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Argentina después de Macri: poco margen para Alberto Fernández

Trump es fundamental para la renegociación de la deuda con el FMI, y el kirchnerismo lo es para la transacción que Fernández debe establecer con el simbolismo que lo invistió.

Adrián Rocha
Adrián Rocha
22 January 2020
El Presidente saliente de Argentina Mauricio Macri le pone la banda presidencial al Presidente electo de Argentina Alberto Fernández durante la Ceremonia de Inauguración Presidencial en el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2019 en Buenos Aires.
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Mario De Fina/NurPhoto/PA Images. Todo los derechos reservados.

Los desafíos que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández pueden sintetizarse en una dimensión estructural de la política argentina: las restricciones institucionales, que explican gran parte del precario crecimiento del país durante la segunda mitad del siglo XX.

En efecto, entre 1950 y 2000 la tasa de crecimiento promedio de ingreso por habitante fue de 1,5%. Durante ese período, Argentina experimentó inestabilidades de diferente tino: golpes de estado, crisis de deuda, violencia política, en fin, serias fragilidades institucionales.

El ciclo que inicia en 2002 con la salida de la convertibilidad y la devaluación dio lugar a un proceso que, favorecido por el aumento de la demanda de los commodities, el ascenso de China y las crecientes exportaciones a Brasil, arrojó un crecimiento en torno del 7% anual entre 2003 y 2010.

No obstante, a partir de 2012, el país volvió a sentir la desaceleración económica, lo que puso en evidencia que los problemas registrados en aquél tramo del siglo XX no habían cesado. El ciclo dorado de los favorables términos de intercambio fue una gran oportunidad desaprovechada, en el plano estatal, aunque bien capitalizada en términos políticos por el kirchnerismo, que por ello dispuso de una capacidad decisora inusual.

¿Qué viene después de Marci?

Una vez más, la Argentina se encuentra en una situación delicada, luego de la fallida gestión del presidente Macri, quien, habiendo recibido un escenario adverso, finalizó su gobierno con incrementos en los índices de pobreza, indigencia, inflación y desempleo, dejando a su vez mejores condiciones de infraestructura, estadísticas públicas saneadas, ampliación de mercados y un superávit comercial que, por cierto, respondió al impacto de la recesión en las importaciones.

Si bien una leve corrección del déficit fiscal aparece como un buen signo del período macrista, la deuda argentina es la más alta de la región, convirtiéndose así en uno de los mayores escollos externos que deberá sortear Alberto Fernández, obstáculo cuya traducción interna es de momento una incógnita, a la que se suman algunas particularidades del contexto político.

Una de ellas, acaso la más relevante, es que fue Cristina Fernández de Kirchner quien eligió a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial en 2019. Particularidades concatenadas que se explican porque la expresidenta conservaba alrededor de un 30% del electorado, porción que no le permitía alcanzar la victoria pero que sin embargo impedía que otras figuras del arco opositor fueran competitivas, por lo que el peronismo se vio en la obligación de acordar con su ala kirchnerista para aspirar nuevamente al poder.

En ese contexto, Cristina Kirchner optó por un candidato que no reunía las credenciales clásicas del peronismo, ya que nunca había gestionado un distrito.

Una situación compleja

Empero, las particularidades se mezclan con el pasado, ya que la Argentina continúa lidiando con varios de sus dilemas históricos: brecha externa, por falta de dólares genuinos, que ingresen por exportaciones, y brecha fiscal, causada por un gasto público difícil de sostener y que nadie se atreve a tocar, lo cual deriva en medidas que buscan extraer cada vez más recursos del sector privado, pero sin crear condiciones que impacten positivamente en la productividad a partir de reformas estructurales.

Un peronismo fragmentado en el poder, aunque disimuladamente, no constituye necesariamente un reaseguro de estabilidad:

La incertidumbre estratégica es otro problema histórico vigente: los agentes del sistema procuran cambiar las reglas de juego, lo que termina por endiablar más la situación, ya que la asignación de los recursos públicos pasa a determinarse por incentivos selectivos, atajos de procedimiento y esquemas patrimonialistas que configuran un mapa de negociaciones encriptado que sólo un grupo selecto del empresariado local conoce con precisión, sistema que desincentiva inversiones, propias y extranjeras.

Estos elementos están entremezclados con novedades sociológicas surgidas de la crisis 2001-2002, como el fortalecimiento de los movimientos sociales, que representan al segmento informal de la economía. Estos actores, que nada tienen que ver con el sindicalismo tradicional, se han convertido en un veto player en la dinámica socio-política.

Si entre fines del siglo XIX y principios del XX las elites argentinas prefiguraban posibles soluciones a la denominada “cuestión social”, desde la crisis 2001-2002 ese vector del análisis se articula en torno de lo que pasó a llamarse “la calle”, esto es, el espacio público como arena de disputa de la puja distributiva de los sectores informales.

La cuestión social en la Argentina del siglo XXI parece ser la informalidad, una consecuencia de sucesivas crisis que consolidaron aglomeraciones de pobreza en los contornos de todas las metrópolis del país, cuyo ejemplo por antonomasia es el conurbano bonaerense.

El fortalecimiento de estos grupos convive con deterioros institucionales cada vez más severos: la justicia argentina es percibida como un actor que responde a los intereses de turno; los políticos, el empresariado y el sindicalismo, por su parte, también están afectados por la crisis general de las elites que cobra fuerza en todo el mundo. En ese sentido, suele ser un reflejo analítico considerar que un gobierno peronista posee, por su naturaleza, las dotes necesarias para lidiar con estas problemáticas.

Con todo, el peronismo actual está más troquelado que en otras épocas, e imbricado con prácticas arraigadas que se interponen entre la implementación de las políticas públicas, la recepción que de ellas hacen los actores que forman parte de la negociación, y los resultados evaluables.

Por ello, un peronismo fragmentado en el poder, aunque disimuladamente, no constituye necesariamente un reaseguro de estabilidad: su fortaleza siempre dependerá de su capacidad para disciplinar la economía y el fuero interno.

Desafíos entrelazados

Así, Alberto Fernández se encuentra con varios desafíos entrelazados, que sin embargo pueden analizarse discriminadamente:

En el plano económico, debe evitar la falta de coordinación en la gestión, aspecto que a Macri le trajo conflictos intragobierno que derivaron en la falta de consistencia de su modelo económico. Un elemento a tener en cuenta a este respecto es el fenómeno de la dominancia (de la política fiscal sobre la política monetaria).

Por otra parte, debido a que el margen de maniobra es reducido, ya que no hay crédito disponible ni tasa de inflación que soporte emisiones irresponsables, el gobierno apunta a robustecer la recaudación vía impuestos, apostando al mismo tiempo por una reactivación mediante el consumo. El riesgo recesivo de este esquema es, según la misma experiencia argentina, muy alto, tal como lo demostró el proyecto del ministro Machinea de 1999.

Aquí tal vez pese más el “quién” que el “cómo”: esto es, Alberto Fernández podría obtener algún beneficio de un programa así, por ser peronista, pero el mismo difícilmente sea duradero.

El gobierno debe evitar políticas que incentiven cambios en las reglas de juego, por lo que los arreglos institucionales devienen insoslayables. En este marco se inserta el “Consejo Económico y Social”, cuyo fin es oficiar de articulador entre los más importantes protagonistas de la configuración de políticas, que influyen en el trayecto propio de la política económica desde su formulación hasta sus efectos.

Por lo demás, al señalar que los argentinos no deberían ahorrar en dólares, el presidente electo penaliza el único recurso que los sectores medios encontraron para contrarrestar, precisamente, los constantes cambios en las reglas de juego.

Alberto Fernández hizo una campaña centrada en el federalismo, en los gobernadores. Por ello se vislumbraba un gabinete alineado con esa narrativa. La realidad fue otra: pesaron afinidades y, específicamente, negociaciones al interior de la coalición, en donde la figura de Cristina Kirchner prevaleció a la hora de objetar nombramientos.

En el transcurso de su gobierno, el presidente deberá lograr una homeostasis identitaria que exige una operación muy delicada: configurar una legitimidad propia, partiendo de la que le transfirió Cristina Kirchner. Esta vez, los dos cuerpos del rey fueron secularizados, ya que la vicepresidenta no tiene un rol pasivo.

Lo simbólico, entonces, se ha desencantado, aspecto que siempre preocupó y ocupó a Cristina Kirchner. Esta alteración, a través de la cual la vicepresidenta dispone de mayor capital simbólico que el mismo presidente, expresa un fenómeno inédito en la historia argentina.

El clima internacional sitúa al presidente en un terreno capcioso. La situación en Venezuela le trae problemas por partida doble: con Trump, de un lado, ya que el mandatario norteamericano exige un rechazo explícito a la dictadura de Nicolás Maduro, lo que a su vez constriñe, de otro, su frente interno: pues el kirchnerismo nunca llamó al régimen de Maduro por su nombre. Trump es fundamental para la renegociación de la deuda con el FMI, y el kirchnerismo lo es para la transacción que Fernández debe establecer con el simbolismo que lo invistió.

Muchas de estas cuestiones pueden conjurarse a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, sancionada por el Congreso, a partir de la cual Alberto Fernández obtiene superpoderes y busca, volviéndola asimismo explícita, paliar su debilidad inicial, que es estructural.

Este procedimiento es caro a la tradición peronista, y junto con la transferencia de recursos que la ley establece desde los sectores de mayores ingresos hacia los más afectados por la crisis, constituye el pilar de un proyecto presidencial en ciernes.

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