El 8 de junio de 2021, la diseñadora de interiores Kathlen Romeu, entonces embarazada de cuatro meses, caminaba con su abuela por las calles del Complexo de Lins, en la Zona Norte de Río de Janeiro, cuando fue alcanzada en el pecho por un disparo de fusil. Trasladada en un coche de la policía al hospital, la joven, junto con su hijo no nacido, murió posteriormente a causa de las heridas. Los informes de los residentes de la favela afirman que Romeu murió en el contexto de una maniobra policial conocida como caballo de Troya, un tipo de emboscada ilegal en la que la policía invade una residencia para utilizarla como punto de ataque sorpresa.
El de Romeu no es un caso aislado. Lo que Brasil acumula en términos de violencia policial es notorio, alarmante e histórico, y, de forma alguna, accidental. La represión policial del narcotráfico en el país es sangrienta desde los años ochenta. Fue, paradójicamente, en el período de la redemocratización cuando se estableció una flagrante militarización de la seguridad pública que tenía como principal objetivo la figura masculina supuestamente salvaje y peligrosa: el narcotraficante.
Al entender la seguridad pública como una guerra y a los policías como soldados, las acciones del Estado se rigen por una lógica militar masculina. En este sentido, la guerra contra el narcotráfico es un enfrentamiento de dos masculinidades bélicas, con el policía por un lado y el narcotraficante por otro. En la lógica militar de la seguridad pública prevalecen la eliminación del enemigo y la conquista del territorio. Se descartan las medidas de gobernanza no militares, mientras se exige a la población tolerancia a las acciones autoritarias con total desprecio de los derechos humanos.
