Cada día nos desayunamos con nuevas pesadillas al leer los titulares sobre la catástrofe climática. Aún así, y dado que ésta es una parte inseparable de la actual fase Totentantz (o de danza de la muerte) del capitalismo, se hace difícil situarnos más allá de una visión apocalíptica muy publicitada, que sugiere que toda nuestra especie es responsable de lo que está ocurriendo y que, por lo tanto, nada podemos hacer al respecto.

En este asesinato de la imaginación política (y, por lo tanto, del futuro), estamos, en el mejor de los casos, envueltos de mentiras como la ecoimpostura y el lavado verde de las compañías petroleras y, probablemente, estamos demasiado desgastados para desgañitarnos de rabia ante el maldito cinismo que nos rodea.

Evidentemente, no está en la naturaleza del sistema neoliberal promocionar organizaciones que protejan los derechos humanos, pero las que tenemos podrían ser la mejor oportunidad a nuestro alcance. Ellas demuestran que, por imperfectas que sean, tenemos que hacer algo, precisamente porque los derechos humanos son universales, y son a la vez una reivindicación legítima. Tal vez deberíamos profundizar en las leyes y constituciones existentes para averiguar qué derechos están consagrados en ellas, y aprender cómo nuestros gobiernos, siervos aduladores de los dueños del capitalismo, nos los están quitando, para comenzar entonces a recuperarlos.

Para empezar, el artículo 10 de la Declaración de Derechos de la Constitución de New Hampshire (1784) dice: "La doctrina de la no resistencia contra el poder arbitrario y la opresión es absurda, servil y destructiva del bien y de la felicidad de la humanidad". Luego, la Grundgesetz, la Constitución de Alemania de 1949, reconoce en su artículo 20 (4) el "derecho a resistir a cualquier persona que intente abolir este orden constitucional".

Pero hemos llegado a este extremo. Estamos en una forma de fascismo casi total que ha llevado a todo el planeta al borde de la extinción. No existe “otro remedio", ni tampoco un esfuerzo institucional relevante para sirva para contrarrestar la erosión de los derechos constitucionales. Sin duda, una unión basada en la defensa de los principios de justicia tiene que ser más fuerte que el barniz de unidad derivado de la sumisión a la autoridad.

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos subraya que los seres humanos están dotados de "razón y conciencia". Si no defendemos los derechos humanos, "razón y conciencia" son palabras vacías. Pero también pueden ser nuestra fuerza, porque, como sabía Thomas Paine hace mucho tiempo, "está en nuestras manos volver a empezar el mundo".

Explotación criminal de la Amazonía

Podemos reclamar nuestros derechos, y los derechos de todos aquellos que no tienen voz para reclamarlos. Y también empezar a ocuparnos de los bandidos.

Algunos de los peores crímenes contemporáneos están ocurriendo en Brasil, perpetrados por los peores criminales (genocidas y ecocidas) del mundo. Con impunidad. Después de las dictaduras, se lograron algunos avances en la protección de la Amazonía y sus pueblos cuando la nueva Constitución brasileña de 1988 recogió los derechos indígenas, incluido el derecho a las tierras ancestrales.

Dado que gran parte de la Amazonía es territorio indígena y, gracias a la visión de los pueblos originarios de las relaciones inseparables entre la existencia humana y la natural, la soberanía indígena se convirtió en una parte esencial de la política medioambiental brasileña.

Los pueblos indígenas representan alrededor del 5% de la población mundial. Luchando por sus tierras ancestrales, también intentan proteger alrededor del 85% de la biodiversidad del planeta. En consecuencia, los crímenes de etnocidio y ecocidio están estrechamente relacionados. Y el auge de las formas fascistoides de poder debería indicarnos -si somos capaces de mirar con suficiente atención- que los derechos y el bienestar de cualquier persona dependen críticamente de los derechos y el bienestar de los demás.

Jair Mesías Bolsonaro ("sólo Dios me sacará del poder") es ampliamente conocido por sus opiniones sociópatas y sus intentos de ponerlas en práctica. Es tan dado a las declaraciones estrambóticas que tienden a centrar la atención en él y a distraer del hecho de que la pavorosa situación medioambiental y de derechos humanos de Brasil en la actualidad (y aquí, la gente que hurga en los cadáveres de animales para alimentarse, es solo un ejemplo) no es el producto de un individuo monstruoso, sino de todo un gobierno monstruoso formado por fuerzas y agentes políticos neoliberales que trabajan con poderosas organizaciones criminales a favor de sus intereses privados y corporativos.

Entre estos intereses destacan los que explotan la Amazonía. Para dar una idea de la enorme envergadura de la destrucción de la selva tropical, desde 1988 se han perdido casi un millón de kilómetros cuadrados, lo que equivale a un ritmo de 200.000 acres cada día. La selva, que fue un importante sumidero de carbono, emite ahora más carbono del que almacena. En otras palabras, agrava la crisis climática mundial en lugar de aliviarla. En Brasil, a pesar de todas las advertencias de los científicos sobre la extrema gravedad de la crisis climática, el ritmo de deforestación aumenta rápidamente, hasta el punto de que solo en julio de este año se deforestaron ya 2.095 km2, una superficie mayor que la ciudad de São Paolo.

No hace falta decir que los ataques a la selva tropical implican ataques sistemáticos a los pueblos indígenas de la Amazonía. Hay muchos informes sobre estos crímenes cometidos por el gobierno de Bolsonaro y sus secuaces (incluyendo el "lobby de la biblia, la bala y la carne", los milicianos, los mineros salvajes, y a través del "desarrollo de infraestructuras, el asesinato de líderes indígenas y los planes de "asimilación" para los pueblos indígenas, por ejemplo).

En 2016, unos 34.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña habían perdido su estatus de protección previo o habían visto reducidas las áreas protegidas, pero los peores ataques comenzaron después de 2016, cuando el gobierno de Bolsonaro radicalizó los crímenes que habían comenzado con Michel Temer, que usurpó la presidencia a Dilma Rousseff, en lo que el propio Temer admitió que había sido un "golpe".

Desde enero de 2019, el gobierno de Bolsonaro ha recortado los fondos para la aplicación de las estrictas leyes ambientales de Brasil. Los grupos indígenas están luchando por sus tierras y sus vidas y corren un gran peligro al hacerlo. El gobierno actual alienta a los acaparadores de tierras y a la corrupción medioambiental, lo que intensifica los asaltos a las comunidades indígenas. El acaparamiento ilegal de tierras ha provocado alrededor de la mitad de la deforestación de la región.

Deforestación sin freno y ecocidio

Al igual que otros observadores, el Dr. Paulo Moutinho, ecologista que trabaja en la Amazonía y cofundador del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), ha señalado que una gran proporción de la deforestación ilegal, la extracción de oro y el acaparamiento de tierras están directamente vinculados a la corrupción política. La corrupción de los gobiernos locales permite a las empresas o a los particulares utilizar documentación falsa para talar árboles ilegalmente en zonas protegidas.

En los primeros siete meses del gobierno de Bolsonaro, la deforestación de la Amazonía aumentó un 92% (en comparación con el mismo período de 2018). Los datos satelitales muestran que la temporada de incendios en la Amazonía de 2021 podría ser peor que las terribles oleadas de incendios de 2019 y 2020.

Como han demostrado muchos informes, el gobierno de Bolsonaro y sus difusores de noticias falsas y teóricos de la conspiración (el llamado gabinete do ódio), avivaron literalmente las llamas, afirmando que las ONG habían iniciado los incendios como parte de un complot orquestado internacionalmente (por Emmanuel Macron y el Papa Francisco, entre otros), en mensajes diseñados para azuzar el apoyo ultranacionalista a la deforestación y el agronegocio.

Desde la campaña electoral hasta la actualidad, Bolsonaro y su gobierno han recurrido sistemáticamente a la mentira concertada en sus comunicaciones públicas, hasta el punto de desplegar tácticas de "política sanitaria" etnocida en la Amazonía.

Pero todos estos ataques no significan que los indígenas brasileños no sigan arriesgando sus vidas para defender su tierra, y una de las estrategias es apelar a la ley. En 2012, el pueblo Munduruku demandó para detener la construcción de megapresas y vías fluviales en el valle del río Tapajós. Los fiscales federales se presentaron en apoyo de los Munduruku y pidieron la suspensión de la licencia ambiental de la mayor represa. Todo el plan de infraestructuras fue suspendido, conservando así el 7% de la cuenca amazónica.

La Constitución ha sido la principal herramienta de los grupos indígenas para luchar a nivel nacional contra las violaciones de sus derechos, ya que garantiza un "medio ambiente equilibrado" y un mandato para que el gobierno demarque, identifique y reserve todos los territorios indígenas, gracias a lo cual se demarcó alrededor del 40% de los más de 1.200 territorios indígenas de Brasil. Pero los avances se revirtieron cuando Bolsonaro asumió la presidencia.

Los caciques indígenas han vinculado los asesinatos de los defensores de la tierra indígena a una "política de Estado" implementada por el gobierno de Bolsonaro para "saquear las riquezas de la Amazonía" y han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre si estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad. El enjuiciamiento de Bolsonaro y los miembros de su camarilla es imposible en Brasil porque la única persona que puede investigar es el fiscal jefe, un incondicional de Bolsonaro, y la CPI ejerce su jurisdicción siempre y cuando las naciones no lo hagan por sí mismas.

La destrucción del Amazonas por parte del gobierno de Bolsonaro y la amenaza que supone el cambio climático han provocado que se pida la designación de un nuevo crimen internacional llamado "ecocidio". Las acciones del gobierno de Bolsonaro en el Amazonas se citan como un ejemplo de ecocidio en tiempo real. Los partidarios de la campaña esperan que al menos uno de los 123 países miembros de la corte inicie un proceso formal para enmendar el tratado fundacional de la corte, el Estatuto de Roma, solicitando formalmente que el ecocidio se añada como el quinto crimen perseguible de la corte.

A efectos del Estatuto, el "ecocidio" se define como "los actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que esos actos causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente". Sin embargo, hay algunos problemas importantes que hay que superar.

El primero es la voluntad política. Cualquier cambio en el mandato de la CPI debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de los Estados miembros. Pero el ecocidio está íntimamente ligado a la expansión capitalista y a la relación entre los poderosos y el mundo natural. De hecho, la mayoría de los gobiernos, en nombre del progreso, fomentan una u otra forma de destrucción del medio ambiente a gran escala, por lo que gran parte del daño causado es "legal", lo que expresa un compromiso con el capitalismo y el consumismo.

Además, tres pesos pesados de la geopolítica, Estados Unidos, China y Rusia, no son miembros de la CPI. Sin embargo, la estructura actual del tribunal permite el enjuiciamiento de personas de Estados no ratificantes, ya que la CPI es un tribunal de última instancia y se puede aplicar el principio de jurisdicción universal, siempre que exista realmente un delito. Los crímenes existen y todo el mundo siente ahora sus efectos.

El reconocimiento de un delito global de ecocidio podría servir de base a las leyes nacionales de los países (y grupos) que se comprometen a luchar contra el cambio climático. Estos cambios podrían conducir eventualmente a un tribunal internacional de medio ambiente independiente. El ecocidio podría ser un primer paso hacia una nueva forma de entender la naturaleza y de coexistir con ella.

Denuncias ante la Corte Penal Internacional

Hasta ahora, la jurisdicción de la CPI se limita al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, aunque la destrucción del medio ambiente en tiempos de conflicto se considera un crimen de guerra dentro de la jurisdicción del tribunal. En 2016, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, dirigida por Fatou Bensouda, publicó un documento político en el que se insta a priorizar e investigar los casos de daños medioambientales, explotación ilegal de recursos naturales y despojo criminal de tierras, cometidos en el contexto de los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esto abrió el camino para que casos como el de Bolsonaro sean llevados ante la CPI.

Además, la Fiscalía acordó dar una consideración "particular" a dichos crímenes. Se espera que Karim Asad Ahmad Khan, el nuevo fiscal de la Corte, pueda autorizar una investigación relacionada con la destrucción del medio ambiente, ya que los crímenes de lesa humanidad del gobierno de Bolsonaro -asesinatos y desplazamiento forzado de grupos indígenas- están inextricablemente vinculados con la deforestación de la Amazonía. En otras palabras, la deforestación se asocia ahora con los crímenes de lesa humanidad, definidos legalmente como ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, con conocimiento de los ataques.

En teoría, el tribunal representa el avance del Estado de Derecho, donde ningún individuo es demasiado poderoso, o está por encima de la ley, y ninguna víctima está por debajo de la ley o es impotente para acceder a la justicia. El tribunal se ve como un foro en el que las víctimas pueden ser escuchadas, reconocidas y en el que pueden buscar reparación. Por desgracia, el proceso para incluir el ecocidio en la lista de delitos internacionales podría llevar años y, si tiene éxito, la ley de ecocidio resultante no se aplicará de forma retroactiva, por lo que es poco probable que Bolsonaro o sus socios en el crimen puedan ser acusados de ecocidio por cualquier acto que hayan realizado hasta la fecha en que la ley entre en vigor.

Sin embargo, si la CPI adoptara el ecocidio como un crimen dentro de su jurisdicción o asumiera un caso como el de Bolsonaro y su gobierno, la mera perspectiva de una acción judicial o de un crimen internacional inminente debería tener un efecto disuasorio para las empresas contaminantes, las instituciones financieras y los políticos como Bolsonaro. También animaría a más ciudadanos y grupos a reclamar los derechos humanos que se nos han prometido y a tomar medidas para acabar con la impunidad de los criminales que están destruyendo el planeta.

Los delitos que el tribunal prohíbe son una afrenta a la humanidad en general y, si el daño ambiental del gobierno de Bolsonaro se tratara como ecocidio, él y sus cómplices quedarían permanentemente asociados -formalmente- con el máximo acto de maldad, el crimen contra la humanidad.

En enero de 2021, dos líderes indígenas, Almir Narayamoga Suruí y Raoni Metuktire, presentaron una comunicación en virtud del artículo 15, un documento legal en el que se pide al fiscal que abra una investigación. Consideran que la CPI es su última y mejor esperanza. La solicitud de 68 páginas detallaba las políticas ambientales e indígenas del gobierno de Bolsonaro, los daños ecológicos y los asesinatos, desplazamientos forzados y persecuciones llevados a cabo contra la población indígena de Brasil.

Cincuenta años después del Figuereido, un Informe de 7.000 páginas, que documenta horrendos crímenes contra los pueblos indígenas de Brasil (y que ahora parece "perdido"), Suruí y Metuktire descubrieron que el sistema de justicia se negó a llevar a cabo una investigación significativa. Describen las acciones promovidas por el gobierno como crímenes contra la humanidad, que es uno de los delitos de la jurisdicción de la CPI. También argumentan que una mayor destrucción de la Amazonía supone una amenaza para la humanidad. Esta es la tercera vez en dos años que los grupos indígenas acusan a Bolsonaro de cometer crímenes internacionales con sus acciones contra los pueblos indígenas y las políticas medioambientales.

Otra Comunicación del Artículo 15 (noviembre de 2019) presentada por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos de Brasil (CADHu) y la Comisión ARNS pidió al fiscal que "establezca una interpretación innovadora" de la ley para reconocer que los modos de vida indígenas dependen de vínculos específicos entre la vida humana y la no humana, al tiempo que señalaba que las acciones del gobierno de Bolsonaro equivalen a un genocidio, o a ciertos actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

El documento enumeró treinta y tres hechos que demuestran que, con el pretexto de generar el "desarrollo" de la región amazónica, el gobierno de Bolsonaro convirtió los ataques a sus habitantes indígenas y a sus tierras en una política oficial intencionada que pretende violar los derechos de esta población. A la luz de la crisis climática y del papel crucial, y ahora perdido, de la Amazonia en el almacenamiento de carbono, las políticas que causan un daño ecológico masivo son efectivamente un ataque a los individuos de las áreas afectadas y al resto de la humanidad.

Por el momento, la única forma en que la corte puede responsabilizar al gobierno de Bolsonaro es si ha cometido actos que caigan dentro de uno de los cuatro crímenes existentes en la corte. Los cargos presentados hasta ahora contra él alegan que lo ha hecho. ¿Sería posible organizar una avalancha de comunicaciones del artículo 15 desde Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, porque se trata de una amenaza global?

La demanda colectiva es otra forma de proceder a un litigio a gran escala en los casos en que los demandantes individuales, especialmente en los casos de derechos humanos, son pobres y marginados con poco o ningún acceso a un sistema jurídico justo en sus propios países. Los litigios colectivos pueden presentarse en tres instituciones internacionales: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ofrece un foro para los individuos que han sido víctimas de los agentes estatales. En teoría, los individuos más humildes pueden presentar reclamaciones directamente ante estas instituciones, un derecho de acción individual que es poco frecuente en el derecho internacional porque la mayoría de las instituciones internacionales limitan el derecho de petición a los actores estatales. No obstante, tienen autoridad para examinar el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones derivadas de los tratados y emitir conclusiones sobre el cumplimiento o el incumplimiento.

La pregunta ahora es, ¿podemos "nosotros, el pueblo" despertar a lo que la Constitución de New Hampshire decía hace 237 años, que "la no resistencia ... es absurda, servil y destructiva del bien y de la felicidad de la humanidad", y no sólo eso, sino destructiva para todo el planeta?

Hay que protestar, resistir, luchar, organizarse para exigir los derechos teóricamente universales del ser humano, y denunciar a los criminales y sus crímenes con todos los mecanismos legales nacionales e internacionales de que disponemos, y, especialmente en el caso de la Amazonia, aportando como prueba toda la ciencia relativa a las relaciones simbióticas entre el ser humano y la naturaleza.

Casi un cuarto de milenio después de Tom Paine, David Graeber también sabía lo que todos deberíamos saber, aunque no sea exactamente una verdad que se enseñe en las escuelas: "La última verdad oculta del mundo es que es algo que nosotros hacemos, y que podríamos hacer de otra manera".

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Una versión en Inglés de este artículo se puede leer en counterpunch.org