Las tecnologías digitales están dejando a las sociedades en una coyuntura crítica. El espionaje masivo y dirigido realizado por empresas como Google y el rol de plataformas como Facebook en casos de genocidio reflejan una pérdida del control por parte de la ciudadanía. Por otro lado, desafíos globales con importantes efectos a nivel local demandan que la información acaparada por el Estado se abra y permita a las comunidades tomar decisiones autónomas. Por ejemplo, los datos sobre el medio ambiente, incluyendo aspectos como la disponibilidad y uso de agua, son hoy demandados por colectivos territoriales.

En este contexto, una nueva posibilidad se está abriendo en Chile. Mañana miércoles 20 de abril el pleno de la Convención Constitucional de ese país discutirá incluir los comunes digitales como un modelo de gobernanza protegido y promovido a nivel constitucional. De aprobarse, los comunes digitales constituirían un paso relevante para que la ciudadanía participe en el control de la tecnología y la información, a la vez que inspiran a otros países a avanzar en un camino similar.

Lo comunes digitales y el bien común

Al día de hoy, el control de la tecnología y la información está bajo el control de empresas privadas, principalmente de Estados Unidos y China. Estas empresas no buscan el bien común sino que la maximización de sus ganancias. Esta situación ha sido facilitada gracias a una serie de artilugios legales que, incluyendo aspectos como la propiedad intelectual y laxos estándares de privacidad, han permitido que las empresas puedan velar por sus intereses de una forma que no necesariamente beneficia a los y las usuarias y al medio ambiente.

Los comunes digitales implican una forma alternativa de gestionar la tecnología y la información basada en la búsqueda del bien común y la colaboración. En los comunes digitales, la reciprocidad y la confianza es clave ya que decisiones como la propiedad y el acceso se deciden en base a un debate democrático, no jerárquico e inclusivo.

Para algunas personas los comunes digitales pueden sonar poco realistas. Sin embargo, tecnologías que utilizamos en el día a día, tales como el internet, el código de nuestros computadores (Linux) e información abierta y colaborativa (Wikipedia) han sido desarrolladas y gestionadas en la forma de comunes digitales. Por lo tanto, los comunes digitales son un principio de gobernanza de tecnología e información que funciona en la práctica.

En tiempos en que las tecnologías digitales median casi todos los aspectos de nuestras vidas, los comunes digitales permiten avanzar hacia una sociedad más justa, democrática e innovadora. El marco de comunes digitales beneficia a todas las personas y promueve la comunidad y la autonomía. Al mismo tiempo, democratiza la innovación al permitir que más personas puedan acceder al código detrás del software y a datos relevantes, permitiendo identificar nuevas oportunidades de negocios.

En algunos casos los comunes digitales también implican devolver a la gente común y corriente el valor que les ha sido extraído a través de tecnologías e información digital. Por ejemplo, permiten controlar y distribuir el valor generado por la extracción de datos llevado a cabo sin consentimiento por parte de plataformas digitales. Otro ejemplo es el de los datos del medio ambiente que son recolectados y utilizados por distintas entidades sin participación de las comunidades que han protegido los ecosistemas locales.

La Convención Constituyente en Chile

La promoción de los comunes digitales se alinea con el espíritu de igualdad y diversidad que se manifestó en el voto de los y las ciudadanas en Chile al elegir a quienes integran la Convención Constituyente. Esta convención tiene como objetivo redactar la Constitución que regirá al país, y surgió como respuesta al masivo levantamiento social que ocurrió en Chile en 2019 y que demostró el gran descontento de la población frente a la desigualdad política, económica, étnica, de género y sexual.

Los integrantes de la Convención cuentan con una alta legitimidad ya que gran parte de ellos no fueron patrocinados por partidos políticos sino que surgieron de organizaciones territoriales. Además, la Convención es paritaria y cuenta con escaños reservados para los pueblos indígenas.

Ciertamente, la Convención tiene limitaciones. Dos de ellas son el alto quórum de 2/3 que fue impuesto para la aprobación de normas, y la exclusión de las comunidades afrodescendientes. Sin embargo, la Convención constituye un modelo de democracia en un país cuya Carta Magna actual fue impuesta durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Una Constitución que promueva los comunes digitales permitiría avanzar hacia tecnologías de información que sirvan a los intereses de todos y todas, y no a los de unos pocos. En vez de simplemente ‘importar’ desarrollos desde el extranjero, se abre la posibilidad de generar herramientas adecuadas para el contexto local que permitan enfrentar los desafíos propios del país como la concentración económica y la desertificación.