Los detractores de neologismos españoles de género neutro como "Latinx" suelen quejarse de que son promovidos por angloparlantes que pretenden imponer sus preferencias ideológicas en una lengua que apenas entienden.

Puede que alguna vez haya sido así, pero los activistas hispanohablantes nativos de toda América Latina han asumido agresivamente la causa.

Desde Chile y Colombia hasta Uruguay y Argentina, el español "inclusivo" ha sido adoptado y promovido por la izquierda y el centro políticos. En algunos casos, estos esfuerzos han provocado reacciones negativas, como en Buenos Aires, que este año impuso una de las primeras prohibiciones del mundo contra el lenguaje no sexista en el sistema educativo.

En esta aparente repetición de la guerra cultural estadounidense está en juego nada menos que el futuro de la izquierda en la región.

Los partidos progresistas han llegado recientemente al poder en América Latina, sobre todo en Brasil, donde Lula le arrebató el palacio presidencial a Jair Bolsonaro, siguiendo los pasos de Alberto Fernández en Argentina, Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Sin embargo, la adopción por parte de la resurgente izquierda latinoamericana de la señalización progresista de la virtud es un canario en la mina de carbón para el movimiento.

Cuando los líderes de la izquierda sustituyen el progreso material de las masas por las manías culturales de los activistas de la élite, se están embarcando en un camino hacia el mismo destino sufrido por la izquierda en el Norte Global: el abandono de su base obrera tradicional y la captura total por los valores de la clase media urbana.

Un vistazo a los últimos medios de comunicación de izquierdas en Argentina ofrece abundantes ejemplos de la moda del lenguaje de género neutro.

No hace mucho, la portada del Tiempo Argentino, el semanario progresista de Buenos Aires, proclamaba que el futuro del fútbol es no binario y agénero. Este mensaje se enmarcaba en la recién adoptada ortografía de género neutro: Bajo la nueva dispensa, por ejemplo, socios no-binarios se convierte en socies no-binaries o socixs. (Para imaginar el efecto de tales grafías en un lector medio, imagínese una sección de deportes en inglés que estilizara "fans" como "fxns").

Para ejemplos más feroces, podemos recurrir al legendario diario de izquierdas Página12, que ha cumplido una misión periodística vital desde el advenimiento de la democracia en Argentina, entre otras cosas cubriendo los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura que reinó hasta 1983 y los juicios en curso contra sus autores. En los últimos años, sin embargo, esos reportajes emplean a menudo las grafías de moda rechazadas por la mayor parte del mundo hispanohablante: niños asesinados e hijos robados, por ejemplo, se convierten en niñxs asesinadxs e hijes robades. Por si este material forense no fuera suficientemente grotesco, los familiares de asesinados y desaparecidos que siguen el escaso periodismo dedicado a las desapariciones no resueltas y a los juicios de derechos humanos deben recibir ahora estos artículos reempaquetados en una terminología tomada del frívolo lenguaje de las modas juveniles de Internet.

La sustitución de las terminaciones "o" y "a" de los sustantivos españoles por la "e" (o la más horrible "x") hace que la lengua propia de los lectores les resulte extraña; con las terminaciones "e", el texto a menudo acaba pareciéndose más al catalán que al español. Esto no es casual.

El español de género neutro erige un muro de pago intelectual que preselecciona qué tipo de personas son aptas para leer. Los periodistas progresistas están señalando a sus lectores que la preocupación por el legado del pasado de la Junta es un pasatiempo reservado a los conversos al evangelio académico de la teoría de género. Están excluyendo tácitamente a los padres ancianos y a los familiares de los desaparecidos que no quieran que los espacios en los que todavía se aborda el oscuro pasado del país estén dominados por el uso obligatorio de la terminología recién introducida.

No por casualidad, estas campañas culturales se han intensificado en medio de la decepcionante actuación del presidente de centro-izquierda de Argentina, Alberto Fernández.

Cuando Fernández triunfó en las elecciones de 2019, con Argentina enfrentándose ya a una grave inflación, muchos esperaban una resurrección del populismo combativo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (que volvió al cargo ese año como vicepresidenta de Fernández). Junto con su difunto marido y predecesor presidencial inmediato, Néstor, Cristina nunca había evitado enemistarse con las élites nacionales y con organismos como el Fondo Monetario Internacional, con el que Argentina vuelve a estar enormemente endeudada, como lo estuvo en momentos anteriores de su historia.

Fernández -o Alberto, como le llaman cariñosamente sus partidarios- pertenece al mismo Partido Justicialista que los Kirchner, con raíces en el populismo de Juan y Eva Perón, que se ganó la lealtad de la clase trabajadora desafiando a la oligarquía de la nación.

Pero desde que asumió el cargo, ha adoptado una postura mucho más conciliadora en materia económica que sus predecesores. En su primer año de mandato se ha mostrado indeciso sobre la nacionalización de Vicentin, uno de los principales productores argentinos de cereales, oleaginosas y otros productos alimenticios. Al huir de sus 800 acreedores y enfrentarse a acusaciones de blanqueo de dinero y fraude, el enorme conglomerado rural quebró, tras contraer una deuda de más de 1.500 millones de dólares, incluidos 300 millones con el Banco Central argentino. La ley federal permitió al gobierno proceder a la expropiación del gigante agroindustrial, para convertirlo en una empresa estatal que pudiera alimentar al pueblo argentino, que justo entonces soportaba el bloqueo por coronavirus más largo del mundo. Los progresistas más militantes apoyaron la medida y, al parecer, también Fernández, que calificó la expropiación de "paso hacia la soberanía alimentaria" de Argentina.

Pero abruptamente, tras un recrudecimiento de las protestas conservadoras que lo tildaban de "chavista comunista" alineado con Venezuela, el presidente se rindió, declarando inviable la expropiación prometida.

Fernández achacó su sorprendente inacción a la negativa de un juez provincial a revelar todas las finanzas del grupo Vicentin. Pero no pasó desapercibido el hecho de que el gobierno seguía inmerso en tensas negociaciones sobre la deuda con el FMI.

La mayoría de los jóvenes militantes de izquierdas del movimiento peronista consideraron que se trataba de un fracaso cardinal del presidente por cuya elección habían luchado, que parecía haber capitulado ante la presión de la élite y haber llegado a un acuerdo de trastienda.

El episodio, y otros similares, sembraron las semillas del descontento popular y de una comprensión cínica del término "progresista", que para mucha gente implica ahora una plataforma incruenta de apaciguamiento de las élites y redistribución mínima, casada con cambios culturales que tienen que ver con el género, la sexualidad y la regulación del habla cotidiana.

Hoy, Fernández parece incapaz de calmar el pánico inflacionista. El sociólogo e intelectual público Atilio Borón apareció recientemente como invitado en el canal de televisión 5ñ, afín al gobierno, para diagnosticar la parálisis de la izquierda. Advirtió a los progresistas que debían evitar la "jerga intelectual posmodernista" que aleja a la mayoría de los ciudadanos. Al mismo tiempo, Borón abogó por que "si el presidente quiere gobernar, debe dar la batalla" a los industriales que determinan los precios de los productos, "en lugar de limitarse a entablar diálogos conciliadores" con los empresarios.

Borón aconsejó a Fernández que imitara a Franklin Delano Roosevelt, quien invitó a los principales empresarios y fijadores de precios de su país a una lujosa casa de campo y anunció que "nadie saldrá de aquí hasta que lleguemos a un acuerdo para estabilizar los precios", mientras soltaba a los inspectores de Hacienda en sus fincas, cual cerdos a la caza de trufas. "¡En 24 horas llegaríamos a un acuerdo!”, insistió Borón, quizá ingenuamente. Independientemente de las perspectivas reales de una acción tan agresiva, Fernández parece poco proclive a ella.

Una de las primeras medidas de Fernández como presidenta fue rebautizar el Instituto Nacional de las Mujeres como Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad; el año pasado, aumentó la financiación de este ministerio hasta el 3,4 por ciento del PIB argentino. También ha celebrado la introducción de una opción "no binaria" para los documentos de identidad como un "gran paso adelante".

Directrices y kits para aplicar las reformas lingüísticas engalanan el sitio web y los espacios oficiales del gobierno argentino. El año pasado, la nueva legislación que penaliza la "violencia simbólica" se aplicó para prohibir un programa infantil de dibujos animados, Dragonball-Z, de las ondas argentinas. (Los personajes supuestamente perpetuaban comportamientos "sexistas".)

Prácticamente no ha habido debate sobre los posibles abusos de una ley que castiga cualquier cosa que pueda definirse vagamente como "violencia simbólica".

La adopción por parte del Gobierno de Fernández de las modas de género juveniles ha apaciguado a los influencers de Internet, pero no ha logrado ganarse a una de las jóvenes más conocidas de la izquierda peronista: Mayra Arena, que procede de los suburbios urbanos de provincias, cuenta con 135.001 seguidores en Facebook y se convirtió en influyente en los debates argentinos sin abandonar su trabajo diario como esteticista. Alcanzó la fama de la noche a la mañana tras unas conferencias en TedX sobre el estigma que rodea a la pobreza en Argentina. A pesar de tener la piel clara, forma parte de la población a la que se suele denominar negra en una sociedad en la que el color sigue siendo intercambiable con el estigma de clase.

En un post de Facebook publicado posteriormente en varios periódicos digitales, Arena arremetió contra el Gobierno por estar "moral e ideológicamente escorado a la izquierda, mientras que económicamente está estancado en el centro", y por dar prioridad a las agendas culturales mientras las condiciones materiales empeoran para la mayoría. "Ya ni siquiera hablamos el mismo idioma", concluye la carta.

Esto provocó un tuit de la entonces ministra de la Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que comparó a Arena con "Bolsonaro y otros extremistas de la alt-right." Los progresistas arremetieron contra Arena por su crítica al español no sexista. Esto, a pesar del hecho de que la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, evidentemente está de acuerdo con Arena: Ha argumentado que eliminar la forma femenina de la palabra "presidente" (la presidenta) perjudica a las mujeres.

Fue en medio de estas disputas que el alcalde hípster de derechas de Buenos Aires, Horacio Larreta, introdujo este año una prohibición en las escuelas públicas de la capital: Los profesores ya no podrán defender en las aulas la ortografía revisionista de palabras como todxs o niñ@s en lugar de todos o niños.

Esto desató una previsible escaramuza de guerra cultural que ha aumentado la popularidad de la administración neoliberal del alcalde de la oposición, por lo demás pésima, molestando sólo al grupo demográfico que nunca votaría a los de su clase en primer lugar.

"El lenguaje inclusivo es un derecho humano", replicó Fernández, denunciando la medida en un indignado discurso pronunciado íntegramente en lenguaje coloquial en el Museo de Derechos Humanos. Los ministros progresistas de Educación y Género de Argentina (Gómez Alcorta dimitió en octubre y fue sustituido por Ayelén Mazzina) han prometido revocar la prohibición en los tribunales, mientras que expertos televisivos progubernamentales como Alejandro Berkovich compararon a los críticos de la "reforma del lenguaje inclusivo" con los fascistas de los años treinta.

Hoy, más de un tercio (el 37%) de los argentinos padece hambre y pobreza. Aunque el desempleo se sitúa en el 6,9%, muy pocos ingresos alcanzan ahora para alimentar a las familias, ya que la inflación se ha disparado hasta el 92,4%.

El gobierno, por su parte, está dividido entre los centristas neoliberales, más afines al presidente, y una base de izquierda peronista marginada. El único gobierno peronista de la historia que fracasó más gravemente en el cumplimiento de sus promesas redistributivas fue el tristemente célebre gobierno de Carlos Menem en los neoliberales años noventa.

En vísperas de las próximas elecciones presidenciales de 2023, el índice de aprobación de Fernández ha caído por debajo del 20%. Las elecciones regionales han anunciado la entrada sin precedentes de partidos populistas de derechas y trotskistas en el Congreso, lo que refleja el descontento de los votantes con las viejas hegemonías.

Todo esto debería ser una señal de advertencia para la izquierda latinoamericana, recién vigorizada por la victoria de Lula: Sustituir las mejoras materiales reales en la vida de la gente corriente por cruzadas identitarias de la clase media es una fórmula perdedora tanto en el Sur como en el Norte.