El asalto vandálico a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia este domingo 8 de Enero pasará a la historia de Brasil como un día de la infamia. Que el ataque, convocado por grupos bolsonaristas radicales a través de las redes sociales, especialmente activos en Telegram, tuviese lugar sin que el gobierno recién formado estuviese al corriente revela un fallo estrepitoso en el sistema de inteligencia del Estado.

“Lula ha robado las elecciones…. Los brasileños lo saben….” escribió Steve Bannon en la red social Gettr este domingo, mostrando su satisfacción por el éxito de la estrategia trumpista de deslegitimar el resultado de las urnas hasta provocar una insurrección violenta.

Decenas de autocares, coordinados on-line por los grupos bolsonaristas, llegaron a la capital de Brasil el domingo por la mañana desde distintas procedencias y se concentraron en el campamento que lleva dos meses instalado frente al Cuartel General del Ejército (CGE), antes de marchar hacia la Plaza de los Tres Poderes. La marcha, que cubrió los 8 kilómetros de distancia entre el cuartel general y la plaza, no hubiese sido posible sin la evidente connivencia de las fuerzas de seguridad del Distrito Federal de Brasilia.

La llegada de miles de asaltantes a las sedes de los tres poderes, algunos exhibiendo grandes pancartas exigiendo la intervención del ejército para apartar del poder al recién inaugurado presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue recibida tímidamente por unas fuerzas de seguridad claramente infradotadas y completamente desbordadas, que repelieron tímidamente los ataques y que en ocasiones fueron vistas conversando y haciéndose fotografías con los asaltantes. El secretario de seguridad pública, Fernando de Sousa Oliveira, y el gobernador del DF, Ibaneis Rocha, ambos reconocidos bolsonaristas, han sido ya señalados como cómplices necesarios de los hechos.

Los ecos con lo ocurrido dos años antes en el asalto al Capitolio en Washington hace dos años son evidentes, aunque en esta ocasión no tuvieron a un presidente jaleando a los asaltantes desde el poder, ni había representantes públicos sesionando o trabajando en los edificios, al ser domingo. El ex presidente Jair Bolsonaro, que se encuentra fuera del país, en Florida, sólo se pronunció vía Twitter cuando ya fue evidente que los asaltantes no obtuvieron el apoyo del ejército que reclamaban, diciendo que es legítimo manifestarse pero no vandalizar edificios públicos.

Para entonces, el presidente Lula, de viaje oficial en el interior del estado de Sao Paolo, ya había decretado la toma del control de la seguridad de Brasilia por parte de las autoridades federales hasta el 31 de Enero y declarado que los asaltantes (a los que calificó como fascistas), y sus financiadores serían identificados, detenidos y llevados ante la justicia. También señaló al ex presidente Bolsonaro, que hasta la fecha, siguiendo el ejemplo de Donald Trump, no ha reconocido su derrota en las urnas, como responsable último de los hechos.

Finalmente, a última hora de la tarde los bolsonaristas fueron desalojados por las fuerzas de seguridad federales, que detuvieron a unos 400 activistas y restablecieron el control gubernamental de los edificios. El presidente Lula regresó a Brasilia e inspeccionó in situ los destrozos al patrimonio nacional causados por los actos vandálicos, calificados como terroristas por muchos.

La indignación entre las fuerzas políticas y en la opinión pública es enorme, y la mayoría se pregunta cómo pudo ocurrir semejante desastre. Los activistas bolsonaristas han estado muy activos desde que se conocieron los ajustados resultados electorales en noviembre, primero con agresivos bloqueos de importantes carreteras por todo el país seguidos de concentraciones y acampadas frente a cuarteles del ejército demandando insistentemente una intervención militar.

Las disensiones en el seno del recién formado gobierno de Lula, que integra una pluralidad de fuerzas y sensibilidades reunidas por su rechazo al autoritarismo de extrema derecha que lidera Bolsonaro, sobre cómo lidiar con estas acciones, provocaron la inacción, y nadie se atrevió a disolver por la fuerza esas concentraciones. La principal justificación para la inacción es que se trata de concentraciones pacíficas, amparadas por el derecho a la manifestación y la libertad de expresión -el mismo Bolsonaro las validó con este argumento en su primera comparecencia pública dos días después de su derrota electoral-, pero otras voces señalan que estas concentraciones están pidiendo abiertamente un golpe de Estado y que esto es ilegal e intolerable, según la constitución brasileña.

En cualquier caso, ahora se plantea el dilema de qué hacer con esta situación, que se ha vuelto insostenible. Muchos de los participantes en el asalto regresaron al campamento frente al CGE, donde el ejército impidió la intervención de la policía. Algunos bloqueos de carreteras se han repetido, y algunos grupos en las redes sociales han convocado a bloquear la salida de combustible de las refinerías por todo el país.

Es probable que la indignación provocada por el estrepitoso fallo de seguridad este domingo haga que la línea más dura, liderada por el ministro de justicia, Flávio Dino, se imponga, y se ordene a la policía disolver a estos grupos, y hacerlo de acuerdo con el ejército.

Los próximos días van a ser muy tensos en Brasil, y la resolución de la situación depende mucho de las respuestas que puedan darse a las múltiples incógnitas que aún rodean a los hechos de la Plaza de los Tres Poderes.

La primera será determinar las responsabilidades entre las autoridades del DF de Brasilia. La segunda, identificar los fallos de la inteligencia, militar y civil, que al parecer fueron incapaces de alertar al gobierno de lo que se estaba preparando. La tercera, determinar cuál será la estrategia para disolver las concentraciones persistentes e impedir que se formen unas nuevas. Y la cuarta, y más difícil, será cómo combatir eficazmente a estos grupos de bolsonaristas radicales, que son muy numerosos, sin provocar entre ellos reacciones violentas que lleven a la desestabilización del país, y poner así en jaque la viabilidad del nuevo gobierno.

Por un lado, es posible que el execrable espectáculo de lo ocurrido con los actos terroristas contra las sedes de los poderes públicos haga que muchos simpatizantes del bolsonarismo radical se den cuenta de su verdadera naturaleza violenta y neofascista y de sus consecuencias, y maticen o retiren su apoyo a estos grupos. Por su lado, algunos prominentes activistas de la extrema derecha ya se han apresurado a acusar, través de las redes sociales, a elementos izquierdistas infiltrados de haber provocado el asalto para desprestigiar al movimiento.

Por otro lado, este grotesco intento de golpe trumpista pone en entredicho la narrativa inicial del presidente Lula consistente en promover un discurso conciliador y de unidad para sacar el país adelante y superar la extrema polarización existente. A la vista de lo acontecido, este debe ser el momento de acabar con la tolerancia frente a los grupos de bolsonaristas golpistas, que son muy activos y están muy bien financiados por poderosos empresarios y pastores evangelistas. Habrá que perseguirlos judicialmente, con toda la mano dura que permite el Estado de derecho, reclamando incluso la extradición de Bolsonaro desde los EEUU, si llega el caso.

Del acierto de Lula y su equipo en la gestión de esta nueva realidad dependerá en buena parte el éxito de una gobernabilidad difícil, que ha heredado de su antecesor Bolsonaro, un extremista de una toxicidad política muy elevada. Toda la enorme ilusión de cambio, restauración y vuelta a la justicia social y climática y a la normalidad democrática que se visualizó hace poco más de una semana en la toma de posesión de Lula se juega ahora en la resolución de esta profunda crisis.

Como muestran los hechos infames del 8 de Enero en Brasilia, el compromiso de Lula de conseguir una reconciliación nacional será una tarea titánica, pero la democracia brasileña, no sin enormes dificultades, saldrá sin duda fortalecida de este día de la infamia. La mayoría del pueblo brasileño y de la comunidad internacional, están de su lado.