Después de prácticamente un año, Bolivia retornará a la normalidad institucional este fin de semana. El domingo 18 de octubre, los bolivianos acudirán a las urnas en lo que será una repetición retrasada de la votación del 2019, una elección tensa, plagada de acusaciones de fraude, en las que un informe de la OEA hizo que se declararán nulas. Esto desató un período de turbulencia política y protestas muy violentas.

Los bolivianos probablemente tendrán como presidente salido de las urnas a una figura ya conocida en la política del país. Los dos favoritos son el exministro Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), y el expresidente Carlos Mesa, candidato por la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), que se enfrentó al expresidente Evo Morales y fundador del MAS el año pasado.

Los sondeos más recientes anticipan una segunda vuelta, mostrando a Arce con el 42,2% y Mesa con el 33,1%. Arce tendría que ganar el domingo con por lo menos 10 puntos porcentuales de diferencia u obtener el 50% más un voto para llevarse la elección en la primera vuelta, como dicta la Constitución y la ley electoral boliviana.

Independientemente de quien gane, Bolivia ya entró en un círculo vicioso al que los latinoamericanos estamos más que acostumbrados: un presidente popular acaba yéndose sin haber sido capaz de crear estructuras para dar seguimiento a su proyecto, y abre las puertas a la polarización entre personas y no al contraste entre programas de gobierno.

Las elecciones de 2019 se deparan con la pandemia

Cuando Morales se vió forzado a dimitir– en un evento traumático que muchos consideran un golpe –, los bolivianos sabían que tendrían un momento difícil por delante, pero seguramente no calcularon la dimensión del problema.

Durante todo el 2020, Bolivia enfrentó la incertidumbre política en medio a una pandemia global que castigó a América Latina como a ninguna otra región del planeta.

Tras la dimisión de Morales, actualmente exilado en Argentina, Jeanine Áñez – personaje controvertido en el escenario político del país – asumió la presidencia interina el 12 de noviembre a través de los mecanismos de sucesión de Bolivia.

Áñez promulgó la ley llamando a elecciones e inicialmente concretó la convocatoria para el 3 de mayo. Pero ya en febrero, la Covid-19 impuso una barrera más a las elecciones, y fue usada como argumento para que fueran prorrogadas una y otra vez, siempre buscando el mejor momento para la candidatura oficialista, hasta que se fijó el 18 de octubre como fecha final.

Los candidatos

Mesa gobernó Bolivia entre 2003 y 2005, cuando asumió constitucionalmente la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció tras la ola de protestas que surgió durante la Guerra del Gas. La gente volvió a las calles en 2005 para acusar a Mesa de inclinarse ante los intereses corporativos de los Estados Unidos y él mismo se vio obligado a renunciar en junio de 2005.

Luis Arce también es un político conocido por los bolivianos. Como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales, Arce es conocido como el hombre que estuvo detrás del llamado milagro económico de Bolivia.

Ese “milagro” se refiere al crecimiento anual del casi 5% que vivió el país a partir de la nacionalización de los hidrocarburos de 2006, que coincidió con un boom sin precedentes de los precios del petróleo en todo el mundo. Durante los gobiernos de Morales, la pobreza extrema cayó del 38,2% en 2005 al 17,1% en 2018.

Pero además de los dos favoritos, hay un tercer candidato que viene llamando la atención. El ultraderechista y exlíder cívico Luis Fernando Camacho – que ha sido llamado el ‘Bolsonaro boliviano’ – alcanzaría casi el 17% de los votos, según la misma encuesta.

Ha habido presión para que baje su candidatura (como ya hizo Jeanine Áñez) para no dispersar el voto conservador y evitar el retorno del partido de Morales al poder. Pero los apoyadores de Camacho argumentan que es el único candidato capaz de evitar el retorno de Morales al poder, ya que Mesa y el MAS pueden aliarse en el futuro.

El fantasma de Evo Morales

Durante los muchos meses de incertidumbre y tensión política de 2020, Morales, impulsado por el MAS, entró en una batalla judicial para postularse a un cargo electivo. El 4 de febrero, los partidos inscribieron las listas de sus candidatos ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en las del MAS Morales figuraba como candidato a senador por Cochabamba.

El TSE inhabilitó su postulación luego de que opositores de Morales impugnaran la inscripción, argumentando que el expresidente no cumplía con el requisito de dos años de residencia permanente en la ciudad establecido por el artículo 149 de la Constitución.

La batalla jurídica llegó hasta el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que en septiembre rechazó un amparo constitucional presentado por el MAS.

Mientras sucede todo esto, Human Rights Watch acusó a Áñez de perseguir al expresidente, usando el sistema jurídico como arma política. “Su gobierno ha presionado públicamente a fiscales y jueces para que actúen en defensa de sus intereses, lo que ha llevado a investigaciones penales de más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales y simpatizantes de Morales por sedición y / o terrorismo”, afirma el reporte.

Morales fue también acusado de pederastia a raíz de una supuesta relación con una menor de 14 años, un asunto aún por demostrar pero que ha causado un daño indudable al ex líder indígena boliviano.

¿El resultado? Polarización extrema, una palabra ya muy familiar en América Latina.

Un final anunciado

Desde el desastre electoral de 2019, Bolivia se ha fracturado fuertemente. El país está dividido principalmente por líneas étnicas (indígenas frente a mestizos), regionales (rural frente a urbano) y socioeconómicas (acomodados frente a pobres). Pero, por un lado – y esto se extiende a nivel regional y hasta mundial – están quienes admiran a Morales por darle voz a grupos históricamente pobres y marginados y avanzar con una Constitución que declaró al país como una república plurinacional; y, por otro, quienes lo ven como un político demagogo, hambriento de poder que se tornó cada vez más corrupto y autoritario durante sus 14 años en el gobierno.

A su vez, el gobierno interino que lo reemplazó, liderado por Áñez, una política ultra-conservadora conocida por sus declaraciones racistas y que accedió a la presidencia biblia en mano, también ha sido acusado de socavar las instituciones democráticas de Bolivia, incluido el poder judicial, como ya mencionado; tensiones que han aumentado la brecha entre los dos campos políticos.

Aunque decepcionante, el panorama es previsible. Morales – y con él Bolivia – cayó en la misma espiral que sus compañeros de la Marea Rosa, que insistieron en la política del hombre fuerte, del líder carismático, y no demostraron capacidad ni interés en dar continuidad a su proyecto.

En vez de crear un frente coherente e impulsar reformas estructurales capaces de garantizar el futuro de sus políticas, Morales optó por ir en contra de la Constitución (y del deseo popular, puesto que convocó un referéndum que le garantizase la continuidad en el poder y lo perdió) y acabó postulándose para un cuarto mandato.

El resultado en Bolivia va en camino a ser más de lo mismo. Basta mirar hacia sus vecinos – Brasil, Argentina, Ecuador, Venezuela, entre otros – para anticipar de qué manera podría terminar este capítulo de la historia boliviana.