El pasado fin de semana los chilenos eligieron por votación directa a las 155 personas que escribirán su nueva Constitución, un hecho democrático sin precedentes.

Uno de los puntos clave que reclamaban los manifestantes en las protestas en Chile en 2019, conocidas como “el estallido social”, era el cambio de Constitución. La actual data de 1980 y, aunque ha tenido varias modificaciones, no deja de ser la herencia del régimen militar del dictador Augusto Pinochet, bajo cuyo poder se instituyó.

Por eso, en octubre de 2020 los chilenos aprobaron, por un amplísimo 78%, cambiar esa vieja Constitución. Este fin de semana eligieron a los 155 representantes de la Convención Constituyente que tiene la misión exclusiva de redactar el nuevo texto constitucional.

El 15 y 16 de mayo, además de ediles municipales y gobernadores regionales, los chilenos debían elegir entre casi 1.300 candidatos, a 155 constituyentes. Los elegidos se escogieron bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantiza que 45% son mujeres, mientras reserva a los pueblos indígenas chilenos 17 escaños. Este nuevo órgano tendrá 9 meses para presentar un texto constitucional, plazo que se podrá ampliar solo una vez por 3 meses. A mediados de 2022, los chilenos votarán en otro plebiscito, en el que se aprobará o rechazará el texto de la nueva constitución redactado por los 155 ciudadanos elegidos ahora.

Los resultados de esta elección sorprendieron: los grandes triunfadores fueron los independientes, que lograron casi un tercio de los representantes, un total de 48 correspondientes al 31 % de los votos. Los partidos tradicionales, por otra parte, fueron castigados; la derecha logró con el el 23,9% de los votos, solo 37 representantes, lo que la sitúa lejos del tercio necesario (situado en 52 escaños) para determinar en el contenido de la nueva Constitución, mientras que el centro-izquierda moderado de la oposición obtuvo apenas 25 escaños con el 16,1%.

Ésta fue incluso superada por la lista presentada por la coalición de la izquierda radical con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que agrupa partidos y movimientos que nacieron de las protestas universitarias de 2011. Esta alianza consiguió erigirse como la primera fuerza de izquierda en la constituyente, y obtuvo 28 representantes y el 18,1% de los votos.

El primero en reconocer el duro golpe electoral fue el Gobierno. “La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje, tanto al Gobierno como a todas las fuerzas políticas tradicionales: no estamos sintonizando adecuadamente con sus demandas y anhelos”, dijo el presidente Sebastián Piñera.

El giro electoral, sin embargo, no fue previsto por la mayoría de las encuestas y no fue bien recibido internacionalmente. En la mañana del Lunes 17 de mayo la cotización del dólar estadounidense se disparó en Chile, debido a la incertidumbre que genera la derrota sin paliativos del bloque oficialista y la incertidumbre que genera la irrupción de hasta 48 independientes que no responden a disciplinas de partido. El peso se depreció un 2,5%, depreciación inédita desde el estallido social de octubre de 2019. Las acciones en la Bolsa de Santiago, en tanto, cayeron un 10%.

Asimismo, la derrota de la centroizquierda moderada, una alianza que hizo posible que se recuperara la democracia tras la dictadura de Pinochet, también es un mensaje por parte de la ciudadanía; los chilenos y las chilenas ya no confían mayoritariamente en lo que se considera la política de dos bloques, tradicional en el país austral.

La corriente de cambio que estas megaelecciones trajo a Chile alcanzó también a alcaldes y concejales de las 346 comunas o municipalidades que integran el país, donde también se votó, por primera vez desde el retorno a la democracia, a los gobernadores de sus 16 regiones, que hasta ahora eran designados desde el poder central.

El abc de la Convención

¿Qué sigue después de las elecciones?

El primer paso que debe tomar la nueva Convención Constituyente es elegir un presidente y un vicepresidente. Ambos deberán ser escogidos por mayoría absoluta. También deberá ser escogida una secretaría técnica conformada por dos personas que tengan los méritos, académicos o profesionales, idóneos. Luego, la misma Convención debe establecer las reglas de su funcionamiento.

¿Cuál es el objetivo de la Convención?

El objetivo de la Convención es exclusivo: redactar y aprobar una nueva Constitución, por lo que no puede ejercer ninguna otra función. Asimismo, la redacción de la nueva Constitución deberá respetar el carácter de República de Chile, es decir, que es un sistema político regido por leyes, por su democracia de sufragio universal, por las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y por los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile.

¿Cómo tomará sus decisiones la Convención?

La Convención debe aprobar las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de esas reglas por un quórum de dos tercios de sus miembros. Con esto se busca lograr un alto grado de consenso en el texto constitucional.

¿Por qué se dice que la nueva Constitución se escribirá desde una "hoja en blanco"?

Esto se dice porque la Convención deberá escribir un nuevo texto constitucional, lo que es diferente a una reforma a la Constitución vigente. Este nuevo texto busca adaptarse, sin cortapisas del pasado, a las necesidades del país en el Siglo XXI.

¿Se podrán reclamar infracciones a las reglas de la Convención?

Sí, cuando se haga una reclamación tendrá que ser resuelta por cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.

¿Cómo se hará el plebiscito para aprobar la nueva Constitución?

Cuando la Convención concluya su trabajo, tendrá que entregar su propuesta al presidente de la república quien convocará un nuevo plebiscito, que debe celebrarse sesenta días después de que la convocatoria se haga pública. En este plebiscito el sufragio será obligatorio y habrá una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales para quienes puedan votar y no lo hagan.

Si se aprueba la nueva Constitución, el presidente deberá convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público, promulgue y jure acatar la nueva Constitución, cuyo texto se publicará en el Diario Oficial en los diez días siguientes, fecha en la que entrará en vigencia.

Si, por otra parte, la nueva Constitución es rechazada, se mantendrá la Constitución de 1980 y sus reformas.

¿Por qué este proceso constitucional es histórico e importante para el mundo?

Chile ha elegido un camino abierto e innovador para salir de una profunda crisis social, que se prolongaba desde hace mucho tiempo y que conoció varios estallidos hasta hacerse insoportable en octubre de 2019.

Lo primero que sorprende de la nueva convención diseñada por los chilenos y las chilenas fue la facilidad con que los y las ciudadanas podían presentarse para formar parte de la comisión constituyente. Una decisión democrática que hizo que muchos de los elegidos por la ciudadanía resultasen lejanos al gobierno conservador y, también en gran medida, a la oposición de izquierda, ganando con contundencia los candidatos independientes.

Lo segundo que es innovador es la forma de votación con la que funcionará la convención. Estableciendo un quórum de dos tercios, se reduce la posibilidad de que los extremos políticos se enfrenten y obliga a una mayor equidad en cada decisión. Pero aquí es importante recordar que el consenso total es una ilusión. Lo que debe buscar este nuevo texto es llegar a principios fundamentales compartidos capaces de refundar la base del Estado social y que permitan a Chile avanzar en un proceso realmente democrático.

Aunque la Convención no podrá reformar sentencias judiciales o tratados internacionales vigentes, sí podrá replantear los siguientes temas: Primero, el rol del Estado. Una crítica de parte de los chilenos hacia el Estado actual es que no es un estado social de derecho, no beneficia a los ciudadanos. Esto se reflejó en las protestas de 2019 en las que los chilenos llamaron la atención sobre áreas centrales al bienestar y la justicia social como la salud y la educación. Como en otros países de la región, la precariedad de los servicios básicos en Chile quedó al descubierto durante la pandemia. Por eso, la nueva Constitución puede y debe virar hacia un Estado con un rol social.

En segundo lugar, está el reconocimiento de los pueblos indígenas. Hoy Chile no es un Estado plurinacional, es decir, no es un Estado donde se acepten y beneficien los derechos de los pueblos mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas. Por eso, la Convención Constitucional electa incluye desde el principio a 17 representantes de los pueblos indígenas, pertenecientes a los diez pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado. Este tema no será pequeño; el Estado chileno le debe a estos pueblos una reparación histórica y tocará temas difíciles, como lo es la propiedad de las tierras.

En tercer lugar, está la cuestión del régimen de gobierno. Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el presidente acapara el poder Ejecutivo. Este modelo, sin duda, es cuestionable, ya que le otorga demasiado poder al jefe de Estado en detrimento de los demás poderes.

En cuarto lugar está la importancia de las instituciones. Para quienes argumentan que la Constitución en Chile, o en cualquier país, es solo un papel, podemos poner un ejemplo claro de que no es así: si en este nuevo texto se define que el ganador se lo lleva todo, como ocurre en Estados Unidos, la forma en que el país definirá su futuro cambia radicalmente. Eso demuestra que las instituciones democráticas importan y que Chile tiene la oportunidad de que sus ciudadanos recuperen la confianza en su institucionalidad respondiendo a lo que los ciudadanos reclamaban desde hace mucho tiempo.

El último punto a tener en cuenta es el de los migrantes. Chile es uno de los países más atractivos para el flujo migratorio porque, dentro de la región, es visto como un lugar con una economía estable que ofrece oportunidades. El Departamento de Extranjería y Migración del gobierno chileno publicó que la población extranjera aumentó un 19,4% en los últimos tres años. Esto da un total de 1,5 millones de migrantes que representan 7,6% de la población total de Chile, unos ciudadanos que deben ser tenidos en cuenta en el nuevo texto.

A lo anterior, se suma que Chile había sido considerada una de las democracia más sólidas de la región, pero el estallido social de 2019 criticó y puso en tela de juicio un modelo político y económico, fuertemente condicionado por el neoliberalismo que acompañó a la dictadura del general Pinochet, donde lo privado prima ante lo público, algo que quedó aún más al descubierto durante la pandemia. El modelo neoliberal chileno fue ovacionado, e incluso trataron de replicarlo otros países de la región, hasta que mostró sus profundas debilidades e injusticias, que provocaron el estallido social del 2019. Por eso, ahora que se abrió el proceso de una nueva Constitución, se abrió también la puerta a que se aborden temas que históricamente han quedado pendientes.

Chile, como pocas naciones han tenido, se ha dotado de la oportunidad de reformar las bases de su Estado. Es, sin duda, un hecho histórico, un experimento que abre la puerta para que la región conozca un sistema democrático diferente, nacido de las preocupaciones sociales reales de la ciudadanía y no exclusivamente de juristas, expertos constitucionalistas, lobbistas y políticos profesionales.

No será fácil un proceso fácil, puesto que los poderes fácticos y tradicionales se resistirán a perder sus privilegios, y la complejidad de la tarea de la refundación hará aflorar contradicciones y limitaciones estructurales. Pero la composición de la Constituyente resultado de las elecciones del fin de semana pasado trae esperanza a Chile y al mundo. De ser exitoso, el vanguardista proceso chileno podría servir como base para repensar los modelos de otros países Latinoamericanos donde el descontento social ya no da tregua.