Hoy, Brasil lidera el ranking mundial de homicidios y asesinatos por arma de fuego y es el quinto en homicidios femeninos. Las mujeres negras son víctimas particularmente frecuentes de asesinatos con armas: en 2016, el 66% de todas las mujeres asesinadas por un arma de fuego eran negras.

Si bien el enfoque militarizado de la seguridad pública de Brasil ha contribuido sistemáticamente a la victimización de la población durante operaciones armadas que el Estado justifica a través de una retórica de guerra "nosotros contra ellos" en la lucha contra el narcotráfico, el gobierno de Bolsonaro ha introducido varios cambios en la política de seguridad pública actual que pueden llevar los niveles ya alarmantes de violencia contra las mujeres negras y residentes de las favelas a un nuevo nivel récord.

Estas medidas pueden resumirse en dos cambios significativos en la legislación actual: la flexibilización de los requisitos legales para comprar y portar armas de fuego, implementadas a través de dos decretos presidenciales; y la relajación de las sanciones por excesos cometidos por agentes de seguridad, presentados en el contexto de un paquete de medidas para la seguridad pública que está actualmente en trámite en el Congreso brasileño.

La flexibilización de la legislación para la compra y porte de armas de fuego

La relajación de la legislación sobre armas fue uno de los principales pilares de la retórica de Bolsonaro durante su campaña electoral. Como uno de sus primeros actos en el cargo, Bolsonaro estableció por decreto presidencial que los ciudadanos adultos ahora pueden comprar hasta cuatro armas de fuego, siempre que sean mayores de 25 años, estén legalmente empleados, no tengan casos penales pendientes o hayan sido condenados, tengan una residencia fija y la capacidad técnica y psicológica para usar el arma.

Con el nuevo decreto del 7 de mayo, no solo se relajaron los requisitos para la compra, sino también para el porte de armas. Según el nuevo texto, no solo los coleccionistas de armas, tiradores deportivos y cazadores, sino también abogados, camioneros o políticos – desde los concejales municipales hasta el propio presidente – están exentos de demostrar su necesidad de portar un arma, y se les permite llevar un arma cargada mientras ejercen su profesión.

El paquete contra el crimen y la relajación de las sanciones por excesos cometidos en operaciones armadas

Además de los cambios en la legislación sobre armas de fuego, el ministro de Justicia, Sergio Moro, presentó en febrero un llamado paquete de leyes "anticrimen", que incluye propuestas de cambios en 14 leyes relacionadas con cuestiones de seguridad pública y aplicación de la ley penal. Actualmente en el Congreso, las nuevas propuestas incluyen modificaciones para la penalización de los llamados "excesos de autodefensa", que tienen el potencial de aumentar la impunidad contra los asesinatos y la violencia policial.

La legislación actual entiende la autodefensa como la posibilidad de usar la fuerza para "repeler la agresión injusta, presente o inminente". Según la nueva propuesta, cualquier agente de seguridad que "en un conflicto armado o en riesgo inminente de conflicto armado evita una agresión injusta e inminente" está actuando en defensa propia. Tal formulación permitiría al juez no solo relajar las penas por excesos cometidos en operaciones armadas, sino también aumentar la impunidad por los asesinatos cometidos por policías en Brasil.

Negros, pobres y "de la favela": el perfil específico de las mujeres víctimas de violencia en Brasil

Si bien la nueva política de seguridad del gobierno de Bolsonaro representa un peligro para la vida de las mujeres en general, es probable que exponga todavía más al grupo de mujeres que ya representa el mayor número de las muertes relacionadas con armas y abuso policial: las mujeres negras y residentes de barrios marginales, las favelas.

Entre 2006 y 2016, más del 60% de todas las mujeres asesinadas por el uso de armas de fuego eran negras. Si bien la proporción de mujeres blancas asesinadas por un arma de fuego ha disminuido desde el año 2003, la proporción solo ha aumentado entre sus homólogas negras durante el mismo período de tiempo.

Al relajar tanto la compra como el porte de armas de fuego, la nueva legislación podría contribuir al aumento de los homicidios: según un estudio realizado por el economista Daniel Cerqueira del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), por cada subida de 1% en las armas en circulación en sociedad, se detecta un aumento del 2% en los homicidios.

Además del impacto que se espera de la nueva legislación sobre armas de fuego en las tasas de homicidios, el paquete contra anticrimen del gobierno tiene el potencial de aumentar la impunidad sobre los asesinatos y la violencia policial, así como incentivar la violencia contra las mujeres en el contexto de las operaciones armadas.

Mientras que los hombres negros menores de 30 años representan la mayor proporción de víctimas de asesinatos cometidos por la policía y las fuerzas militares, la violencia del Estado contra las mujeres normalmente sucede en forma de acoso y abuso sexual.

Un estudio realizado por la Fiscalía General del Estado de Río de Janeiro reveló que las fuerzas estatales violaron y abusaron de mujeres y niñas durante la intervención militar en 2018. Los investigadores incluso encontraron evidencia del uso de la violencia sexual como medida de represalia: los agentes estatales violaron a las compañeras de los narcotraficantes en lugar de arrestarlos. Como las víctimas generalmente no denuncian el abuso por temor a la represión y al estigma social, los actos de violencia sexual en el contexto de operaciones policiales y militares en su mayoría no son documentados o investigados, poniendo en evidencia cómo quedan ocultas las heridas del enfoque militarizado de la seguridad pública en Brasil.

Las nuevas medidas de seguridad de Jair Bolsonaro no solo dejan de priorizar la protección de las mujeres, sino que tienen el potencial de poner sus vidas en peligro aún más. Mientras el reconocimiento y la protección de sus derechos, la integridad corporal y la dignidad humana no se conviertan en un mandato de la intervención estatal, la política de seguridad brasileña seguirá siendo lo que es ahora: un dispositivo para la represión y no para la protección de las mujeres marginadas.