Para entonces, el presidente Lula, de viaje oficial en el interior del estado de Sao Paolo, ya había decretado la toma del control de la seguridad de Brasilia por parte de las autoridades federales hasta el 31 de Enero y declarado que los asaltantes (a los que calificó como fascistas), y sus financiadores serían identificados, detenidos y llevados ante la justicia. También señaló al ex presidente Bolsonaro, que hasta la fecha, siguiendo el ejemplo de Donald Trump, no ha reconocido su derrota en las urnas, como responsable último de los hechos.
Finalmente, a última hora de la tarde los bolsonaristas fueron desalojados por las fuerzas de seguridad federales, que detuvieron a unos 400 activistas y restablecieron el control gubernamental de los edificios. El presidente Lula regresó a Brasilia e inspeccionó in situ los destrozos al patrimonio nacional causados por los actos vandálicos, calificados como terroristas por muchos.
La indignación entre las fuerzas políticas y en la opinión pública es enorme, y la mayoría se pregunta cómo pudo ocurrir semejante desastre. Los activistas bolsonaristas han estado muy activos desde que se conocieron los ajustados resultados electorales en noviembre, primero con agresivos bloqueos de importantes carreteras por todo el país seguidos de concentraciones y acampadas frente a cuarteles del ejército demandando insistentemente una intervención militar.
Las disensiones en el seno del recién formado gobierno de Lula, que integra una pluralidad de fuerzas y sensibilidades reunidas por su rechazo al autoritarismo de extrema derecha que lidera Bolsonaro, sobre cómo lidiar con estas acciones, provocaron la inacción, y nadie se atrevió a disolver por la fuerza esas concentraciones. La principal justificación para la inacción es que se trata de concentraciones pacíficas, amparadas por el derecho a la manifestación y la libertad de expresión -el mismo Bolsonaro las validó con este argumento en su primera comparecencia pública dos días después de su derrota electoral-, pero otras voces señalan que estas concentraciones están pidiendo abiertamente un golpe de Estado y que esto es ilegal e intolerable, según la constitución brasileña.
En cualquier caso, ahora se plantea el dilema de qué hacer con esta situación, que se ha vuelto insostenible. Muchos de los participantes en el asalto regresaron al campamento frente al CGE, donde el ejército impidió la intervención de la policía. Algunos bloqueos de carreteras se han repetido, y algunos grupos en las redes sociales han convocado a bloquear la salida de combustible de las refinerías por todo el país.
Es probable que la indignación provocada por el estrepitoso fallo de seguridad este domingo haga que la línea más dura, liderada por el ministro de justicia, Flávio Dino, se imponga, y se ordene a la policía disolver a estos grupos, y hacerlo de acuerdo con el ejército.
Los próximos días van a ser muy tensos en Brasil, y la resolución de la situación depende mucho de las respuestas que puedan darse a las múltiples incógnitas que aún rodean a los hechos de la Plaza de los Tres Poderes.
La primera será determinar las responsabilidades entre las autoridades del DF de Brasilia. La segunda, identificar los fallos de la inteligencia, militar y civil, que al parecer fueron incapaces de alertar al gobierno de lo que se estaba preparando. La tercera, determinar cuál será la estrategia para disolver las concentraciones persistentes e impedir que se formen unas nuevas. Y la cuarta, y más difícil, será cómo combatir eficazmente a estos grupos de bolsonaristas radicales, que son muy numerosos, sin provocar entre ellos reacciones violentas que lleven a la desestabilización del país, y poner así en jaque la viabilidad del nuevo gobierno.
Por un lado, es posible que el execrable espectáculo de lo ocurrido con los actos terroristas contra las sedes de los poderes públicos haga que muchos simpatizantes del bolsonarismo radical se den cuenta de su verdadera naturaleza violenta y neofascista y de sus consecuencias, y maticen o retiren su apoyo a estos grupos. Por su lado, algunos prominentes activistas de la extrema derecha ya se han apresurado a acusar, través de las redes sociales, a elementos izquierdistas infiltrados de haber provocado el asalto para desprestigiar al movimiento.
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