El 17 de agosto, un grupo interdisciplinario de expertos independientes en derechos humanos, conocido como el GIEI, dio a conocer un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis que rodeó las elecciones de 2019 en Bolivia.
Entre sus numerosas conclusiones, el documento de 468 páginas establece claramente que las fuerzas de seguridad del Estado boliviano perpetraron "masacres" tras el golpe de Estado que llevó al poder a Jeanine Áñez en 2019. El informe incluye una serie de recomendaciones sobre el trato a las víctimas, pide que los responsables de las violaciones de los derechos humanos rindan cuentas, y denuncia la prevalencia del racismo generalizado, tanto en el Estado como en la sociedad boliviana.
El informe del GIEI ha sido bien recibido por la comunidad internacional. Fue acogido con satisfacción por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su conclusión de que "en el Estado Plurinacional de Bolivia se produjeron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas sistemáticas, ejecuciones sumarias y violencia sexual y de género, durante la crisis postelectoral de 2019".
