Como sucede a menudo cuando un golpe de estado impulsado por las élites de un país conduce a un cambio de régimen respaldado por Estados Unidos, hay poderosos intentos de disfrazar su verdadero carácter. Un método recurrente es convertir a sus víctimas en victimarios. De este fenómeno, el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 en Bolivia es un ejemplo paradigmático. El relato fue el siguiente. El presidente boliviano Evo Morales, ansioso de perpetuarse en el poder, orquestó una elección fraudulenta. Su pueblo se indignó con este acto engañoso y autoritario. Esto desencadenó un levantamiento ciudadano que condujo a la renuncia de Morales y a su exilio.
El hecho de que este relato pueda haber prosperado, en ausencia manifiesta de pruebas contundentes sobre un fraude electoral, plantea interrogantes sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación. También nos alerta en cuanto al rol desempeñado por la institución que originó esta suspicacia: La Organización de Estados Americanos (OEA).
El 21 de octubre, al día siguiente de las elecciones presidenciales, la Misión de Observadores Electorales de la OEA en Bolivia emitió un comunicado de prensa en el cual “manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas.” Dos días después, el informe preliminar de la Misión reiteraba esta afirmación, expresando su preocupación por el hecho de que el conteo rápido se “había suspendido”.
