La polarización define el escenario político de Bolivia en los últimos años. La situación adquirió una nueva dimensión la madrugada del 13 de marzo, cuando la expresidenta Jeanine Áñez fue detenida por su rol en lo que muchos califican de golpe de Estado en noviembre de 2019, cuando un controvertido proceso electoral resultó en la renuncia forzosa y exilio del ex presidente Evo Morales.

Áñez y otros miembros de su gobierno interino fueron acusados de terrorismo, conspiración y sedición. Ya el domingo 14 de marzo, la jueza Regina Santa Cruz la condenó a cuatro meses de prisión preventiva.

La reacción a estos hechos fue inmediata. Un poco antes de las 3 de la madrugada, Áñez se pronunció a través de su cuenta de Twitter, pidiendo que el mundo volteara su atención a los acontecimientos.

“Denuncio, ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar”, escribió la ex mandataria. “Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los [bolivianos],” concluyó.

En otro tuit, Áñez acusó al Movimiento al Socialismo (MAS), partido del actual presidente Luis Arce y de Morales, de “volver a los estilos de la dictadura”.

Los mensajes de Áñez tienen un claro carácter político, una vez que intenta explorar la polarización que ha dividido a Bolivia desde las elecciones de 2019 que pusieron fin a los 13 años de poder de Morales y su partido.

Un país dividido

Los campos que acusan a la derecha de orquestar un golpe de Estado y a Morales de amañar las elecciones para conquistar un cuatro mandato, son igualmente fuertes.

Independientemente de cuál haya sido el verdadero resultado de las elecciones del 2019, el acuerdo fue repetirlas cuanto antes, y en octubre de 2020 los bolivianos reforzaron su apoyo a Morales y al MAS. Entonces, Arce ganó la disputa electoral en la primera vuelta con más de 3.3 millones de votos, frente a 1.7 millones de Carlos Mesa y a 862.000 de Luis Fernando Camacho, demostrando que el apoyo popular a la coalición de izquierda en el país es muy grande.

Aún así, miles de personas tomaron las calles de diferentes ciudades de Bolivia el lunes 15 de marzo, para protestar por la detención de la ex mandataria, enarbolando pancartas con mensajes como: “No fue golpe, fue fraude”.

Entre los que apoyan a Áñez, se encuentra el ultraderechista Camacho – que fue elegido gobernador de Santa Cruz con más de 55% de los votos la semana pasada y que fue su aliado en la maniobra que forzó la renuncia de Morales en el 2019 y la llevó al poder – y la Organización de Estados Americanos (OEA), que se manifestó en su favor a través de su cuenta de Twitter.

“El Instituto CASLA hace un llamado al gobierno de Luis Arce para que cese la persecución, acoso e intimidación contra ciudadanos que están siendo perseguidos y judicializados sin garantías constitucionales, violando el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa”, dice el comunicado.

Sin embargo, la OEA es duramente criticada en muchos frentes por su rol en las elecciones del 2019. A través de un informe, días después de las elecciones, la organización declaró que Morales había cometido “manipulación dolosa”, una conclusión que el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) evalúa que fue basada en una “muestra altamente sesgada”.

El posicionamiento actual de la OEA es interpretado por muchos como la implementación de su agenda de derecha para América Latina.

La politización del judicial

Por otro lado, las acciones de Arce y de su administración profundizan la creciente instrumentalización política del poder judicial. En septiembre de 2020, Humans Rights Watch acusó a Áñez de usar el sistema judicial de Bolivia para llevar a cabo su agenda política.

Durante su mandato, el gobierno de Áñez presionó públicamente a fiscales y jueces para que actuaran en pos de sus intereses, según la organización. Durante su administración, fueron investigadas más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales y sus simpatizantes, acusadas de sedición y/o terrorismo.

Morales, a su vez, ya era conocido por contar con el apoyo del poder judicial al presentar cargos contra rivales en casos que demostraban clara motivación política, como expuso el mismo reporte de Human Rights Watch.

Al acusarla de los mismos cargos atribuidos por el gobierno de Áñez, Arce da indicaciones de optar por el mismo camino, aunque afirmó, tras ganar las elecciones, que no quería “venganza”.

“Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que se haya cometido delito de terrorismo”, dijo José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de la división de las Americas de Human Rights Watch, en un tuit, agregando que “generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”.

Vivanco también compartió un artículo en inglés del Americas Quarterly titulado “Las promesas incumplidas de Luis Arce en Bolivia”, haciendo explícito su posicionamiento con relación al presidente boliviano.

Cuando ganó las elecciones en octubre, Arce prometió reconstruir el país en unión y recuperar la paz. Pero su última maniobra sugiere que está yendo en la dirección opuesta. La negativa reacción internacional debe ser lo suficientemente fuerte para disuadir al mandatario de incurrir en los mismos errores de sus antecesores, y de terminar por sepultar el poder judicial de Bolivia y abrir paso al autoritarismo.