democraciaAbierta

Brasil no está condenado a un futuro de degradación humana

El presidente Jair Bolsonaro ha calificado de bla bla bla el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil. Entrevista a Paulo Pinheiro, miembro de la Comisión de la Verdad de Brasil. English Português

Paulo Pinheiro José Zepeda
16 September 2019
Protesta en memoria de las víctimas de la dictadura en Sao Paulo, Brasil, 01/04/2017
|
Foto: NurPhoto / NurPhoto / PA Images. Todos los derechos reservados.

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada en 2011, tiene por objetivo investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en Brasil entre los años 1946 y 1988 - es decir, desde la Constitución de 1946 dictada inmediatamente después de la renuncia forzada de Getulio Vargas que abrió paso a la llamada República Nueva (1945-1964), hasta la Constitución de 1988, que cerró definitivamente el período de la dictadura militar (1964-1985).

El informe de la Comisión de la Verdad acabado de publicar establece 434 víctimas mortales o desaparecidos, varios miles de torturados y otros tantos encarcelados. El presidente Jair Bolsonaro, que ha dicho que ese documento de 1.300 páginas era bla bla bla, preguntó retóricamente qué credibilidad podía tener una comisión nombrada por la expresidenta Dilma Rousseff.

En un segundo acto, el presidente procedió a sustituir a los miembros de la Comisión sobre Muertos y Desaparecidos de la dictadura militar, por gente de su confianza. Y cierra este capítulo - no el último sin duda - las loas que dedicó al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los más célebres represores de la pasada dictadura brasileña. Bolsonaro lo llamó héroe nacional porque ayudó a “evitar que el país cayera en lo que la izquierda quiere hoy”.

Paulo Sergio Pinheiro, profesor de ciencia política de la Universidad de Sao Paulo y ex ministro de la Secretaria de Estado de Derechos Humanos, ha sido Relator de Derechos Humanos y Presidente de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU sobre la Republica Árabe Siria desde 2011. Es también ex coordinador y miembro de la CNV.

Paulo Pinheiro: Según el informe de la Comisión de la Verdad, todo lo que hizo el coronel Ustra está bien documentado, no solo por parte de las víctimas, sino por él mismo, que fue largamente entrevistado por mis colegas de la Comisión de la Verdad. No hay ninguna duda de que se trata de un torturador. Era un hombre prominente, vinculado legalmente al gabinete del Ministro del Ejército, como descubrió la Comisión. No trabajaba en el oficina del ministro, pero ocupaba en una posición importante dentro del ministerio. Es decir, todo lo que Ustra hizo era conocido por las instancias superiores de mando, desde el Presidente de la República hasta el propio ministro.

José Zepeda: No son nuevos los esfuerzos por cambiar la narrativa de la historia en Brasil. Durante el funcionamiento de la Comisión de la Verdad hubo algunos militares que argumentaron que el golpe fue el recurso para impedir los intentos de imponer un régimen comunista en el país. En fecha reciente, cuando el presidente Bolsonaro era diputado, hizo 56 discursos negando la verdad respaldada por declaraciones de testigos y las visitas llevadas a cabo a los centros de tortura.

PP: Creo que se trata de una pretensión fallida porque la historia verdadera está muy arraigada, es la que prueban los documentos, la que vive en la voz de los testigos y la que resulta de todas las investigaciones. No se trata solo de las conclusiones de la Comisión de la Verdad, sino también de lo que se cuenta en el libro Tortura, Nunca Más, promovido por el cardenal Paulo Evaristo Arns y por el pastor Paulo Writght en 1985, e inclusive por lo que contiene el archivo del Tribunal Superior Militar, que es la fuente en que se basa el libro.

JZ: Parafraseando a Tzvetan Todorov, podríamos decir que a los promotores de la búsqueda de la verdad siempre les impulsa el deseo de dar testimonio, de luchar contra el olvido, de dejar constancia del rastro de la barbarie de los verdugos y de la humanidad de las víctimas. Saber para prevenir. El problema es que pasaron cuarenta años.

PP: No me gusta que se diga que hicimos las cosas muy tarde en Brasil. No es verdad. Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, hubo una ley que establecía que los crímenes cometidos por la dictadura militar son responsabilidad del Estado brasileño. En consecuencia, tienen que ser juzgados y las víctimas deben recibir una reparación. La ley fue promulgada en 1995, apenas diez años después del fin de la dictadura.

El informe de la Comisión de la Verdad acabado de publicar establece 434 víctimas mortales o desaparecidos, varios miles de torturados y otros tantos encarcelados.

JZ: El proceso de reencuentro con el derecho a la verdad ha sido prolongado. En 1985 se creó la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos, que estableció inicialmente más de un centenar de casos de desaparecidos, cuyos familiares recibieron una reparación.

PP: Para que se entienda el valor de los hechos, cabe recordar que en Francia los crímenes de Vichy, el régimen fascista de los años cuarenta, solo fueron reconocidos como crímenes del Estado francés por el presidente Jacques Chirac... ¡en 1995! En Brasil, en 2012 se constituye la Comisión de la Verdad, lo que no significa que lo que va desde 1985 hasta el 2014 fuese un período vacío. No. Se publicó Tortura, Nunca Más y una ingente cantidad de obras que relataban las atrocidades de la dictadura.

JZ: La Comisión de la Verdad de Argentina no tuvo acceso a documentos de lo ocurrido y en Chile, Guatemala y otros países sucedió algo parecido.

PP: Al contrario, nosotros tuvimos acceso a doce millones de documentos del Sistema Nacional de Información (SIN) depositados en el Archivo Nacional. Tuvimos también acceso, además, a toda la documentación del Centro de Informacón del Exterior (CIEX), órgano vinculado al SIN, en Itamaraty, integrada en ese archivo, incluso a los documentos secretos. Es extraordinario, creo que ningún otro Estado latinoamericano tuvo esa posibilidad.

JZ: La causa de la búsqueda de justicia en Brasil sufrió una sosnora derrota en abril de 2010, cuando el Tribunal Supremo rechazó la solicitud de la Orden Nacional de Abogados - por 7 votos a favor y 2 en contra - de revisión de la ley de amnistía que condonó los delitos cometidos durante la dictadura. El padre del actual presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, fue detenido por la dictadura en 1974. El presidente Bolsonaro, en su crítica a la organización de abogados dijo: “un día, si el presidente del Colegio quiere saber cómo desapareció su padre durante el periodo militar, yo se lo cuento. No va a querer oír la verdad”. Ese es el tono, esa es forma.

PP: La Comisión de la Verdad de Brasil, como las otras 46 de las que tengo conocimiento, no tiene poder judicial. No es un tribunal. Por eso son injustas las críticas que dicen que el trabajo que realizado por la Comisión no sirve de nada porque nadie ha sido condenado, ya que la responsabilidad de esa impunidad recae en el Tribunal Supremo, que confirmó la ley de amnistía que impide que los agentes de la dictadura sean procesados y condenados.

JZ: Segunda aclaración. Las dictaduras militares de América Latina siempre han dicho que las violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura, son simplemente excesos y no políticas de Estado. Es decir, que se trataría de excepciones, en cierto modo lógicas, en tiempos turbulentos. Pero el caso Brasileño es distinto: se reivindican los tormentos con convicción, como si la tortura fuera un recurso digno para combatir a los opositores. Por eso son varios los que aseguran que se está ante las puertas de un régimen fascista.

PP: En la Comisión de la Verdad demostramos clarísimamente que había una cadena de mando, desde la cúspide de mando hasta el torturador. No fueron excesos: la tortura, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos fueron política de Estado. Un ejemplo: la Comisión ha probado que la política de exterminio de los miembros de la guerrilla de Araguaia, en los márgenes del río Araguaia, entre 1967 y 1974, fue una decisión que tomaron en persona los generales Garrastazu Medici y Ernesto Geisel, a la sazón presidentes de la república.

Cabe señalar que la cuestión de la verdad relativa a las prácticas de la tortura no ha sido en Brasil un tema de interés nacional como en Chile, Argentina y Uruguay. En Brasil, la mayoría de la población no sabe qué pasó. Y probablemente cabe atribuir este desconocimiento a los 30 años de gobierno democrático, en los que no se ha conseguido que semejante drama llegue a la conciencia nacional.

A lo que usted hace referencia no es la voz del pueblo, es la expresión de sectores militares - creo que mayoritarios - y del grupo que conquistó el poder gracias a Bolsonaro. El pueblo como tal no está metido en este debate. Claro que hay personas de extrema derecha que apoyan lo que dice y hace el régimen actual.

La mayoría de los entrevistados se declaron contrarios a la tortura, aunque un 45% se mostraron favorables.

JZ: La situación es grave e inquietante. En Brasil la dictadura no fue blanda, como algunos sugieren. No fueron más de 500 los muertos y desaparecidos porque no todas las clases sociales estuvieron representadas entre las víctimas. Esta es la razón por la que la reivindicación del derecho a la verdad proviene de la izquierda y de los sectores democráticos - de las capas pobres de la población.

PP: Una anécdota. Cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió al Congreso el proyecto de creación de la Comisión de la Verdad, todos los ex ministros de derechos humanos, para propiciar la votación del proyecto, fuimos al Congreso Nacional a entrevistarnos con el presidente de la Cámara de Diputados y también al ex presidente José Sarney, entonces presidente del Senado. Cuando nos despedíamos, éste me dió un abrazo y me dijo: “Paulo, aquí no habrá problemas”. Se refería al Senado, en el que la presencia de conservadores era muy numerosa. Esta es una particularidad notable: en Brasil fueron los sectores de centro derecha y de centro izquierda, por supuesto con el apoyo de la izquierda, quienes aprobaron el proyecto de la Comisión de la Verdad en el Congreso.

JZ: Desde luego, lo que se escucha hoy no es representativo de la clase política brasileña. Es la voz de los que detentan el poder. Ahora bien: gestos como ensalzar a un torturador, ¿no constituyen un peligro para la democracia de Brasil?

PP: Es, efectivamente, uno de los peligros. Hay una serie de riesgos muy serios en términos de racismo, antifeminismo, homofobia, y toda la política de mano dura que impulsa la violencia en materia de seguridad.

En los años 1990 y 2000 coordiné en São Paulo una encuesta para el Centro de Estudios sobre Violencia. La mayoría de los entrevistados se declaron contrarios a la tortura, aunque un 45% se mostraron favorables. Con el tema de la pena de muerte, las cifras que obtuvimos fueron parecidas. Luego, cuando los sectores partidarios de la mano dura están en el poder, la tortura cuenta de alguna manera con ese apoyo popular.

Ahora, si hiciéramos hoy día la pregunta de cuáles son las medidas necesarias para combatir la criminalidad, la primera preferencia sería la educación - lo que demuestra que la sociedad brasileña no está condenada a un futuro de degradación humana.

JZ: Cuando la gente sufre alguna desgracia o es víctima de una tragedia, suele levantar los ojos al cielo y exclamar: ¿Por qué? Yo ahora bajo la vista a tierra para exclamar algo parecido: ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en uno de los países más relevantes de América Latina?

PP: Si usted consulta el Latinobarómetro, comprobará que desde hace algunos años - no solo estos últimos - la democracia no es percibida como el mejor sistema de gobierno. En esto, las encuestas muestran que Brasil es uno de los países que está en peor posición. Esa realidad indica la necesidad de realizar un análisis crítico de los 30 años de experiencia democrática. Sin embargo, yo rehúso emprender esa tarea ahora, porque creo que no es el momento de poner en cuestión las conquistas democráticas. Lo que sí puedo decir es que Brasil es un país profundamente racista, muy desigual y altamente conservador. ¿Por qué?

Primero, los 30 años de gobierno democrático no han sido capaces de acabar con los desmanes de la policía militar. Brasil, por desgracia, es el país en el que más se mata por mano de las policías militares.

Segundo, tampoco han sido capaces de mitigar la desigualdad de forma manifiesta. Con los gobiernos democráticos, los ricos han tenido ventajas enormes y han aumentado su patrimonio más que cualquier otra clase social.

Y tercero, no han sido capaces de combatir de manera eficiente el racismo. Es cierto que los gobiernos de Cardoso, Lula y Dilma iniciaron políticas afirmativas de los derechos de los negros. Eso no existía en Brasil. Hubo esfuerzos muy positivos, como las becas a los afrodescendientes. Becas por ejemplo para ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había solo blancos, gracias a lo cual ahora tenemos algunos embajadores negros, tras 130 años de vida republicana.

En este contexto de país racista, injusto y violento por parte del aparato del Estado, no debe sorprender que las propuestas autoritarias, en momentos de grave crisis económica, tengan por parte de la población una importante acogida momentánea.

Unete a nuestro boletín ¿Qué pasa con la democracia, la participación y derechos humanos en Latinoamérica? Entérate a través de nuestro boletín semanal. Suscríbeme al boletín.

Comentarios

Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios
Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram