas han reclamado la solidaridad internacional. Mientras lloramos a nuestros muertos e intentamos imaginar y construir un mundo sin la policía militar, necesitamos acabar urgentemente con la incansable maquinaria de violencia y terror de la policía brasileña.

A continuación apunto una serie de recomendaciones y acciones a llevar a cabo, recogiendo algunas de las preocupaciones y demandas del movimiento negro en Brasil:  

1. Las Naciones Unidas y las organizaciones de Estados Americanos deben presionar al gobierno brasileño para desmilitarizar su fuerza policial y “federalizar” las investigaciones que afecten a agentes de policía. Y esto porque las autoridades a nivel estatal han sido incapaces de llevar a cabo investigaciones independientes. La Policía Federal es quien debe llevar a cabo las investigaciones que afecten a miembros de los cuerpos y fuerzas de la policía. 
2. Las agencias internacionales deben apoyar al movimiento social que lucha a favor de una legislación que “federalice” los crímenes cometidos por agentes de policía y a favor de un grupo de trabajo permanente, independiente y protegido que fiscalice las actuaciones policiales, compuesto por activistas negros, académicos y organizaciones de derechos humanos.
3. La violencia policial es también un campo fértil de conocimiento. Los académicos han contribuido a  nuestra comprensión de la violencia policial en Brasil, pero hace falta traducir este conocimiento en acciones. Existe frustración entre los activistas sociales progresistas ante una agenda académica conservadora sobre la “reforma de la policía” mientras que, en la calle, los activistas demandan su abolición. El Movimiento negro nos ha urgido (por lo menos a aquellos de nosotros situados en ambos lados del espectro) a tener en cuenta su léxico político y sus demandas, mientras plantan cara al terrorismo de Estado sobre el terreno.
4. A nivel estatal, los académicos basados en Estados Unidos y los activistas de los movimientos negros norteamericanos deben expresar su solidaridad con sus contrapartes brasileñas presionando a la administración Obama y al Congreso Americano para que detengan el “Acuerdo de Defensa y Cooperación Estados Unidos-Brasil” (DCA en sus siglas en inglés), que promueve el intercambio de tecnología militar, el fortalecimiento de la industria de defensa y la colaboración conjunta en la formación de capacidades para “operaciones de pacificación”. Este tipo de transacciones e intercambios ayudan a continuar ejerciendo la violencia contra los negros en ambos países.[2]

Finalmente, los medios de comunicación alternativos y las organizaciones de derechos humanos internacionales deben evitar utilizar el leguaje del Estado para referirse a los asesinatos a cargo de la policía. Términos como “muertes por resistencia a la autoridad”, “uso excesivo de la fuerza”, “fuera de la ley” o “letalidad” no son neutros y ayudan a legitimar el terror policial. ¿Cuántas muertes más de jóvenes negros son necesarias para que las consideremos “genocidio” o asesinatos políticos? [3]

Llamar la atención de la necesaria solidaridad internacional puede ser la única posibilidad de poner en evidencia el régimen de terror doméstico que mantiene el Estado brasileño, aunque no debemos albergar demasiadas esperanzas. Un indicador: las Naciones Unidas ya han recomendado al gobierno de Brasil la abolición de la policía militar. Pero aún así, mientras las Naciones Unidas expresan su preocupación, el gobierno brasileño establece acuerdos con los Estados Unidos y con Israel para suministrar a la policía brasileña tecnología militar y entrenamiento en operaciones de anti-insurgencia urbana. El mensaje es meridianamente claro: más policías, más prisiones, y más muertes.

 (Artículo publicado originalmente en Inglés) 

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1] Esta cuestión puede plantearse también en el contexto de la extensa violencia contra las comunidades negras en los Estados Unidos. Para una visión relacional entre Brasil y EE.UU. véase Joy James y Jaime Alves (próxima publicación) “Domestic Security Regimes: Favelas, Urban Blackness and Bi-national Geographies of Police Terror”. Manuscrito.

[2] Joy James y J Alves, ‘Domestic Security Regimes’. (próxima puiblicación).

[3] Para una defensa académica del concepto de “genocidio negro”, véase: João Costa Vargas. "Genocide in the African Diaspora United States, Brazil, and the Need for a Holistic Research and Political Method." Cultural Dynamics, 17, no. 3 (2005): 267-290.