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La guerra de los hombres

¿Por qué la política de seguridad pública de Río de Janeiro se guía por una masculinidad bélica?

Kristina Hinz
Kristina Hinz
13 febrero 2022, 12.00am
Las fuerzas de seguridad han adoptado el ethos guerrero en su trabajo policial
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Ueslei Marcelino/REUTERS/Alamy Stock Photo

El 8 de junio de 2021, la diseñadora de interiores Kathlen Romeu, entonces embarazada de cuatro meses, caminaba con su abuela por las calles del Complexo de Lins, en la Zona Norte de Río de Janeiro, cuando fue alcanzada en el pecho por un disparo de fusil. Trasladada en un coche de la policía al hospital, la joven, junto con su hijo no nacido, murió posteriormente a causa de las heridas. Los informes de los residentes de la favela afirman que Romeu murió en el contexto de una maniobra policial conocida como caballo de Troya, un tipo de emboscada ilegal en la que la policía invade una residencia para utilizarla como punto de ataque sorpresa.

El de Romeu no es un caso aislado. Lo que Brasil acumula en términos de violencia policial es notorio, alarmante e histórico, y, de forma alguna, accidental. La represión policial del narcotráfico en el país es sangrienta desde los años ochenta. Fue, paradójicamente, en el período de la redemocratización cuando se estableció una flagrante militarización de la seguridad pública que tenía como principal objetivo la figura masculina supuestamente salvaje y peligrosa: el narcotraficante.

Al entender la seguridad pública como una guerra y a los policías como soldados, las acciones del Estado se rigen por una lógica militar masculina. En este sentido, la guerra contra el narcotráfico es un enfrentamiento de dos masculinidades bélicas, con el policía por un lado y el narcotraficante por otro. En la lógica militar de la seguridad pública prevalecen la eliminación del enemigo y la conquista del territorio. Se descartan las medidas de gobernanza no militares, mientras se exige a la población tolerancia a las acciones autoritarias con total desprecio de los derechos humanos.

En esta guerra de hombres contra hombres, los que pierden son los habitantes de las favelas, y a menudo las mujeres se ven afectadas por el fuego cruzado entre el narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado.

La redemocratización y la construcción del narcotraficante enemigo del Estado

La llegada de la cocaína a Río de Janeiro en las décadas de 1970 y 1980 no sólo revolucionó el mercado de las drogas ilegales, sino que provocó profundos cambios en la ciudad. Debido a los elevados beneficios obtenidos con la venta de la droga, surgieron las primeras facciones del narcotráfico, que se enzarzaron en sucesivas disputas territoriales por el espacio de almacenamiento y el acceso a nuevos mercados. Las disputas entre grupos rivales, junto con la creciente circulación de armas de fuego, provocaron un fuerte aumento de los niveles de violencia en la ciudad, donde las favelas pasaron a ser consideradas "núcleos de delincuencia".

Las fuerzas de seguridad han adoptado el ethos guerrero en su trabajo policial

En el centro de esta caracterización se encuentra el traficante -a menudo denominado simplemente bandido- cuya imagen se asocia a la del hombre negro, joven y pobre, visto como un elemento peligroso y fuertemente armado que ostenta el poder sobre un territorio y sus habitantes. Así, el traficante no sólo pone en jaque los modos de convivencia de la sociedad burguesa, sino que desafía el monopolio de la violencia y las leyes del Estado.

Cohabitando en territorios ocupados por los narcotraficantes, sometidos a sus leyes, y bajo la supuesta tutela y protección de los dueños de las favelas, los residentes de la favela han sido co-criminalizados. De este modo, la asociación con la masculinidad salvaje y peligrosa del narcotráfico produce la separación entre el territorio del Estado y el del enemigo.

La seguridad pública como guerra, los policías como soldados

Desde la segunda mitad de la década de 1990, la idea de seguridad pública asociada a la masculinidad bélica ha predominado entre los gobernadores, alcaldes y jefes de policía del Estado de Río de Janeiro. En este imaginario, la seguridad del Estado es sinónimo de guerra, en la que el enemigo está excluido de la protección ciudadana y debe ser neutralizado, incluso eliminado, a cualquier precio.

Nilton Cerqueira, que fue secretario de Seguridad Pública de 1995 a 1998, declaró que "un bandido no es un civil". Su sucesor, Noaldo Alves da Silva, fue aún más lejos, proclamando que "un bandido que dispara a la policía no merece sobrevivir, tiene que ser eliminado de la vida social".

Las fuerzas de seguridad han adoptado el ethos guerrero en su trabajo policial. Tras el fin de la dictadura en Brasil, las fuerzas policiales estatales no se desmilitarizaron y el "bandido" sustituyó a la "guerrilla subversiva" como figura enemiga masculina. En las corporaciones prevalece la sensación de que el policía militar es un soldado combatiente. Incluso con la entrada de las mujeres en las corporaciones, ya en el periodo democrático, se mantuvo la "masculinidad institucional básica".

Asimismo, políticas públicas como el llamado bono del Salvaje Oeste - una bonificación de entre el 50 y el 150% de los salarios para los policías que mostraran un "valor temerario" en las operaciones, que estuvo en vigor de 1995 a 1998 - fomentaban la acción policial como confrontación y eliminación del adversario. Los resultados de esta política fueron fatales: durante su duración, la eliminación de personas en las operaciones policiales aumentó considerablemente.

Después del fin del bono del Salvaje Oeste, la lógica masculina de la guerra no sólo se impuso, sino que se fortaleció: a principios de la década de 2000 se produjo un fuerte aumento del número de muertes causadas por agentes de policía, llegando a más de 1.300 víctimas mortales en 2007.

El fracaso de las Unidades de Policía Pacificadora

Tras décadas de sangrienta guerra contra el narcotráfico, el programa Unidades Policiales Pacificadoras (UPP) fue implantado en 2008 por el gobernador del estado, Sérgio Cabral, con el objetivo de establecer una política de seguridad pública centrada en el respeto a los derechos humanos, en línea con la agenda del Partido de los Trabajadores (PT) que entonces ocupaba el gobierno federal. En 2008, se instalaron 38 unidades de pacificación en la ciudad de Río de Janeiro y en la periferia.

En la guerra de hombres contra hombres, son las mujeres las que cargan con las heridas invisibles de una política pública fracasada

El concepto de las UPP seguía en gran medida una idea de humanización de la actividad policial como forma de ganarse la confianza de la población. La intención era romper con la lógica de la guerra y dar mayor énfasis a la seguridad ciudadana, introduciendo la policía de proximidad como un nuevo estándar de seguridad pública. Esta táctica, que al principio resultó eficaz, pronto empezó a mostrar signos de que no estaba funcionando como se esperaba.

Los estudiosos señalan que los fracasos del programa UPP se deben básicamente al conflicto de paradigmas: por un lado, la policía de proximidad y el respeto a los derechos humanos, por otro, la persistencia del ethos guerrero y la "masculinidad salvaje" en la identidad policial.

Principalmente en los grupos tácticos, como el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE), se impuso la lógica de la guerra y la confrontación en la recuperación territorial de las zonas controladas por el crimen organizado, requisito indispensable para la implantación de las UPP. Estos grupos tácticos son conocidos por sus acciones particularmente truculentas: entidades nacionales e internacionales han denunciado la brutalidad de este batallón. Ya en 2005, un informe de la ONU mostró pruebas de torturas y ejecuciones sumarias de adolescentes llevadas a cabo por soldados del BOPE.

El caso de Amarildo de Souza, residente en la favela de Rocinha, que desapareció tras ser interrogado en la UPP local en 2013, fue emblemático del fracaso del programa. Tras investigar el caso, 11 soldados de la UPP y un comandante fueron condenados por tortura seguida de muerte, ocultación del cadáver y fraude procesal.

La guerra de los hombres contra los hombres

Con el fracaso del experiencia de las UPPs, la lógica masculina de la guerra en la seguridad pública brasileña ha vuelto con fuerza. Esta lógica ha ganado poder y protagonismo en el gobierno de Jair Bolsonaro, un ex capitán del Ejército elegido en 2018 para el máximo cargo del gobierno. Construido sobre una alianza de fuerzas conservadoras, el gobierno de Bolsonaro, ahora en su último año de mandato, ha nombrado a militares de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, en puestos decisivos en los diferentes escalones de la administración pública.

En el estado de Río de Janeiro, los gobernadores de línea dura Wilson Witzel, elegido en la ola de Bolsonaro de 2018, y su sustituto Cláudio Castro, también aliado del presidente, fueron los responsables de la truculenta política de seguridad pública que aún se mantiene en el estado.

Los índices récord de violencia policial reafirman la lógica masculina de la guerra de seguridad. La muerte de al menos 29 personas en una operación policial en la masacre de Jacarezinho en mayo de 2021 es uno de los muchos ejemplos de la brutalidad cometida contra las poblaciones pobres y periféricas de la capital del estado. Fue la segunda mayor masacre policial en la historia del estado de Río de Janeiro.

Paralelamente, los grupos paramilitares y parapoliciales - las llamadas "milicias" - ganan poder. En la actualidad, las milicias ya controlan más de la mitad del área de la ciudad de Río de Janeiro. La prueba más sangrienta del creciente poder de los grupos milicianos es el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un crimen que sigue sin resolverse.

Los que pierden son los habitantes de las favelas. En el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la delincuencia, las mujeres también son víctimas frecuentes. A menudo son objeto de formas específicas de violencia policial. Se han denunciado casos de acoso, extorsión, violación y tortura practicados por la policía contra las mujeres, pero rara vez se han analizado y debatido.

En la guerra de hombres contra hombres, son las mujeres las que cargan con las heridas invisibles de una política pública fracasada que sigue apostando por el enfrentamiento y la eliminación del enemigo.


*Este artículo se basa parcialmente en los resultados del estudio titulado "Police Soldiers, Elite Squads, and Militia: Militarized Masculinities and Public Security Discourses in Rio de Janeiro (1995-2018)", de Kristina Hinz y Juliana Vinuto, publicado en el International Feminist Journal of Politics , disponible en aquí.

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