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El mes de noviembre del año 2015 ha quedado marcado en Brasil por la mayor tragedia ambiental ocurrida en los últimos tiempos en este país. Fue también el mayor desastre vinculado a la minería en el mundo, causado por la ruptura de la presa de la empresa minera Samarco, situada en el municipio de Mariana, localizado en el estado de Minas Gerais, sureste de Brasil.

Cuando analizamos las consecuencias de este desastre es evidente la necesidad de repensar la definición de impactos ambientales, quiénes son los afectados y cómo se constituyen los actores legitimados para actuar en los procesos de mediación que se llevan a cabo tras un desastre como este.

Según el levantamiento realizado por Lindsay Land Boweker, este es el mayor desastre relacionados con presas de relaves en los últimos 100 años, por la cantidad de desechos que fueron esparcidos. El lodo de desechos mató personas y animales, destruyó varias ciudades en el estado de Minas Gerais y, siguiendo el curso del rio Doce (el quinto mayor de Brasil), atravesó el estado de Espirito Santo, desembocando en el mar Atlántico. El cauce del rio Doce tiene 853 km de extensión y, aproximadamente, 3,4 millones de personas viven en la región. Al llegar a la boca del río, el lodo entró en el mar y hasta ahora los expertos no saben con seguridad cuál será la dirección que tomarán los relaves ni su dinámica en el océano. Se estima que el lodo podrá llegar a las playas del Caribe y afectar profundamente la vida marina, exterminando algunas especies.

La extensión de los impactos de este desastre ha llegado mucho más lejos del área de influencia que había sido considerada en el Estudio del Impacto Ambiental de esta presa. Dicha área es impresionantemente extensa y difusa, abarcando al estado vecino de Espirito Santo. A partir de una observación in situ de los impactos socio ambientales reales del lodo de desechos de Samarco en ese estado, realizada junto al equipo del Organon (Núcleo de Estudio, Investigación y Extensión en Movilizaciones Sociales de la Universidad Federal de Espírito Santo), elaboramos un estudio que sirve de base para las reflexiones del presente trabajo.

La legislación ambiental y sus límites

La legislación ambiental brasileña define el impacto ambiental como la “alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causada por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas” e incluye aspectos humanos y sociales en las dimensiones en que este se ve afectado (véase Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente, n.1, 1986). Aun así, presenta divergencias en relación a los aspectos socio ambientales.

En el debate sobre los conflictos ambientales, Zhouri ya enfatizó ampliamente los límites de la legislación y las irregularidades en el sistema de licenciamientos ambientales los cuales se configuran en el incumplimiento de la legislación que, aunque tenga sus limitaciones, prevé instrumentos de garantía en relación a la participación de los afectados en el proceso.

Además de los vicios en la aplicación de la ley, en general, los aspectos sociales son tratados, sobretodo, por órganos ambientales, como cuestiones “antrópicas” o cuestiones “socioeconómicas”. El uso de categorías propias de las ciencias sociales casi no aparece y, por lo tanto, pudiendo igualmente incluir aspectos culturales o psicológicos en categorías como “bienestar de la población” o “actividades sociales y económicas”, para dar algunos ejemplos presentes en la legislación, en el uso efectivo de esas categorías, esos aspectos aún son apartados y prevalece una perspectiva de “hazards”. Según Valencio, “la teoría de los hazards hace hincapié a un criterio geográfico, en la cual los mecanismos físicos, la distribución temporal, espacial y dinámica de la eclosión de los eventos físicos tienen mayor peso, mientras la teoría de los desastres, es construida desde un abordaje sociológico, enfatiza las consideraciones sobre la organización social compleja y el comportamiento colectivo”.

El espacio para la participación e igualmente para la auto-identificación de los sujetos afectados es prácticamente inexistente, quedando restringido a las audiencias públicas las cuales cumplen más una función en el terreno en el que se exponen los conflictos (y por eso es un espacio importante) que un espacio donde se determinan acciones. De este modo, la forma como las categorías presentes en la ley son operadas por los órganos ambientales y especialistas impone un sentido bastante restringido a los impactos ambientales. 

Los (diversos) impactos socioambientales observados en Espírito Santo

La dimensión social de los impactos es mucho más amplia. Aunque estos sean bastante difusos, no son meramente cuantificables. Si se pone un mínimo de atención al discurso que comparten las personas se puede constatar varios otros efectos causados por el desastre que escapan a las categorías previstas en los protocolos de licencia ambiental y que vienen orientando las medidas de evaluación y compensación por daños en el desastre.

En Espírito Santo la escasez de agua, que afectó principalmente el municipio de Colatina, generó un verdadero caos social en función de la incapacidad para la elaboración de un plan de distribución de agua. Además de la falta de agua en sí, ocurrieron graves situaciones de conflicto y de desagregación en la sociedad culminando con la entrada de pelotones especiales de la policía y de las fuerzas armadas. Los efectos de la escasez del agua se propagan hasta la abertura de pozos artesanales en varias localidades. Sobre los impactos de todos estos pozos abiertos sabremos más sólo en el futuro.

La contaminación del agua inviabilizó la pesca de todas las comunidades ribereñas a lo largo del rio Doce. Todos tuvieron sus actividades interrumpidas. Pero, como ya lo mencionamos anteriormente, el lodo alcanzo áreas lejanas, llegó al mar e inviabilizó la pesca en el distrito de Regência y sus alrededores. Asociado a esto, otras actividades ligadas a la pesca, como la producción de redes, anzuelos, hielo o frigoríficos también fueron inviabilizadas.

El miedo se instauró en las comunidades. Los peces están almacenados, nadie quiere comprarlos. La falta de información, la exposición depredadora del tema en los medios de comunicación, el silencio de las autoridades, todo esto alimentó la forma de un estigma que comienza y se torna evidente. Muchas personas ya se quejan de que nadie quiere comprar verduras, legumbres o cualquier cosa mínimamente relacionada con el agua y que tenga su origen en esta región. Así, además de los cultivos que, de hecho, se perdieron, debido a que muchos ribereños dependen del agua del río para el riego, otros productores sintieron los impactos en la caída de sus ventas. 

Por lo menos tres playas de la región están vedadas en plena época de vacaciones de verano. El surf y otros deportes acuáticos fueron inviabilizados, pues el lodo afectó también el turismo propio de Regência (de pequeño porte y familiar). Además de esto, pequeños comerciantes sin condiciones de sustento se juntaron a un grupo de ribereños, sumándose a una ocupación del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), en una hacienda próxima a la región.

Los niños no pueden más jugar en el rio. En algunos lugares, tales como la comunidad de María Ortiz, el único lugar donde podían jugar era el rio, porque la vida que se vive en esta área es en un estrecho espacio entre los rieles del tren de la empresa minera Vale - que pasa cada diez minutos cargado de mineral de hierro a cielo abierto - y el rio Doce, ahora lleno de desechos. El mineral está por todos lados, no hay escape. La cómoda de la sala en la casa de una ribereña, que fue limpiada en la mañana, por la tarde ya está llena de polvo del mineral de nuevo y no hay agua ni disposición para limpiar tanta suciedad.

El peso de la tragedia recae más sobre las mujeres. Se han multiplicado desde entonces los relatos de violencia doméstica, muchos de ellos en función del aumento de los casos de alcoholismo entre los hombres. Además de esto, las violaciones de diversos derechos también fueron observados, como la represión violenta de la policía durante algunas protestas realizadas. Violencia y falta de respeto fueron las respuestas inmediatas que las personas del asentamiento Sezínio del Movimientos de los Sin Tierra, localizado en el municipio de Linhares, recibieron al revindicase, con una barricada en la carretera ES-245; además de esto la alcaldía construyó una barrera de contención ente el rio Doce y las lagunas que abastecen a las cien familias que viven en el asentamiento.

Si, en general, los impactos necesitan ser pensados de forma más amplia e involucrando la propia comunidad afectada, incluyendo la dimensión emocional, cultural y las dinámicas políticas preexistentes, es importante también observar cómo los afectados reaccionan, resisten y construyen políticamente sus movilizaciones.

Los afectados y la legitimidad de los actores

Los procesos de movilización de los afectados por grandes proyectos extractivos son siempre complejos. Para comprenderlos es necesario matizar el análisis y construir diferenciaciones que nos permitan entender tal complejidad. Podemos comprender, inicialmente, que en esos contextos existen los “afectados en sí” (no necesariamente movilizados o autoidentificados como tal), los “afectados movilizados” y los “movilizadores de afectados”.

La diversidad organizativa preexistente en los territorios afectados por el desastre es grande. Hay asociaciones civiles, pero, también, grupos que se identifican como comunidades tradicionales que se organizan a través de otras formas.  En el caso de los pescadores, por ejemplo, existen colonias, asociaciones, federaciones y movimientos autónomos. Es necesario, por lo tanto, expandir la mirada a los diversos actores y colectivos. Algunos grupos e individuos ya venían movilizándose en Espírito Santo y en Minas Gerais en torno al reconocimiento de los “afectados” por la minería, por el petróleo y por el gas. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de los territorios castigados, la mayor parte de las personas no se reivindicaban como “afectadas” antes de ese desastre.

En una situación de desastre abrupto, imprevisto, el reconocimiento como afectados lleva un tiempo para ser construido entre los sujetos, pues, esa nueva condición surge repentinamente y afecta de forma diferente a las personas, atravesando sus identificaciones preexistentes. El desastre no es por sí sólo una amalgama que reúne a las personas. Algunos tal vez ni perciban la magnitud en que están siendo afectados por estos desechos.

Teniendo en cuenta estos aspectos, es fundamental que los actores puedan actuar junto a los diversos grupos de afectados. No se puede subestimar la presencia de importantes movimientos sociales que vienen trabajando en esta temática desde hace mucho tiempo, como es el caso del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués) que surge formalmente en la década de 1980 para articular y organizar la defensa de las personas afectadas por las presas hidroeléctricas.

En el actual desastre, el MAB ha sido sistemáticamente impedido de participar y auxiliar a los afectados en reuniones con la empresa Samarco. Esto viene ocurriendo en los estados de Minas Gerais y Espírito Santo. Además de esto, la propia empresa Samarco viene reivindicando la prerrogativa de definir quiénes son los afectados. En una reunión realizada en diciembre del año 2015 en la comunidad ribereña de Mascarenhas en el Baixo Guandu en Espírito Santo, Samarco impidió la entrada de un integrante del MAB y de dos periodistas que lo acompañaban. En este episodio se repite una práctica común en la relación de las empresas mineras con las comunidades afectadas: ellas escogen algunos líderes y realizan negociaciones en reuniones a puertas cerradas.

Eliminar a los activistas de los procesos de negociación y de debate entre la empresa y los afectados es un error gravísimo (y una estrategia desleal), que desconsidera las formas a través de las cuales se constituyen los procesos de acción colectiva y cuyos efectos recaen evidentemente sobre el lado más débil. Reconocer la importancia de la participación de los actores movilizadores ya constituidos no significa disminuir la potencia política de los sujetos afectados en sus individualidades. Tal como lo sugiere James Scott, en su libro Domination and the Arts of Resistance, más allá del discurso público que explicita las relaciones de poder y torna los enfrentamientos visibles, existe un discurso oculto, una infra política de los subordinados que necesita ser considerada bajo la pena de creer que la dominación es simplemente aceptada por los subalternos.

La articulación entre una dimensión oculta y otra pública del discurso político necesita, entonces, de la participación junto a la multiplicidad de los actores ya construidos y en construcción para que las situaciones de injusticia ambiental generadas por la ruptura de la presa de desechos (en este caso) sean articuladas en discursos transformadores de las condiciones de vida de esos sujetos. Pues bien, todo lo que conocemos de las prácticas de las empresas del sector de la minería nos muestra que es exactamente esto lo que ellas buscan evitar.

Las estrategias de actuación de la empresa

Las formas de relación de la empresa con las comunidades suele generar fragmentación, en la medida en que se individualizan los contactos con la comunidad y se desconsidera la complejidad organizativa local, escogiendo algunos actores para relacionarse. La tesis defendida recientemente por Giffoni, ya una referencia en el tema, deja claro que la gestión de los riesgos sociales se basa en el mapeo de estrategias y de la neutralización de los actores sociales críticos a las empresas. La autora observa que son claras las intervenciones estratégicas que buscan cooptar líderes o utilizar conflictos sociales para producir desconfianza e inseguridad en las relaciones sociales locales. A partir de metodologías de identificación de los stakeholders, las empresas desarrollan proyectos en los que radiografían la movilización social con el objetivo explícito de disminuir los conflictos entre comunidad y empresa. 

Esas prácticas están amparadas en conceptos y evaluaciones tales como “riesgo social” y “riesgo político”. Estas ideas envuelven una serie de instituciones de mediación ligadas al mundo corporativo de la minería, y sirven para evaluar el riesgo de los negocios. A través de instrumentos como la “licencia social” y las inversiones en proyectos culturales que pueden ser revertidos en indicadores de la reputación de las empresas. Ya en la evaluación de “riesgo político” de los países se incluye en cuanto medida de “violencia política”, paros, tumultos, conmoción civil, sabotaje, terrorismo entre otros. O sea, procesos de contestación que entorpecen los negocios del sector de la minería.

En una comunidad ribereña visitada, oímos sobre un agente de salud que hace intermediación entre la empresa y la comunidad, seleccionando personas que supuestamente entrarían en programas de beneficio de la empresa. Madres relatan con indignación que algunos niños fueron registrados en una especie de censo en cuanto otros no: “él pide a la hija de él para salir con una planilla y va escogiendo los nombres de algunos niños”. Lo interesante es que nadie sabe para qué sirve este censo, pero el tono es de inconformidad, ellas suponen que están perdiendo algún tipo de beneficio.

En la distribución de agua también se instituye ese tipo de relación. Algunas personas recibieron agua, otras no. Algunas recibieron más, otras, menos. Es necesario tener en cuenta que en una situación de precariedad material cualquier cosa se puede transformar en un recurso en disputa. Este padrón de interacción genera rivalidad por recursos, resentimientos y desconfianza entre las personas. Ambiente que desfavorece la construcción de la acción colectiva y el surgimiento de organizaciones fuertes en los territorios afectados.

En la desembocadura del rio Doce, la empresa contrató muchos pescadores para tareas de contención del lodo y retirada de animales muertos. Un habitante nos contó que ellos salen a las 5 de la mañana y se quedan todo el día en las maquinas con las que trabajan en la desembocadura del rio, monitoreados por cámaras de vigilancia. Hay una ruptura de la rutina la cual ya no permite más los encuentros y conversas en espacios públicos habituales- espacios fundamentales para el intercambio de ideas, formar opinión y construir la acción colectiva. 

Así, las personas con las cuales conversamos tienden a hacer un relato peyorativo del propio carácter de los miembros de la comunidad. Entre los pescadores, en los diversos lugares por donde anduvimos, se comenta que el “pescador es desorganizado”. En una conversación con un grupo de mujeres ribereñas denunciaron que ahí en la comunidad cada uno trabaja para si mismo. El hecho de que los pescadores estén recibiendo dinero de la empresa, o trabajando para ella, no es bien visto entre algunos.

Hay, también, una asimetría inmensa entre los actores: de un lado una comunidad fragmentada, de otro, una empresa transnacional. En un contexto tan difícil es fundamental que grupos organizados que ya enfrentan situaciones similares de desastres, que conocen las estrategias de las empresas y que discuten en una amplia esfera pública temas como los de la minería de las represas, puedan actuar en conexión con los sujetos afectados. Eso sí, respetando sus singularidades locales y colaborando para que las medidas de reparación de los impactos sean colocadas en términos de derechos amplios que fueron violados por parte de la empresa y complejizando, además, las definiciones instituidas por las legislaciones existentes.

Por último, los movimientos sociales tienen, también, una importante contribución, en un sentido más amplio, en la superación de la invisibilidad de las injusticias sufridas por los afectados y en la articulación de la explicación política para esas situaciones. Ellos tienen el papel de introducir de forma contundente el tema de la minería y de otros grandes proyectos de desarrollo que están en las agendas políticas nacionales y global. Es el papel jugado por grupos tales como el Comité en defensa de los territorios frente a la minería y el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Es por el momento, el único camino, ya que los actores establecidos de la política son los que fomentan este modelo de desarrollo. Los movimientos sociales tienen, por tanto, el grande desafío de ganarse ampliamente la opinión pública, tratando de que el sujeto que vive en las áreas urbanas de los grandes centros y las clases medias perciban los impactos que la minería causa para las comunidades distantes, dependientes de una interacción con la naturaleza, del río, de los peces o de la pequeña producción agrícola.