El 17 de agosto, un grupo interdisciplinario de expertos independientes en derechos humanos, conocido como el GIEI, dio a conocer un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis que rodeó las elecciones de 2019 en Bolivia.

Entre sus numerosas conclusiones, el documento de 468 páginas establece claramente que las fuerzas de seguridad del Estado boliviano perpetraron "masacres" tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez en 2019. El informe incluye una serie de recomendaciones sobre el trato a las víctimas, pide que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas, y denuncia la prevalencia del racismo generalizado, tanto en el Estado como en la sociedad boliviana.

El informe del GIEI ha sido bien recibido por la comunidad internacional. Fue acogido con satisfacción por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su conclusión de que "en el Estado Plurinacional de Bolivia se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es formalmente un apéndice de la OEA pero que goza de autonomía de la oficina del secretario general de la OEA, también ha apoyado mucho el trabajo, los hallazgos y las recomendaciones del GIEI. Fue la CIDH, bajo el antiguo liderazgo del secretario ejecutivo Paulo Abrão, la que presionó al gobierno de Jeanine Áñez para que aceptara la creación del grupo independiente de expertos para investigar las violaciones de los derechos humanos.

El respaldo de la CIDH al informe del GIEI ha sido inequívoco. Su presidenta y dos vicepresidentas intervinieron en la ceremonia del 17 de agosto en La Paz en la que se presentó formalmente el informe al presidente boliviano Luis Arce. Paulo Abrão, el hombre que había conseguido la creación del GIEI, también se hizo presente a través de una conexión a distancia. Para Abrão, la publicación del informe debe haber sido una especie de reivindicación.

En agosto de 2020, Abrão había sido destituido de su cargo de secretario ejecutivo de la CIDH por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se negó a renovar el contrato de Abrão por acusaciones de acoso laboral, acusaciones que nunca fueron investigadas. Los miembros de la CIDH se opusieron a la decisión de destituir a Abrão y denunciaron que la no renovación de su contrato se realizó "sin consulta previa" a la CIDH. Esto lo consideraron "un grave embate a su independencia y autonomía". La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, junto con varias organizaciones de derechos humanos, también denunciaron la invasión sin precedentes de la autonomía histórica de la CIDH por parte de Almagro.

En el momento de la destitución de Abrão, el entonces presidente de la CIDH, Joel Hernández, advirtió que la destitución de Abrão podría tener una motivación política. Hernández se refirió específicamente a las fuertes presiones contra Abrão por parte de varios gobiernos de derecha a los que Abrão había acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos: Chile, Argentina, Colombia, Paraguay y, no menos importante, el país de origen de Abrão, Brasil.

También es probable que la denuncia de Abrão del historial de derechos humanos del gobierno de Áñez en Bolivia en 2019, y sus críticas a la violenta represión de las protestas en Ecuador ese mismo año, lo convirtieran en objetivo de esos gobiernos también. Todos estos gobiernos, así como la administración Trump -que apoyó incondicionalmente al gobierno de Áñez- habían sido fuertes aliados de Luis Almagro. Con la excepción de Argentina, donde un nuevo gobierno entró en funciones en diciembre de 2019, todos ellos votaron por la reelección de Almagro como secretario general de la OEA en 2020.

En marcado contraste con la denuncia de Abrão de los abusos del gobierno de Áñez, Almagro desempeñó un papel clave en el apoyo a su gobierno de facto en 2019 y 2020. Ignoró las denuncias de atroces violaciones de los derechos humanos y se negó a calificar de golpe de Estado la llegada de Áñez al poder. Pero siguiendo su característico oportunismo, Almagro reaccionó al lanzamiento del informe del GIEI tuiteando: "Hemos tomado nota de la publicación #GIEI Bolivia. Sin perjuicio de un análisis del mismo en los próximos días, consideramos que contiene importantes elementos que deben ser presentados a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).”

Si Almagro ha dado un giro de 180 grados en su apoyo a Áñez y sus colaboradores, su persistencia en la narrativa del fraude en las elecciones bolivianas de 2019 ha perdurado. Numerosos estudios académicos llevados a cabo por el Center for Economic and Policy Research, y por académicos del Massachussets Institute of Technology (MIT), la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Tulane -publicados finalmente en The Washington Post y The New York Times, respectivamente- demuestran claramente que las principales afirmaciones de la OEA sobre las elecciones bolivianas de 2019 son infundadas.

Almagro se ha negado a aceptar estas conclusiones o a permitir una investigación independiente de las acusaciones de la OEA, como han solicitado países como México. La OEA también se ha negado a responder a las preguntas sobre sus conclusiones erróneas formuladas por miembros del Congreso de Estados Unidos. En julio, la Cámara de Representantes de Estados Unidos intensificó su presión votando a favor de una medida que ordena al Departamento de Estado que investigue el papel de la OEA en el golpe. Pero Almagro está tratando desesperadamente de mantener el asunto en secreto. Cualquier admisión de que la OEA se equivocó, y de que incluso mintió, conduciría muy probablemente a su dimisión y a un final oprobioso de su carrera política.

En la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del 25 de agosto, convocada por Bolivia, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Justicia de este país se unieron a los representantes de Argentina y México para denunciar el papel de la OEA en la crisis política boliviana de 2019 y pedir que Almagro rinda cuentas.

En respuesta, Almagro recurrió a su lugarteniente, el secretario de la OEA para el “fortalecimiento de la democracia", Francisco Guerrero, quien pronunció algunas frases seudotécnicas un tanto extrañas. Entre otras cosas, Guerrero sugirió que la desaparición del material electoral después del día de las elecciones en Bolivia era una prueba de fraude, cuando está bien documentado que el material electoral desaparecido fue destruido por opositores a Morales enardecidos, en parte alentados por las afirmaciones de la OEA de que se habían cometido irregularidades, quienes quemaron varios tribunales electorales.

Almagro aún puede encontrar consuelo en el hecho de que gran parte de los medios de comunicación aún no han reconocido que las afirmaciones de fraude de la OEA han sido desacreditadas por múltiples estudios independientes.

Muchos medios de comunicación respaldaron la narrativa del fraude de la OEA en 2019, lo que significa que pocos periodistas están ahora dispuestos a admitir que estaban equivocados. Almagro también está protegido por el actual equilibrio de poder -y de votos- en el Consejo Permanente de la OEA de los Estados miembros. Incluso en el contexto de la erosión del apoyo a la derecha y los recientes triunfos electorales de la izquierda en la región, las fuerzas conservadoras siguen teniendo mayoría en la organización.

Sin embargo, incluso teniendo en cuenta este sesgo favorable a Almagro, la cuestión boliviana se ha convertido en una fuente de malestar en el Consejo Permanente de la OEA. En la sesión extraordinaria del 25 de agosto, unos pocos gobiernos muy derechistas prestaron un apoyo entusiasta a Almagro, pero la mayor parte del apoyo fue tibio, y varios miembros destacaron el papel histórico que la OEA ha desempeñado en las elecciones de la región, en lugar de decir algo sobre los informes de la OEA de 2019 sobre Bolivia.

Llamativamente, el defensor más agresivo de Almagro en la reunión fue el representante del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. El emisario de Guaidó sigue formando parte del Consejo Permanente de la OEA, a pesar de que la posición de Guaidó se ha visto seriamente erosionada en los últimos meses. Guaidó ya no es un representante electo en la Asamblea Nacional, no cuenta con el apoyo del grueso de la oposición venezolana a Nicolás Maduro, y cada día son menos los gobiernos que lo reconocen como presidente.

Mientras que la mayoría de los demás representantes de los gobiernos conservadores se ciñeron a los lugares comunes habituales en apoyo del papel genérico de la OEA como observador electoral, el representante de Guaidó -posiblemente el miembro del Consejo Permanente que más tiene que perder con la posible caída en desgracia de Almagro- denunció una "campaña de desprestigio” contra Almagro. También denunció que "lo que ocurrió el 20 de octubre de 2019 en Bolivia fue un intento transparente de fraude electoral.”

Durante la reunión de la OEA, el único otro funcionario que defendió explícitamente las posiciones asumidas por Almagro sobre Bolivia en 2019 fue el "representante interino de Estados Unidos ante la OEA" -es decir, un remanente de la administración Trump-, quien llegó a señalar el "notable trabajo de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia", y el "excepcional compromiso de la OEA para apoyar los procesos electorales bolivianos... en medio de los esfuerzos concertados y politizados para socavar falsamente su trabajo y reputación..." Continuó lamentando la "repetición de una narrativa electoral falsa - en este caso, el golpe de Estado en Bolivia en 2019."

¿Se mantendrá el gobierno de Biden en esta posición de negar los hechos y apoyar ciegamente a Almagro, como lo hizo el gobierno de Trump durante cuatro años? Es aún una pregunta abierta, cuya respuesta depende en parte de lo que harán los nominados de Biden para el hemisferio occidental una vez que ocupen finalmente sus puestos.

Dados sus menguantes niveles de apoyo, incluso por parte de algunos gobiernos latinoamericanos de derecha, el futuro de Almagro depende en gran medida de si la administración Biden opta por apoyarlo a él y su agenda de extrema derecha, o adopta un enfoque más constructivo hacia América Latina.